Último intento de Blanco por evitar el suplicatorio

La defensa del exministro socialista José Blanco considera una "completa fantasía" la imputación a su cliente de un delito de tráfico de influencias relacionado con posibles gestiones para la obtención por la empresa Azkar de una licencia para instalar un almacén próximo al aeropuerto de El Prat, en el término de Sant Boi de Llobregat (Barcelona).

En el escrito de alegaciones que ha presentado este jueves ante el instructor de la causa en el Tribunal Supremo, José Ramón Soriano, al que ha tenido acceso Europa Press, el abogado Gonzalo Martínez Fresneda solicita el archivo de la causa por inexistencia de los delitos de tráfico de influencias y de prevaricación que le atribuye la Fiscalía, que el pasado 12 de marzo instó la tramitación de suplicatorio al Congreso para poder proceder contra el mandatario socialista.

El letrado vuelve a insistir, como en anteriores escritos, en la existencia de irregularidades cometidas durante la instrucción de este asunto por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Fiscalía, que según esta parte ha realizado informes al margen de las instrucciones del magistrado Soriano.

Sobre supuesto tráfico de influencias que se le imputa, la defensa ressalta que "lo único que hizo José Blanco" fue comentarle el asunto exsecretario de Estado Isaías Táboas para ver si el alcalde de Sant Boi podia recibir al vicepresidente de Azkar, José Antonio Orozco.

"No hizo nada más, ni habló con el alcalde, ni contacto con él de ninguna forma, ni mucho menos le influyó ni le presionó ni le coación, ni se prevalió de ninguna relación de superioridad ni de amistad ni de ningún tipo para que hiciera nada en absoluto", subraya.

Añade la defensa en su escrito que el exministro del PSOE no conoce al alcalde de Sant Boi, Jaume Bosch, "ni le ha visto en su vida", y que por ello advertir que incurrió en tráfico de influencias "es una completa fantasía". "La solvencia jurídica de la pretensión de la Fiscalía equivale a cero", subraya en otro punto del escrito.

Continuando el relato de lo ocurrido, la defensa pone el acento en que Táboas se limitó a comentarle a Jaume Bosch, a quien no conocía personalmente, la posibilidad de que recibiera a Orozco, pero ni siquiera mencionó a Blanco en su conversación con el alcalde. José Blanco no fue informado del tenor de aquella llamada; nunca habló con el alcalde y se despreocupó del tema".

Sobre el asunto de Sant Boi, el escrito de la Fiscalía concreta que la petición de influencia se concretó el 15 de diciembre de 2010, y que el cumplimiento de los requerimientos municipales le habrían supuesto a Azkar un coste económico de 175.000 o de 500.000 euros. Las gestiones de Blanco, de las que la Fiscalía considera que hay indicios suficientes según las conversaciones telefónicas y mensajes SMS aportados a la causa, sirvieron, por un lado, para que se cambiara la nomenclatura formal de la actividad para la que se solicitaba la licencia sin variar su objeto, de forma que con ello Azkar ya no tendría que hacer frente a los costes económicos derivados del cumplimiento de los requerimientos municipales anteriores y, por otro lado, se excluyó de la licencia la autorización del parking.

El informe fiscal también apunta que, una vez allanados los obstáculos que impedían la concesión de la licencia ambiental, Orozco también llamó a Blanco en febrero de 2011 "para que actuara en su propio Ministerio con objeto de que se dictara por parte de AENA Y AESA las resoluciones favorables que le permitieran obtener la licencia de obra mayor que tenía solicitada ante el mismo Ayuntamiento". Los permisos se obtuvieron un mes después.