"Los bancos inundaron en 2009 los hogares españoles con 13.552 millones en preferentes"

Los bancos y cajas españoles, "con el beneplácito del Banco de España y de la Comisión Nacional del Mercado de Valores", 'inundaron' en el año 2009 los hogares españoles con participaciones preferentes por importe de 13.552 millones de euros, comprometiendo así los ahorros de miles de clientes minoristas pese a la tormenta financiera y al contexto de incertidumbre máxima en los mercados. El motivo: cubrirse las espaldas ante las crecientes exigencias de recapitalización derivadas de la crisis. 

Es la denuncia central del abogado Juan Manuel Moreno-Luque, y de su asociación, Activa Preferentes, formada por 300 afectados, que se han querellado conjuntamente contra 40 entidades de ahorro y 45 de sus directivos, por delitos de estafa, publicidad engañosa, delito societario, maquinación para alterar el precio de las cosas y uso de información privilegiada.

La novedad de esta acción judicial es que se dirige por la vía penal y de forma global contra todas las entidades que emitieron las preferentes, y también contra grandes empresas como Telefónica o Repsol-YPF, participadas por esos bancos y cajas. Entre los querellados están las principales entidades financieras del país, como Banco Santander, BBVA, Popular, o Sabadell, y la práctica totalidad de las cajas de ahorros.

La querella penal ha recaido en el juez Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, que debe decidir ahora sobre su admisión a trámite. Es el mismo magistrado que en julio del año pasado aceptó investigar graves delitos en la gestión de la crisis de Bankia, y tiene imputado por ello al expresidente de la entidad, Rodrigo Rato, y a otros 32 exconsejeros de la entidad y su matriz, BFA.

Moreno-Luque, antiguo directivo de banca, es un experto conocedor de la mecánica de funcionamiento interno de las entidades y de productos como los fondos de inversión, a lo que une experiencia en la reclamación judicial contra la banca. De hecho, con otra asociación, fue el querellante contra el Banco Santander por el caso de Banif Inmobiliario, el mayor fondo de España en ese campo. Tras su acción, la entidad levantó el bloqueo de los fondos que impuso en febrero de 2009 y reembolsó 2.325 millones de euros a los partícipes que lo solicitaron.

Moreno-Luque quiere desterrar la idea falsa en relación a las preferentes de que debe resolverse "caso por caso". En su opinión, cuando enfrente tienes a toda la banca española, debe actuarse de forma conjunta, ya que se requieren medios potentes y costosos. La base de sus reclamaciones son los informes periciales, que en el caso de las preferentes han encargado a Prosper Lamothe y Miguel Pérez Somalo, que han elaborado el dictamen que acompaña a la querella.

En declaraciones a Público, Moreno-Luque subraya como segunda gran mentira que rodea a las participaciones preferentes la de que ofrecían una gran rentabilidad. El letrado asegura, por contra, que las preferentes nunca tuvieron mejor remuneración que la deuda pública. 

Moreno-Luque explica gráficamente que, el problema de las preferentes en España sería comparable a que, en la tragedia del 11-S, se estuvieran reconociendo indemnizaciones a las víctimas pero negando, al mismo tiempo, que las dos torres gemelas fueron abatidas en un ataque terrorista.

En su opinión, la solución debe partir de admitir la verdad, es decir, que a los bancos y cajas, "como no tenían un duro y necesitaban fortalecer su solvencia", no se les ocurrió nada mejor que emitir 13.500 millones de euros de preferentes y venderlas a clientes minoristas que no tenían conocimientos para entender uno de los productos más complejos del mercado. "Y es que se trata de un engaño desde el nombre, ya que no es una participación preferente sino ultrasubordinada", expone el abogado.

La querella da especial relevancia a la emisión masiva de preferentes en el año 2009, cuando ningún otro país de nuestro entorno lo hizo, y su destino a los clientes minoristas, no cualificados para entender un producto tan complejo, y a quienes se vendió como si fuesen activos de renta fija.

Ese año, los bancos emitieron 13.552,95 millones de euros en preferentes,  más de la mitad de los cuales fueron colocados por cinco entidades: Cajamadrid (3.000 millones de euros), La Caixa (2.000 millones), Santander (2.000 millones), BBVA (1.000), y la CAM (850 millones).

Según explica Moreno-Luque, si se tiene en cuenta que todas las entidades denunciadas tenían 24.000 sucursales bancarias, supone que cada oficina colocó a sus clientes minoristas una media de 560.000 euros.

La asociación Activa Preferentes cobra una cuota única correspondiente al 3% de la cuantía de la respectiva participación preferente, sobre la cual no piden cantidades adicionales para pleitos u otros gastos.Tienen la intención de llegar hasta el final con su reclamación judicial, es decir, hasta el Tribunal Constitucional si fuese necesario.

Aparte de la querella en la Audiencia Nacional, la asociación tiene planteados recursos contencioso-administrativos contra la decisión del FROB sobre las quitas y canjes de las preferentes y deuda subordinada en las entidades nacionalizadas. Y también una denuncia ante el Tribunal Europeo de Luxemburgo contra las decisiones al respecto del Consejo Europeo incluidas en el memorando de entendimiento de julio de 2012.

Moreno-Luque recuerda que, del total de participaciones preferentes, un 84,6% se colocaron a clientes minoristas no cualificados, y sólo el resto a clientes institucionales. Añade que se vendieron a precios totalmente fuera del mercado --pese a que los bancos los conseguían en los mercados con el 70% de descuento--, y no lo advertían al cliente.

De acuerdo al abogado de los querellantes, los inversores fueron engañados por una información que ocultaba la valoración, complejidad e indefinición de estos instrumentos financieros, que incluso para los expertos eran ininteligibles.

En relación a los arbitrajes que han propuesto algunas entidades a los clientes con preferentes, Moreno-Luque los desaconseja: "Es como si te roban el coche y te llama la Policía a decirte que, si estás dispuesto a recuperarlo, van a seleccionar a un árbitro, que es el auditor del ladrón, que será quien establezca las condiciones".