El Tribunal Supremo (TS) ha desestimado por completo los argumentos que había presentado la Junta de Extremadura y la comunidad de propietarios de Marina Isla de Valdecañas para evitar la demolición de la urbanización ilegal. De esta manera, el Supremo vuelve a dar la razón a la organización Ecologistas en Acción como ya lo hizo el pasado 8 de febrero.

En un comunicado de prensa emitido por el grupo ecologista señalan que las tesis defendidas con la Junta de Extremadura se basaban en "la supuesta incompatibilidad de algunos jueces de la sala y en la vulneración de derechos fundamentales, como el de libertad de residencia". En el auto presentado por el TS se señala "una y otra vez la ilegalidad de la urbanización y la negligente actuación del Gobierno extremeño".

Además, el auto indica que no puede valer como argumento los supuestos beneficios socioeconómicos frente al cumplimiento de la legalidad en materia medioambiental y urbanística. De ocurrir lo contrario, se produciría una situación "de arbitrariedad, política de hechos consumados y de utilización de todo tipo de argucias para justificar actuaciones ilegales".

De igual manera, el Supremo también ha rechazado los argumentos que afirman que demoler Valdecañas puede causar más problemas medioambientales. "La urbanización implica siempre una grave alteración y supone una reducción de facto de la superficie protegida", se dice en el autor y, por lo tanto, "no cabe prever la transformación urbanística". Un espacio protegido incluido en la Red Natura 2000 no puede sufrir una transformación urbanística "justamente para preservar sus valores ecológicos".

Ecologistas en Acción ha instado a la Junta de Extremadura a "que cumpla de una vez la ley, ofrezca explicaciones y asuma responsabilidades políticas por su nefasta actuación en todo este asunto".