El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) fallará mañana martes sobre si Google debe retirar los enlaces a informaciones publicadas que un ciudadano considere que le perjudican, el llamado 'derecho al olvido', que defiende España.

El origen del proceso en la Corte de Luxemburgo está en la denuncia de un ciudadano, Mario Costeja, que pidió a Google la retirada de un anuncio de subasta por un impago contra él y su mujer ocurrido hace 15 años.

El litigio enfrenta a la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) y a Google sobre el conocido como 'derecho al olvido'.

El afectado denunció que en 1998 un periódico español de gran tirada publicó en su edición impresa, que luego se digitalizó, dos anuncios relativos a una subasta de inmuebles relacionada con un embargo derivado de deudas a la Seguridad Social.

El origen del proceso en la Corte de Luxemburgo está en la denuncia de un ciudadano, Mario Costeja

En noviembre de 2009, esta persona contactó con la editorial del periódico y explicó que al introducir su nombre y apellidos en el motor de búsqueda de Google, aparecía una referencia que enlazaba con las páginas del periódico que incluían los anuncios.

El afectado alegó que el embargo estaba solucionado y resuelto desde hacía años y que carecía de relevancia en aquel momento.

La editorial le respondió que no procedía la cancelación de sus datos y remitió un escrito a Google España para pedir que desvinculase su nombre de los enlaces al periódico, pero la compañía le remitió a Google por entender que ésta era la empresa que presta el servicio de búsqueda en internet.

El pasado 25 de junio, el abogado general del TJUE, Niilo Jääskinen, consideró en una decisión no vinculante que Google no es responsable de los datos personales incluidos en las páginas web a las que remite su servicio de búsqueda y que la normativa europea no ampara el derecho al olvido. El letrado indicó que Google no tiene obligación de eliminar información legítima y legal que se ha hecho pública porque traería consigo una injerencia en la libertad de expresión del editor de la página web.

Fuentes cercanas al caso señalaron que Google considera que la información que quiere eliminarse son datos del Gobierno que fueron públicos y válidos originariamente. 'Si se considerase inválida, los propios responsables de la página web la retirarían, y si la información fuera difamatoria o ilegal, se dejaría de enlazar', contaron las mismas fuentes.