El Tribunal de Cuentas ha reclamado este lunes al expresidente catalán Artur Mas y tres de sus consejeros una fianza solidaria de 5,2 millones de euros por los gastos que conllevó organizar y celebrar el referéndum del 9 de noviembre del año 2014.

Esta cantidad responde a los gastos de la organización del referéndum, unos 4,8 millones de euros, más los intereses generados desde la fecha de celebración de la consulta hasta hoy, que suponen alrededor de 400.000 euros.

Mas sería responsable solidario de 5,2 millones de euros, como president de la Generalitat en 2014 y máximo responsable de las cuentas públicas. Junto a Mas, entre los encartados se encuentran los exconsellers Joana Ortega, Irene Riagau y Francesc Homs, todos ellos inhabilitados por la consulta del 9-N, así como otros siete cargos políticos y técnicos de los departamentos de Presidencia y Gobernación de la Generalitat (Lluís Bertran Saura, Josefina Valls Villa, Carolina Pardo Miguel, Jaume Domingo Planas, lgnasi Genovés Avellana, Jordi Serra Catalán y Jordi Vilajoana Rovira).

Los abogados anuncian que recurrirán

Tras conocerse la noticia, sus abogados han anunciado que recurrirán, en un plazo de cinco días, la resolución. El abogado de Mas, Rafael Entrena, ha expresado la "absoluta disconformidad" con la resolución, que, según ha dicho, tiene una fundamentación jurídica "muy defectuosa". Entrena ha asegurado que es un "clarísimo ejemplo de desviación de poder". "Se ha instrumentalizado al Tribunal de Cuentas para exigir en la práctica responsabilidades políticas y advertir a terceros por lo que puedan hacer", ha dicho.

Por su parte, la abogada de Homs, Montse Rosell, ha insistido en que se planteará un recurso por las "muchas y graves irregularidades" y ha asegurado que no se ha respetado ninguna garantía de los presuntos responsables. Rosell ha insistido en el hecho de que se les exija un afianzamiento sin tener el más mínimo derecho de defensa. En el recurso, ha avanzado que una de las causas para pedir que quede en suspenso la obligación de pagar es "que se ha producido una evidente indefensión". Y por ello, ha dicho, "pediremos la suspensión cautelar".

Tres millones a Rigau y dos a Homs

El Tribunal de Cuentas ha notificado este lunes a todos los denunciados el dinero que deberán afianzar antes de 15 días para garantizar que puedan hacer frente a una eventual condena. La fianza tiene la peculiaridad de ser "solidaria", es decir, que si alguno de los encartados no tiene dinero, los demás habrán de responder por él.

Después de la de Mas, la fianza más elevada sería la impuesta a Rigau, de unos 3 millones de euros, mientras que la de Homs sería de 2,1 millones, y la de Ortega, de 0,8 millones, han explicado fuentes de Sociedad Civil Catalana (SCC), que instó a que se incoara el expediente. De acuerdo con estas fuentes, está por ver si se mantendrán esas cantidades porque puede haber alegaciones e incluso puede haber liquidaciones complementarias que aumenten el cómputo.

Ninguno de los exdirigentes catalanes han acudido este lunes a la sede del Tribunal de Cuentas para el trámite que ha tenido lugar este lunes, pues no tienen tal obligación

Fuentes del Tribunal de Cuentas han explicado que se facilitará a los representantes legales un acta de liquidación provisional con lo que tiene que pagar cada uno de los encartados, representados por cuatro abogados y un procurador.

Inhabilitados por el Supremo

Este procedimiento contable se suma a las condenas de los cuatro políticos catalanes, que ya fueron sentenciados por la vía penal. Por un lado, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) condenó a dos años de inhabilitación a Artur Mas y a nueve meses a las consejeras Ortega y Rigau por desobedecer al Tribunal Constitucional con la consulta independentista celebrada el 9 de noviembre de 2014.

Por su parte, Francesc Homs fue juzgado por el Tribunal Supremo en calidad de aforado por su condición de diputado e igualmente condenado a un año y un mes de inhabilitación por los mismos hechos.

En su resolución, el Tribunal Supremo precisó que limitaba su ámbito de conocimiento a los delitos por los que se le acusaba y no se cuestionaba si la aplicación económica de los fondos públicos tiene relevancia penal. Por ese motivo no entró a valorar si había existido malversación de fondos públicos con la organización de la consulta, que supuso un desembolso para las arcas públicas de 5 millones de euros.