El Tribunal de Cuentas ha rechazado suspender la causa que acoge contra 35 ex altos cargos catalanes por el desvío de fondos públicos para el procés en base a la proposición de ley de amnistía, al considerar que la aprobación de esta iniciativa "no es indubitada", como tampoco los efectos que pueda tener en el caso.

En un auto, la consejera Elena Hernáez rechaza la petición que formularon algunos de los exdirigentes demandados, como el exvicepresidente catalán Oriol Junqueras o los exconsejeros Raül Romeva y Dolors Bassa, los tres condenados por el Tribunal Supremo e indultados.

Su defensa y la de otros ex altos cargos argumentó la necesidad de suspender este procedimiento ante los efectos que podría tener la ley de amnistía, que también borraría la responsabilidad contable de los demandados, y aludieron a que la proposición de ley que presentó el PSOE a finales del año pasado "goza de una mayoría parlamentaria para su aprobación".

Sin embargo, la consejera sostiene en su auto, que puede ser recurrido, que "a la vista del estado de tramitación parlamentaria" en la que se encuentra la iniciativa, su aprobación "no es indubitada ni tampoco lo es la eficacia que el texto definitivo de esa norma legal pueda eventualmente desplegar sobre los hechos enjuiciados en la presenta causa contable", en virtud de los trámites de enmiendas en el Congreso y en el Senado.

Precisamente ayer el pleno del Congreso rechazó con los votos del bloque de la investidura las enmiendas a la totalidad presentadas a la ley por el PP y Vox.

El Tribunal de Cuentas sigue con esta resolución el criterio de la Fiscalía, que adujo que la ley de amnistía es "un hecho futuro y relativamente incierto", y de la demandante Societat Civil Catalana.

Este procedimiento trata de dirimir la presunta responsabilidad contable de 35 ex altos cargos de la administración catalana, incluidos los expresidents Carles Puigdemont y Artur Mas, el exvicepresident Oriol Junqueras y varios exconsellers, en el desvío de fondos públicos para sufragar el referéndum del 1 de octubre de 2017, declarado ilegal, y la promoción exterior del procés.

La Fiscalía cifra ese supuesto desvío en unos 3,4 millones de euros, que solicita que abonen los demandados, mientras que SCC lo eleva a 5,3 millones.