Treinta fiscales sustitutas piden una vía de acceso especial a la Fiscalía tras más de 20 años ejerciendo en condiciones precarias

La Audiencia Nacional acaba de fallar a favor de los fiscales sustitutos, que son juristas que realizan funciones de fiscales sin pertenecer a la carrera fiscal, para cubrir vacantes o como personal de apoyo. En estos momentos son 253 fiscales sustitutos en todo el Estado español, de los que el 85% o más son mujeres. Es un colectivo absolutamente feminizado.

El Juzgado Central de lo Contencioso número 1 ha estimado el recurso de 35 fiscales sustitutos, de los que únicamente cuatro son varones, y reconoce el derecho de este colectivo a disfrutar del permiso de días por asuntos propios y de los días adicionales de vacaciones por antigüedad en las mismas condiciones que los fiscales titulares, porque no hacerlo vulneraría el derecho a la igualdad que contempla el artículo 14 de la Constitución. 

Este es uno de los logros que las fiscales sustitutas han ido cosechando a golpe de recurso judicial a lo largo de toda la democracia. Cuando comenzaron, en los primeros años 80, no eran dadas de alta en la Seguridad Social. Fue a partir de la década de los 90 cuando se corrigió este atropello laboral. 

A finales de 2023, la Plataforma de Fiscales en Sustitución Permanente, formada, de momento, por una treintena de ellas, presentó un escrito ante el Ministerio de Justicia y la Fiscalía General del Estado pidiendo la estabilización de sus puestos de trabajo. Piden una vía de acceso especial a la carrera fiscal. No especifican qué tipo de acceso ni siquiera hablan de poder entrar directamente en la carrera fiscal, sino de un proceso que les dé estabilidad cuando hayan cumplido determinados años de labor ininterrumpida como fiscales sustitutos. 

En concreto, piden un "sistema selectivo excepcional de concurso de

méritos para los fiscales sustitutos", en base a la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público y a la normativa y jurisprudencia europeas, que instan a las autoridades nacionales a adoptar medidas efectivas para prevenir un eventual uso abusivo de la temporalidad en los contratos públicos.

Público ha podido hablar con varias de estas fiscales sustitutas, que han pedido anonimato, para conocer cómo son las condiciones laborales de un colectivo que, pese a su importante labor en el sistema judicial, se ve despojado de los mismos derechos de los que gozan los fiscales titulares, es decir, aquellos que han superado las oposiciones a la carrera fiscal; esta es la única vía de ingreso en la Fiscalía.

Lo primero que llama la atención al escuchar a estas fiscales sustitutas es la continua evaluación a la que son sometidas. "Cada seis meses el fiscal jefe del que dependemos hace una evaluación sobre nuestro trabajo. Es algo arbitrario, que puede servir para que nos echen", dice una de ellas, con 30 años como fiscal sustituta. 

Otra de ella explica que "lo lógico y lo justo" sería que pasados, por ejemplo, 20 años de ininterrumpida labor como fiscales sustitutas pudieran alcanzar un "estatus, un puesto estable", que, aunque no fuera como el de un fiscal titular, no exigiera tener que someterse a la convocatoria periódica para seguir ejerciendo. 

Incertidumbre cada dos años

Sobre el mes de marzo se publica en el BOE la convocatoria para la provisión de plazas para fiscales sustitutos para el año judicial siguiente, entre el 1 de septiembre y el 31 de agosto. Habitualmente la convocatoria se prorroga dos años. Cada convocatoria es nueva y rige un sistema de baremación distinto, lo que provoca "incertidumbre" cada dos años, "porque no sabemos lo que van a pedir", dicen. 

Por ejemplo, en la convocatoria de 2007 se llevaron la sorpresa de que por primera vez se valoraba la licenciatura en criminología, con dos puntos, por detrás del doctorado en derecho, con tres. "Unos estudios que nos sirven para nada en nuestra labor diaria", claman. Hoy en día, el grado en criminología computa únicamente 0,2 puntos. 

Aquel año, las y los fiscales sustitutos tuvieron que apretarse el cinturón. "Por aquel entonces, criminología solo podía estudiarse en universidades privadas. Algunas compañeras tuvieron que ampliar sus hipotecas para sacar el dinero que nos pedían para el título. Creo recordar que fueron unos 12.000 euros", explica una fiscal sustituta veterana. 

Otra de ellas recuerda que un año se valoró poseer el doctorado en periodismo. "A veces hay criterios muy extraños", dice. 

Continuos cambios de destino

"Estamos sometidos a continuos cambios de destino --explica una de ellas--. Podemos pasar en un mes, dentro de la misma audiencia provincial, de un juzgado de instrucción, a uno de laboral o de delitos económicos. Vamos saltando de una especialidad a otra, con el consiguiente esfuerzo en ponernos al día y con la dificultad para hacer cursos; porque no podemos optar a hacer los mismos cursos que los fiscales titulares". 

Esta es una de las cosas que piden: poder acceder a la formación tanto en cursos nacionales como en el extranjero. "Ahora podemos hacer algunos cursos online, pero presenciales, ninguno. Se nos exige una formación de calidad pero luego nos ponen chinas en el camino para formarnos", dicen. 

Sin baja de maternidad

La primera vez que una fiscal sustituta tuvo derecho a la baja por maternidad fue hace 25 años. Las anteriores no gozaron de ese derecho. "Lo hemos pasado muy mal todo este tiempo, porque veíamos que estábamos solas, hemos sido uno de los colectivos laborales con menos derechos y lo que aún nos queda por pelear", denuncian.

Otra de las peculiaridades del colectivo ha sido, hasta finales de 2022, que han cobrado con dos meses de retraso de manera sistemática. "Esto ha sido así toda la vida, desde los años 80, no se entiende por qué. Nos ha perjudicado muchísimo, sobre todo, a la hora de presentar la declaración de la Renta y a la hora de hacer los pagos fijos mensuales", detallan. 

La compensación económica por los trienios trabajados también tuvieron que ganarla en los tribunales. Ahora piden al Ministerio de Justicia, que es quien les paga, que les dé de alta en la Seguridad Social desde el mismo momento de su nombramiento y no cuando toman posesión del mismo, porque puede haber bastantes días de diferencia, y eso también les afecta a la prestación del desempleo. 

Cada una de las fiscales sustitutas con las que ha podido contactar este diario comenzaron en esta labor por un motivo diferente. Unas suspendieron la oposición, otras no llegaron a presentarse por motivos familiares, pero todas destacan su vocación por ser fiscal y por lo que implica para la defensa de los derechos de la ciudadanía.