Transparencia Casi 140 ministros y altos cargos encontraron acomodo cruzando puertas giratorias desde 2014

Un total de 139 ministros y altos cargos del Estado recibieron autorización del Gobierno para pasar del sector público al privado desde enero de 2014 hasta el pasado 13 de marzo, según consta en el Portal de Transparencia. En ese periodo, la Oficina de Conflictos de Interés otorgó hasta 247 autorizaciones diferentes, lo que refleja que muchos de los solicitantes realizan peticiones múltiples para cruzar la puerta giratoria en más de una ocasión.

El caso más reciente es el de la exvicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, que el 8 de marzo recibió la autorización para trabajar en el bufete de abogados Cuatrecasas. La exdirigente del Partido Popular consiguió la autorización de la Oficina de Conflicto de Interés pese a que el director del bufete, Emilio Cuatrecasas, se libró de ir a prisión gracias a un pacto la Fiscalía y la Abogacía del Estado cuando Santamaría era vicepresidenta.

Su caso no es el único entre los integrantes del último Gobierno del Partido Popular. Un tercio de las personas que ocuparon un sillón en el último Consejo de Ministros de Rajoy se apresuraron a cruzar la puerta giratoria tras la llegada de Pedro Sánchez al poder en el pasado mes de junio.

Ramón Escolano, exministro de Economía, recibió en los últimos meses autorización para prestar sus servicios a tres entidades: la consultora financiera Ernst & Young (EY), el Colegio Universitario de Estudios Financieros y la consultora española Llorente y Cuenca.

En su tránsito a la empresa privada, tanto Santamaría como Escolano cruzarán la puerta giratoria acompañados de algunas caras familiares, ya que varios altos cargos de la administración de Rajoy acabaron en las mismas compañías que ellos. Pedro Llorente, subsecretario de Empleo y Seguridad Social, recibió este mes de marzo autorización para incorporarse a Cuatrecasas, al igual que Santamaría. Por su parte, Escolano coincidirá en la consultora EY con Juan Pablo Riesgo, ex Secretario de Estado de Empleo, que trabaja para la compañía desde diciembre.

Tanto Santamaría como Escolano cruzarán la puerta giratoria acompañados de algunas caras familiares

De vuelta al Consejo de Ministros de Rajoy, en el listado disponible en el Portal de Transparencia puede comprobarse que el exministro de Justicia, Rafael Català, recibió cuatro autorizaciones. Dos para participar en los patronatos de Legalitas y del Atlético de Madrid –cuyo presidente Enrique Cerezo está involucrado en distintas investigaciones judiciales activas mientras Catalá era ministro– y otras para servir en despacho de abogados Herbert Smith Freehills y como abogado del Colegio de Abogados de Madrid.

El cuarto de los ministros del último Gobierno de Rajoy en cruzar la puerta giratoria fue Iñigo de la Serna, antiguo encargado de la cartera de Fomento, que se incorporó a las plantillas de Amrop Seeliger y Conde, al Banco Interamericano de Desarrollo y al consejo asesor de la tecnológica NEC Ibérica.

La segunda fila también cruza la puerta giratoria

El fenómeno de la puerta giratoria se produce más allá de la primera fila política. No sólo los ministros utilizan su paso por la política como trampolín profesional, sino que multitud de Secretarios de Estado y directores de distintas instituciones estatales también se suman a esta práctica.

En este sentido destacan casos como el de Isaac Martín Barbero, ex presidente de Ingeniería y Economía del Transporte (Ineco), cargo del que fue cesado en septiembre de 2018. En los seis meses transcurridos desde entonces, recibió autorizaciones para asesorar a cinco empresas distintas. Una de ellas es Maxi Mobility Spain, la principal sociedad con la que opera Cabify en España, con sede en Delaware.

También de modo reciente, el ex presidente del Instituto Nacional de Estadística, Gregorio Izquierdo Llanes, recibió autorización para ser director económico de la CEOE. La lista no se detiene ahí. Pablo Zalba Bidegain, expresidente del Instituto de Crédito Oficial, se sumó recientemente a la consultora Deloitte y al grupo Gerson Lehrman.

De las autorizaciones concedidas de modo reciente, uno de los casos que mejor explica cómo funcionan las puertas giratorias es el de Agustín Conde, que en junio fue cesado como Secretario de Estado del Ministerio de Defensa para acabar sumándose en febrero a la plantilla de Escribano Mechanical & Inginieering S.L, que opera en la industria armamentística.

En una línea similar se sitúan los movimientos de Juan Antonio Carrasco, antiguo Jefe de Estado Mayor Conjunto de la Defensa, que el verano pasado se incorporó a Airbus. A su vez, este siguió el camino de Eugenio Ferrer, que a finales de 2017 se sumó a la empresa INDRA tras servir como Jefe del Mando Aéreo de Combate o de Francisco García Arnaiz, que en la misma fecha se incorporó como asesor de Global Training Aviation tras ostentar el cargo de Jefe del Estado Mayor del Ejército del Aire.

Una cascada de solicitudes 

Sólo desde la llegada al Gobierno de Pedro Sánchez en junio de 2018, la Oficina de Conflictos de Interés otorgó 80 de las 257 autorizaciones para la actividad privada de antiguos altos que constan en el Portal de Transparencia desde 2014.
De estas 80 solicitudes, solo una se encuentra relacionada con la administración socialista: la del fugaz ministro de Cultura Máxim Huerta, que el pasado 7 de marzo recibió permiso para trabajar como presentador del programa la Cometa TV.

Esto se produce gracias a un vacío legal en la Ley de Incompatibilidad

Cabe destacar que no todas las autorizaciones concedidas por la Oficina de Conflictos de Interés se enmarcan en el ejercicio de las puertas giratorias, ya que muchas de ellas tienen que ver con la reincorporación a un partido político de alguien que fue designado para un cargo público o, por ejemplo, con la voluntad de un excargo para trabajar por cuenta propia.

Sin embargo, los ejemplos anteriormente expuestos demuestran que en muchos casos existe una relación directa entre la actividad desarrollada por el cargo público y su nuevo destino empresarial. Esto se produce gracias a un vacío legal en la Ley de Incompatibilidad.

Esta norma establece que “los altos cargos, durante los dos años siguientes a la fecha de su cese, no podrán prestar servicios en entidades privadas que hayan resultado afectadas por decisiones en las que hayan participado”. Sin embargo, esto solo afecta a los altos cargos que reciban una retribución fija, lo que abre la puerta a múltiples artimañas para que las grandes empresas acaben incorporando a su plantillas a quienes hasta hace dos días se encontraban tomando decisiones relativas a su actividad.