Con su implantación en Madrid puesta en cuestión bajo el mandato de José Luis Martínez Almeida pese a los buenos resultados, el modelo de Madrid Central podría ser extrapolado a gran parte de las ciudades de España. Así lo contempla el anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética, que promete blindar a las zonas urbanas ya declaradas de bajas emisiones evitando que puedan revertirse. 

"Cualquier medida municipal que suponga regresión deberá contar con un informe positivo de administraciones estatales o autonómicas competentes", defiende el borrador de dicha ley presentado este lunes en el Consejo Asesor de Medio Ambiente. Esta normativa es una de las grandes cuentas pendientes del actual Gobierno, que ya declaró la situación de emergencia climática como muestra de su compromiso con la crisis medioambiental que vive el planeta. 

Concretamente, el anteproyecto de la norma establece que será obligatorio que los municipios de más de 50.000 habitantes y los territorios insulares establezcan zonas de bajas emisiones no más tarde de 2023.

Según la ministra, las zonas de bajas emisiones en las ciudades son "fundamentales" por razón de salud pública, ruido, y otras, y por ello, desde el Gobierno se ha optado por "endurecer" las disposiciones, a la vista de los comentarios de la consulta pública.

Previsones para llevar la ley al Congreso en marzo

Ribera ha ratificado su compromiso de llevar al Parlamento la Ley de Cambio Climático tras haber anunciado en su primera intervención al frente del nuevo Gobierno que lo haría en sus primeros cien días de mandato. "La fecha se prevé para mediados de marzo", ha precisado la ministra Ribera, quien ha señalado su interés por que este borrador llegue "cuanto antes al Parlamento para el debate y enriquecimiento (del mismo) por parte de los grupos parlamentarios".

Ha añadido que otro de los grandes ejes de la nueva ley será "el mapa informativo de puntos de recarga de vehículos eléctricos". Para favorecer la expansión de ese transporte el Gobierno desarrollará y pondrá a disposición del público una plataforma de información sobre puntos de recarga.

El compromiso para 2030 es reducir las emisiones de gases de efecto invernadero al menos un 20 por ciento respecto a 1990; este objetivo es coherente con el aumento de ambición de la Comisión Europea, que pasaría del actual 40 por ciento a una horquilla entre el 50 y el 55 por ciento. Con esto, "se sentarían unas bases sólidas para progresar hacia la neutralidad climática del país, y lograr emisiones netas cero, no más allá de 2050", ha explicado Teresa Ribera.

El anteproyecto fija también para 2030 generar el 70 por ciento de la electricidad con renovables y asegurar que al menos el 35 % del consumo final de energía provenga de esas fuentes de energía.