La trama saqueó millones de las arcas públicas

El dinero, como la energía, no se crea ni se destruye, simplemente se transforma. La misma ley que rige la termodinámica explica también el flujo de gasto que lucró los bolsillos de la trama Gürtel transformando en fondos opacos, elementos de ostentación y sobornos dinero de origen público que no fue creado de la nada, sino que nació del esfuerzo fiscal que obliga a todos.

Los impuestos alimentaron al Partido Popular y a las administraciones públicas que favorecieron que esos tributos, destinados a mejor fin, duerman ahora en paraísos fiscales o desmejoren atracados en un puerto deportivo una vez convertidos es sólo un ejemplo en yates de lujo.

¿Qué recorrido hace el dinero desde que nace del bolsillo de un contribuyente hasta que muere en los de, al menos, los 19 políticos que, según la investigación, se lucraron con los sobornos de la trama?

El punto de partida es siempre el mismo: la Hacienda pública. Los ingresos de un solo año dan cuenta de la magnitud de las cifras. El Estado prevé recaudar en 2009 un total de 160.753 millones de euros a través de la recaudación de impuestos. A partir de esa gran bolsa común de tributos aportados por todos, el dinero comienza su viaje hacia la red corrupta hasta desembocar en el bolsillo de los sobornados al tiempo que engorda las arcas de la trama.

Desde esta estación inicial, el dinero público sigue dos trayectos. El primero es la subvención que recibe directamente el PP de la cantidad que los Presupuestos Generales del Estado consignan para el funcionamiento del partido conservador fondos que también reciben el resto de formaciones. La segunda ruta es el trasvase que Hacienda realiza a las administraciones territoriales: la previsión es de 60.119 millones de euros este año. Con esta cantidad se alimentan las finanzas públicas de las comunidades autónomas y los ayuntamientos que, a su vez, tienen capacidad para recaudar impuestos.

"Los partidos políticos se nutren, además de la financiación privada, de tres tipos de financiación pública: electoral, que puede ser directa o indirecta esto es, en función de los votos y escaños obtenidos o con espacios en medios de comunicación públicos; parlamentaria y ordinaria", explica María Holgado, titular de Derecho Constitucional de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla y autora del último texto de referencia publicado sobre la materia: La financiación de los partidos políticos en España (Ed. Tirant Lo Blanch, 2003).

El 90% de la financiación del PP procede de fondos

"Los partidos políticos viven en un 90% de fondos públicos, porque la ley establece que las aportaciones privadas sólo pueden llegar al 10%", completa Holgado. Esta financiación tan mayoritariamente pública tiene una doble justificación: "Garantiza la necesaria subsistencia de los partidos y asegura independencia frente a grupos económicos que podrían exigir contraprestaciones a cambio de beneficiar económicamente a una formación".

Esas aportaciones públicas nunca se expresan en pequeñas cantidades. Las cuentas públicas asignan en 2009 más de 34 millones de euros al PP. Además, el Estado aporta otros 1,7 millones al partido para sus gastos de seguridad. Pero la cifra crece si se tienen en cuenta también las partidas que financian los grupos parlamentarios del PP en el Congreso y el Senado que suman más de 3,7 millones de euros,los parlamentos regionales más tocados por el caso Gürtel, Madrid y Comunidad Valenciana otros 3,7 millones, y los ayuntamientos madrileños donde se ubica el epicentro de la red corrupta: Boadilla, Pozuelo, Majadahonda y Arganda, con asignaciones que rondan los 40.000 euros cada uno.

En total, estas ayudas suman casi ocho millones de euros que, añadidas a la subvención ordinaria aportada por los Presupuestos, eleva la cifra a casi 44 millones sólo en un año y únicamente en los territorios contaminados por la trama. Teniendo en cuenta que la red liderada por Francisco Correa, alias Don Vito, comenzó a operar hace al menos 13 años en 1996, la cantidad de dinero público en manos del partido que lucró a la trama se multiplica hasta alcanzar una dimensión inabarcable.

El entramado empresarial ligado al caso Gürtel organizó los actos públicos del PP nacional entre 1996 y el año 2004, bajo la presidencia de José María Aznar. Sólo entre los años 2000 y 2007, diferentes firmas del grupo admitieron haber facturado casi 18 millones de euros al PP. La red ha seguido trabajando para los conservadores ya con Rajoy al frente del partido hasta este mismo año.

El PP recibe casi 44 millones en 2009 sólo en los territorios a los que llegó la red

El mismo dinero de raíz pública que pagó estas facturas de Correa se ramifica por toda la estructura territorial del PP y sostiene su organización en todas las comunidades, incluidas Madrid, Valencia y Galicia, donde hay fundadas sospechas de financiación irregular, según los datos que figuran en el sumario del caso.

El número dos de Correa, Pablo Crespo, admite estas irregularidades en Galicia, donde fue secretario de Organización del PP, y lo revela así en conversaciones grabadas por la Policía. Los investigadores sostienen que la trama también financió ilegalmente al PP valenciano y, en Madrid, el partido de Esperanza Aguirre pagó a la red corrupta de Correa con dinero recaudado a destacados empresarios, encabezados por el líder de la patronal, Gerardo Díaz Ferrán, a través de la fundación Fundescam, según desveló Público en mayo.

Dinero de naturaleza pública sostiene también a las comunidades y ayuntamientos del PP que favorecieron a la trama con centenares de contratos hasta hacer rebosar su caja. La trama se lucraba con tres actividades fundamentales: organización de eventos, adjudicación de servicios públicos y mediación para conseguir de contratos a cambio de sobornos. Sus fondos le permitían, además, diversificar inversiones y jugar a la especulación urbanística en territorios controlados por políticos conservadores con la voluntad comprada.

Las administraciones que operaron con la trama también viven de los tributos

Es en este punto cuando estos fondos nacidos de los impuestos dejan de ser abstractos y se convierten en apuntes contables para la trama desde las administraciones regionales y locales que trabajaron con la red Gürtel. La mancha de Correa contamina especialmente a Madrid y a la Comunidad Valenciana. Todas las consejerías del Gobierno que preside Esperanza Aguirre adjudicaron contratos públicos, casi siempre a dedo, a las empresas de la red corrupta desarticulada por la Audiencia Nacional.

Los contratos adjudicados en esta comunidad son en total 342, por un importe que supera los tres millones de euros. En la Comunidad Valenciana, son al menos 45 las concesiones públicas, con una cuantía de ocho millones. La red extendió sus prácticas también a Castilla y León. Según consta en el sumario levantado parcialmente el pasado 6 de octubre, varios políticos se repartieron 73.655 euros de la comisión que la trama exigió a una constructora a cambio de adjudicar una obra pública en León, gracias a su relación de privilegio con el PP.

Al menos cuatro ayuntamientos de Madrid gobernados por el PP cebaron las arcas de la trama Gürtel con adjudicaciones basadas en sobornos. Son Boadilla, Pozuelo y Majadahonda, en el adinerado noroeste de Madrid, y Arganda, al sur de la comunidad. Los cuatro municipios han vivido con especial voracidad la expansión urbanística acelerada que precedió a la crisis. Al calor de esos negocios inmobiliarios creció también la red corrupta.

La cuantía total de sus operaciones en este capítulo es aún una incógnita, pero las primeras cifras son multimillonarias. En Arganda, por ejemplo, el Grupo Municipal Socialista las cifra en más de 50 millones de euros. Los pelotazos inmobiliarios son también multimillonarios en la adjudicación de suelo público. En Boadilla, por este concepto, la red embolsó al menos otros 50 millones y en Pozuelo la cifra supera los 20.

En estos casos, los responsables municipales no consideraban la mejor oferta para su localidad, sino la que más favorecía a la trama. Los presupuestos municipales dinero público eran así malbaratados para favorecer intereses privados. En no pocos casos, el presupuesto final abonado por el ayuntamiento duplicó el proyectado inicialmente. El beneficiado era, claro, el entramado de Correa y el político local que apadrinaba su red a cambio de sobornos en metálico o en especie. Dinero y coches de lujo eran la dádiva estrella que conquistó la voluntad de algunos cargos públicos del PP que aparecen imputados en la trama.

Gracias al favor de estas administraciones regionales y municipales gobernadas por el PP, los principales cabecillas de la trama Gürtel amasaron una fortuna ingente transformando fondos de naturaleza pública en beneficio estrictamente privado a través de un magma empresarial compuesto por una treintena de sociedades. Buena parte de ese dinero se encuentra por ahora evaporado en una decena de paraísos fiscales, donde la Justicia sigue la pista de, al menos, 40 millones de euros.

El patrimonio estimado de Correa se eleva a 50 millones. El de su número dos asciende a 12 millones. Ambos acumulan un enorme patrimonio inmobiliario a nombre de sus sociedades. Hacienda, sin embargo, no existió para Correa: "No ha presentado declaración del IRPF desde 1999", señala un informe de la Agencia Tributaria. La cantidad defraudada sólo entre 2003 y 2007 supera los 5,1 millones de euros.

El dinero público acabó en manos de una trama jalonada de todo tipo de fetiches ostentosos: mansiones, yates y un parque móvil tan abultado como reñido con la discreción: 49 vehículos de alta gama valorados en 1,3 millones de euros.

Es el final de viaje. El dinero de todos creció en el bolsillo de unos pocos. Al menos 19 cargos del PP cobraron 6,4 millones de euros de la red dirigida por Don Vito, según los informes remitidos al juez Garzón por la Policía y las anotaciones contables de la trama. Luis Bárcenas, ex tesorero del PP y senador por Cantabria, fue el más beneficiado, con más de 1,3 millones de euros. El origen de esta cantidad es tan público como pública es la responsabilidad de la que se valieron los sobornados para transformar este dinero en beneficio únicamente privado.