Los trabajadores de la tele pública gallega denuncian represalias por apoyar una manifestación contra la manipulación

El Comité Intercentros de la Compañía de Radio e Televisión de Galicia (CRTVG) ha denunciado que la dirección de la empresa ha tomado "represalias" contra varios trabajadores por publicitar la manifestación contra la manipulación informativa que han convocado para el próximo domingo día 6 de noviembre en Santiago.

Según afirma el comité de empresa en un comunicado, varias centrales sindicales han recibido "apercibimientos" de la dirección de recursos humanos en los que identifica a esos trabajadores y trabajadoras y les acusa "de vulnerar la libertad sindical" por pegar pasquines y carteles en las instalaciones de la CRTVG en San Marcos (Santiago) en los que se anuncia la manifestación.

"No son más que represalias para intentar amedrentar y someter la intensa actividad que el comité está desplegando estos días" para preparar la manifestación, aseguran los representantes de los trabajadores, que entienden que en ocasiones anteriores otras acciones "exactamente de la misma naturaleza no se consideraron por parte de la dirección susceptibles de ser advertidas o amonestadas" y por tanto, a su juicio "sólo cabe enmarcarlas en el contexto de la represión frente a movilización", añade el comunicado.

La empresa asegura que la acusación es "falsa" y defiende una versión distinta. Asegura que el pasado 21 de octubre envió un escrito "informativo" a una sección sindical ya que, asegura, ésta "traspasó los límites legales de sus actuaciones competenciales, pegando carteles en zonas que afectaron a la emisión del servicio público en directo".

"La pegada de carteles y posterior retirada de los mismos alteró el desarrollo de un programa. Esta, que es la parte fundamental, se omite en el escrito de denuncia del comité de empresa", añade la dirección, que subraya que lo que pidió expresamente a la citada sección es "que en lo sucesivo desarrollen su labor sindical dentro de los límites fijados por las normas y se abstengan de utilizar los medios de la empresa para fines distintos de las derivadas del encargo que tiene atribuida legalmente".

La plantilla de la CRTVG lleva cuatro años denunciando la manipulación en los servicios informativos de los medios públicos de Galicia en favor del PP y de sus figuras destacadas a nivel autonómico y estatal, especialmente de Alberto Núñez Feijóo y Alfonso Rueda.

También alertan de que se oculta intencionadamente la actividad de la oposición política y de los colectivos críticos con la acción política de la Xunta, como los que defienden la sanidad y la educación públicas; y se minimiza el impacto de noticias perjudiciales para la imagen  del PP.

Asimismo, han denunciado varios episodios de machismo y sexismo en diversos programas y contenidos de la programación de la Televisión de Galicia (CRTVG).
A través de la plataforma Defende a Galega, que ganó en 2019 el premio José Couso a la libertad de expresión que concede el Colexio de Xornalistas de Galicia, los trabajadores han convocado ya desde 2018 220 venres negros, jornadas de protesta contra la manipulación, el sexismo y en exigencia de que se cree el consejo de informativos previsto en la ley gallega del audiovisual aprobada hace casi once años.

La ley prevé que el consejo sea el órgano interno de participación de los profesionales de la información con el objetivo de que pueda velar por "la independencia, veracidad y objetividad de los contenidos informativos" difundidos por la radio y la televisión públicas.

La norma también prevé que el director general de la corporación sea elegido por mayoría de dos tercios en el Parlamento de Galicia. El PP tiene 42 diputados en la cámara, ocho menos de los que precisaría para renovar el puesto con alguien de su confianza sin necesidad de negociarlo con la oposición. Así, y contra lo que establece la legalidad desde 2011, la Xunta mantiene en el cargo a Alfonso Sánchez Izquierdo, nombrado por Feijóo nada más llegar al poder dos años antes.

Desde entonces y bajo su dirección, la CRTVG acumula cerca de tres centenares de sentencias por vulnerar derechos fundamentales y laborales, desde torpedear las huelgas feministas del 8M con servicios mínimos abusivos a perseguir a periodistas por expresar en público o en las redes sociales su posición contra la manipulación. Sólo en el último año, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ha fallado en dieciocho ocasiones en contra de las medidas adoptadas por el equipo directivo de Sánchez Izquierdo.

La última, en mayo pasado, fue una condena ya firme por vulnerar el derecho a la libre expresión de un periodista, locutor y presentador que fue perseguido, expedientado y sancionado por apoyar en su cuenta de Twitter los venres negros de Defende a Galega, y que deberá ser indemnizado con 6.000 euros.

En su comunicado, el Comité Intercentros asegura que los representantes de los trabajadores "no tolerarán más represalias y amenazas de este tipo sin darles una respuesta contundente y llaman una vez más a la ciudadanía gallega en su conjunto a acudir el 6 de noviembre a la manifestación para rescatar la CRTVG del secuestro en la que la mantiene, desde hay ya demasiados años, el Gobierno de la Xunta del Partido Popular".