El president de la Generalitat, Quim Torra, ha pedido hoy al rey una reunión este viernes, aprovechando la visita del monarca a Tarragona, para exponerle la situación que se vive en Catalunya y para explicarle "cómo se siente una gran parte del pueblo" catalán.

Así lo plantea Torra en una posdata en la carta que ha enviado esta mañana al rey, firmada conjuntamente con los expresidentes de la Generalitat Carles Puigdemont y Artur Mas: "Hemos de hablar. He de poder explicaros todo lo que hemos escrito con los presidentes Mas y Puigdemont en la carta precedente. Es, para mí, en mi condición de presidente de Catalunya, un deber moral".

"Por eso, estoy convencido de que querréis encontrar un rato en vuestra visita a Catalunya este viernes para hacerlo y para vernos. No os pido que renunciéis a nada sino que os amparéis en la lectura más abierta y democrática de la Constitución y en el rol que se le confiere al Jefe del Estado", señala Torra en esta posdata, firmada solamente por él y en la que ofrece su "mano abierta" para hacer del diálogo la herramienta que "mueva las relaciones entre Catalunya y España".

En su carta conjunta, Torra, Puigdemont y Mas destacan que la ceremonia de inauguración de los Juegos Mediterráneos este viernes en Tarragona representa una "oportunidad" para, dicen, "reparar y recoser aquello que la violencia, la represión y la persecución contra el referéndum del 1 de octubre provocaron".

"Entended, Señor, que el 1 de octubre es y será un día muy especial para la mayoría de los catalanes. Aprovechad este momento y no dejéis perder la ocasión", señalan, con voluntad de "abrir una etapa de diálogo, negociación, reconocimiento, respeto democrático, modernidad institucional y respeto por los derechos civiles y políticos y las libertades fundamentales".

A su juicio, "hay que abrir una etapa de negociación que acabe dando la palabra a la ciudadanía de Catalunya", porque "ningún demócrata se puede oponer a dar voz a la gente".

"Que se acabe de una vez esta situación de anomalía con la que los jueces y los policías ocupan el espacio que debería ocupar la voz y la palabra de los representantes políticos. Que se acaben las cárceles que encierran a demócratas y los exilios que alejan a gente pacífica", apuntan los firmantes de la carta, antes de añadir: "No pedimos nada que no esté a vuestro alcance. Escuchadnos sin apriorismos ni prejuicios; y ayudad a facilitar un proceso de apertura, modernización y prevalencia democrática".

Subrayan que su deseo habría sido que la figura del rey hubiese permanecido "al margen de la pugna política" y denuncian que en los últimos años "se nos ha negado una vez y otra el diálogo, se han incumplido los acuerdos, se ha violentado" el Estatut aprobado en referéndum en 2006 y se han iniciado "campañas de difamación, de mentiras y de miedo".

El pasado 1-O, señala la misiva, hubo una "violencia policial desmedida e inaceptable contra ciudadanos que querían expresar pacíficamente su voto" y, posteriormente, afirman, se produjo un "atentado democrático contra las instituciones catalanas" con la destitución del Govern de Puigdemont con el artículo 155 de la Constitución.

Torra y los dos expresidents denuncian que hay "nueve presos políticos catalanes en cárceles de Madrid, siete exiliados" y "centenares de ciudadanos investigados y represaliados".

"Entendemos, Señor, que todo esto debería interpelarlo. En vuestra comparecencia del 3 de octubre pasado, abristeis una herida considerable en muchos ciudadanos que no se habrían pensado nunca que el Jefe del Estado daría su aprobación a la violenta represión de la policía contra ciudadanos completamente pacíficos", añaden.

Y le preguntan: "¿De veras no deberíais situaros por encima de unos intereses particulares e tratar de ser una voz de conciliación y de defensa del diálogo?".

En la misiva, se reafirman en su voluntad de "implementar el mandato popular por vías pacíficas y democráticas, y priorizando el acuerdo con el Gobierno español", por lo que piden al Rey que "escuche este clamor democrático" y actúe como un Jefe de un Estado que "respete las voluntades de los ciudadanos expresadas en las urnas", por lo que apelan a su función de "arbitrar y moderar entre poderes del Estado".