@Sara_Ct

MADRID.— Unas 300 personas procedentes de 20 ciudades de todo el Estado se subieron a varios autobuses en una ruta simbólica que empezó en Barcelona y terminó en Tesalónica para mostrar que en la frontera sur de Grecia se están vulnerando derechos humanos. La Caravana a Grecia ya volvió de su periplo pero siguen su protesta; este viernes la han llevado hasta las puertas del Ministerio de Exteriores y advierten de que si no hay respuesta política, será la sociedad civil organizada la que buscará una solución para las cerca de 50.000 personas que están bloqueadas en el país heleno, a la espera de que se resuelva su situación.

Muchos de ellos, según explican desde los colectivos que estuvieron en la zona la semana pasada, viven en una total incertidumbre sobre su futuro. Desconocen cuánto se va a alargar su espera para recibir un permiso de asilo que ni saben si se lo van a conceder. Además de las penurias de su día a día, les acompaña el miedo a ser deportados como estipula el tratado que firmaron Bruselas y Ankara, lo cual supondría "salir del país en guerra del que proceden, Siria, para entrar en otro que está viviendo una guerra encubierta, como es Turquía".

"El drama de los refugiados se está convirtiendo en un gran negocio".

"El drama de los refugiados se está convirtiendo en un gran negocio",  adornado por el creciente comercio armamentístico. "La respuesta la tiene que dar la ciudadanía" y las ciudades refugio tiene que serlo de facto para que gobierno y ayuntamientos no "avergüencen" a los ciudadanos con la violencia que provocan en fronteras como Melilla o con la fosa común en la que se ha convertido el Mediterráneo. La Caravana ha exigido a las autoridades españolas y europeas que asuman su responsabilidad, "que dejen de ser hipócritas y que actúen" en defensa de los más vulnerables.

A su llegada a la capital helena pidieron una reunión con el embajador español en Atenas que se les fue denegada. Solo pudieron hablar diez minutos con el cónsul, quien les informó de que España ha acogido a unos 300 refugiados en un año. "No podemos dejar que la burocracia esté por encima de los valores de los derechos humanos", y recuerdan que pusieron a disposición de la embajada española los autobuses en los que ellos habían llegado al país. El cónsul desechó la idea y explicó que el problema era de los refugiados, que no paran de moverse por territorio griego.

Desalojan la "alternativa solidaria autogestionada"

La importancia de los centros sociales autogestionados, la "alternativa solidaria autogestionada a la caridad institucional" radica en la enorme cantidad de personas refugiadas que se encuentran en el país. Esos 50.000 migrantes malviven hacinados en condiciones deplorables dentro de campos militarizados griegos sin condiciones higiénicas mínimas. La ayuda humanitaria es abundante pero está mal gestionada por las autoridades griegas y la respuesta de los colectivos organizados ante ello ha sido precisamente ocupar edificios vacíos para mejorar la caridad gubernamental e incluir a los migrantes dentro de los centros sociales y hacerlos partícipes de su gestión. 

Durante el desalojo del pasado miércoles de tres centros autoorganizados en Tesalónica que daban cobertura a centenares de refugiados hubo unos 60 activistas detenidos, entre ellos seis españoles que ya se encuentran en libertad con cargos a la espera de juicio, pospuesto ante la falta de traductores. Una de ellos relataba la vivencia: "simplemente pasábamos por allí, buscábamos un sitio para dormir y ya nos quedamos a echar una mano y nos pilló el desalojo". En todo momento han estado tranquilos, y han confirmado que el trato ha sido correcto por parte de las autoridades. "Estas desocupaciones los han dejado en una situación de mayor indefensión", censuran los activistas.

"Es difícil imaginar que una operación de desalojo simultaneo de tres casas pueda suceder sin el visto bueno del responsable máximo de la Policía"

El activismo, contra Syriza

Syriza se ha desmarcado del desalojo argumentando que fue una decisión judicial pero desde la Caravana avisan de que que podía haber sido parada por una decisión política que no se tomó. El ministro griego de Protección Civil en una entrevista culpaba directamente a la Policía, "pero es difícil imaginar que una operación de desalojo simultaneo de tres casas, que constituye un ataque premeditado a un movimiento enorme e internacional, pueda suceder sin el visto bueno del responsable máximo de la Policía", critica el activista Theodoros Karyotis. "Esta excusa de que ellos no tienen nada que ver, y que son fuerzas externas como su propia Policía, la UE los acreedores los que tienen la culpa, a nosotros ya no nos sirve", y denuncia una maniobra de ocultación de las "políticas desastrosas" que se siguen aplicando en Grecia.

"Estamos dispuestas a aumentar nuestro nivel de conflicto y de confrontación con el Estado español", avisan. "Si tocan a una persona refugiada nos tocan a todas" y  adelantan que la Caravana no dejará de rodar hasta que se respeten los derechos de todos los demandantes de asilo.