Tensión máxima ante la inminente llegada de Puigdemont y su posible detención: todas las claves de lo que está por venir

Tras casi siete años en el exilio, Carles Puigdemont ha anunciado este miércoles su retorno a Catalunya con la voluntad de asistir al debate de investidura de Salvador Illa, convocado por el Parlament para este jueves a las 10.00 horas. Una vuelta que, si no hay una sorpresa monumental, tiene que comportar su detención y que sea puesto a disposición judicial de Pablo Llarena, el juez del Tribunal Supremo instructor de la macrocausa del 1-O. Repasamos los escenarios judiciales y políticos que abre la vuelta del expresident de la Generalitat. 

¿Dónde puede ser detenido?

Este mismo miércoles, Puigdemont ha anunciado a través de un video que ha "emprendido el viaje de retorno desde el exilio" con el objetivo de estar en jueves en la cámara autonómica. El inicio del pleno está fijado para las 10.00 horas, pero justo una hora antes, a las 09.00 horas, se ha convocado un recibimiento institucional al expresident en el paseo Lluís Companys de Barcelona, a pocos metros del parque de la Ciutadella donde se ubica el Parlament. 

Teóricamente, Puigdemont tiene que ser detenido una vez se detecte su presencia en territorio estatal y, en principio, los Mossos d'Esquadra son el cuerpo policial con más opciones de hacerlo, puesto que en ellos recae la tarea de ejercer como policía judicial en Catalunya. En este sentido, han diseñado un riguroso dispositivo de seguridad para acceder al parque de la Ciutadella y, de paso, al mismo edificio del Parlament, que entre otras cuestiones tendría que impedir que Puigdemont lo hiciera, a pesar de que haya podido llegar al recibimiento que le preparan en el paseo Lluís Companys. De hecho, el acceso al parque durante este jueves estará cerrado a cualquier persona no acreditada.

¿Qué pasará después?

Si, como todo apunta, Puigdemont es arrestado, posteriormente será trasladado al juzgado de guardia del partido judicial donde haya sido detenido, que sería en la Ciutat de la Justícia de Barcelona si sucede en la capital catalana.

Entonces, el magistrado de guardia tendría que comunicar la detención al Tribunal Supremo y Pablo Llarena podría optar por tomarle declaración por videoconferencia, citarlo para otro día o trasladarlo a Madrid en un máximo de 72 horas, que ahora mismo parece la opción más probable. En la capital estatal, Puigdemont podría quedar en libertad provisional tras declarar o ingresar en prisión preventiva si Llarena considera que existe riesgo de fuga.

El magistrado podría optar por medidas menos lesivas, como por ejemplo la retirada del pasaporte o la obligación de comparecer periódicamente al juzgado, pero se da por hecho de que, por ejemplo, la acusación popular que ejerce Vox reclamará el ingreso en la prisión del expresident. Pase lo que pase, su procesamiento continuaría, al menos hasta que la causa no llegue al Constitucional y este decida si se le tiene que aplicar o no la amnistía.

Ahora bien, si el Supremo decreta prisión preventiva para Puigdemont, es probable que su defensa opte por presentar un recurso al Constitucional con la voluntad de que la sala de vacaciones del tribunal se pronuncie de forma urgente sobre la aplicación de la amnistía, una posibilidad que podría acortar los plazos.

¿Qué impacto político puede tener?

De entrada, a corto plazo, su detención condicionará la investidura de Salvador Illa como presidente de la Generalitat. Se da por hecho que si Puigdemont, que es diputado autonómico, es arrestado el presidente de la cámara, Josep Rull (Junts), optará por aplazar el pleno, una opción que tanto ERC como los Comuns ven con buenos ojos, además de Junts.

A partir de aquí, la voluntad del PSC, los republicanos y los Comuns seria que el pleno se celebrara a principios de la próxima semana −lunes o martes, presumiblemente−, de manera que el aplazamiento no se alargara sine die, teniendo en cuenta que Illa ya tiene atados los apoyos de estos tres grupos para llegar a la presidencia del Govern. Hay que recordar que el plazo para elegir a un nuevo president y evitar la repetición electoral finaliza el día 26.

Paralelamente, si Puigdemont consigue llegar, al menos, al recibimiento que se le prepara en el paseo Lluís Companys buscará darse un baño de masas, en un movimiento que Junts intentaría capitalizar en su voluntad de consolidarse como la fuerza "referente" del independentismo. De paso, una acción de este tipo también alimentaría las críticas a ERC, desatadas por parte de varios actores del independentismo −como Junts, la CUP o la ANC− desde que viernes las bases de la formación avalaron el acuerdo para investir al socialista Salvador Illa. Más allá de la denuncia de la represión, el independentismo llega al pleno profundamente dividido y desmovilizado.

A la vez, Puigdemont también buscaría utilizar su detención como elemento para atacar al Gobierno español, un factor que puede tener un impacto más a medio plazo, ya que el ejecutivo de Pedro Sánchez necesita los votos de los diputados de Junts en el Congreso para garantizarse la mayoría absoluta. En este sentido, en su vídeo de este miércoles ha reiterado la voluntad de confrontar la "rebelión de algunos jueces del Supremo" contra la ley de amnistía y ha denunciado que "no parece que al Gobierno español le inquiete demasiado" [su probable detención] y que "teme que al futuro Govern de Catalunya le resultará indiferente".

"Si nos la creemos, si queremos que esta ley alcance a todo el mundo, no podemos callar ante la actitud de rebeldía, de rebelión, en la que se han bunquerizado algunos jueces del Supremo", ha afirmado el jefe de filas de Junts, que ha defendido la necesidad de una "justicia imparcial, que no tenga agenda política, que no interfiera para impedir la voluntad popular".

En este contexto, el expresident concluye que su presencia en el Parlament "tendría que ser normal" y que el hecho que se arriesgue a una "detención arbitraria" es "la evidencia de la anomalía democrática que tenemos el deber de denunciar y combatir". El futuro de Puigdemont, por lo tanto, también impactará en la legislatura estatal y en la aprobación de cuestiones como los presupuestos generales del año próximo.