José Cansado Lamata era un jornalero de Ateca (Zaragoza), afiliado a la UGT, que desapareció tras ir a prestar declaración al ayuntamiento de su localidad, en septiembre de 1936. Fue fusilado un mes después. Su hermano Antonio, sin afiliación política, fue detenido y asesinado también en octubre de ese mismo año. Ahora, el hijo y el nieto de José reclaman recuperar los restos de sus familiares, trasladados ilegítimamente al Valle de los Caídos en los años 50, pero les acaban de cerrar la última puerta que han tratado de cruzar en la justicia española: la del Tribunal Constitucional.

El recurso de amparo presentado por Jesús Cansado Pérez (nieto) y Francisco Cansado Blesa (hijo) el pasado marzo ha sido inadmitido por el alto tribunal alegando 'la manifiesta inexistencia de violación de un derecho fundamental tutelable en amparo', según la notificación a la que ha tenido acceso Público.

'Esto significa que, jurídicamente, las instancias anteriores a las que acudimos (el juzgado de San Lorenzo de El Escorial y la Audiencia Provincial de Madrid), en sus fallos no vulneran los derechos fundamentales de la Constitución, que es lo que formalmente habilita para admitir o no un caso en el Tribunal Constitucional', explica Eduardo Ranz, abogado que ha asistido a la familia.

'En el recurso de amparo se tiene que alegar la vulneración de alguno de los derechos fundamentales comprendidos en los artículos 14 a 29 de la Constitución. Nosotros alegamos la falta de tutela judicial efectiva [artículo 24.1]', aclara .

José Cansado tuvo un cargo de concejal suplente en el consistorio de Ateca tras las últimas elecciones municipales de la Segunda República. Tras la falta del edil titular, Cansado acabó ocupando su puesto. El 22 de septiembre de 1936, el alguacil del pueblo le notificó que se presentara esa misma tarde en el ayuntamiento, donde fue retenido junto a otros hombres de la localidad. Al día siguiente, se llevaron a todos en un camión hasta Calatayud, incluido Antonio, hermano mayor de José Cansado. El 30 de octubre fueron fusilados durante su traslado a Zaragoza.

Tras la inadmisión de este caso por parte del Tribunal Constitucional, la Fiscalía podría interponer recurso de súplica en el plazo de tres días. De no ser así, se archivarían las actuaciones, quedando como último recurso la elevación de la denuncia ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos que, desde hace años, está inadmitiendo a trámite casos similares.

Aun así, Eduardo Ranz confirma que acudirán a Estrasburgo antes de seis meses, el plazo legal marcado para mandar el caso ante el TEDH.