Las palabras de Alberto Garzón en The Guardian encendieron el debate sobre los efectos de las explotaciones ganaderas conocidas como 'macrogranjas'. El ministro de Consumo criticó este tipo de negocios, asegurando que contaminan el suelo y el agua, además de producir una carne de peor calidad, al provenir de animales maltratados.

"Su auge destruye el ecosistema y genera paro y despoblación en los territorios en los que se asientan". Así lo aseguran colectivos ecologistas como la plataforma Pisoraca y Comarcas Vivas ('Stop Macrogranjas').

Sin embargo, el Gobierno de Mañueco en Castilla y León ha vuelto a negar la existencia de estas explotaciones este mismo año -"el concepto de ‘macrogranja’ no entra en lo que hay en Castilla y León", aseguró en una entrevista en Antena 3-, a pesar de que el propio Partido Popular se ha manifestado en su contra varias veces.

Por su parte, Organizaciones Profesionales Agrarias (OPA) de Castilla y León y los propios ganaderos responden a los ecologistas amparándose "en la legalidad" y "el descenso de costes" que provocan para los profesionales.

"Castilla y León cuenta actualmente con 587 macrogranjas y otras 80 en trámite de aprobación". Pedro Gutiérrez, portavoz de la plataforma Pisoraca y Comarcas Vivas (‘Stop Macrogranjas’) es tajante al respecto.

Consultado por el diario Público, Gutiérrez asegura que este tipo de explotación "es una verdadera locura". "Entiendo que hace 50 o 60 años, cuando comenzaron a construirse las primeras, se toleraran porque no se sabía en qué consistían. Llega una empresa, te pone el dinero y aceptas", asegura. "Pero ahora ya se sabe que sus efectos son devastadores: no hay ni una sola zona en las que se implantan que no termine con sus aguas contaminadas, con el aumento de enfermedades en los animales por los residuos que dejan, además de un incremento de la despoblación y el paro: Por cada empleo que crean, destruyen tres", subraya Gutiérrez.

"Está claro que todos coincidimos en que España cada vez tiene menos agua. Pues bien, este tipo de granjas consumen muchísima y, además, contaminan el resto. Su contribución al cambio climático es evidente", añade.

¿Competencia desleal?

Si bien es cierto que desde las OPA de la región se incide en señalar que "no se puede criminalizar la agricultura intensiva porque el 80% de la carne que encontramos en los supermercados proviene de este tipo de explotaciones. Si procediera de la extensiva, los precios estarían por las nubes", apunta Jesús Manuel González Palacín, coordinador regional de Unión de Campesinos de Castilla y León (UCCL).

El colectivo ecologista, sin embargo, asegura que este tipo de explotaciones provocan una competencia desleal en los mercados porque lo que consiguen es "bajar el precio de todo, incluido de la extensiva".

UCCL sostiene que "todas las explotaciones deben acogerse a la regulación legal existente en cuanto a la distancia entre cabezas de animales. Todo está absolutamente regulado, hasta la gestión de los residuos". Mientras, desde ‘Stop Macrogranjas’ denuncian que "no existe un control efectivo al respecto porque faltan agentes medioambientales y administrativos para tramitar las sanciones. El Sindicato de Funcionarios ha pedido, de hecho, que estas competencias se devuelvan al Estado, al comprobar que la Junta muchas veces deja las sanciones sin cobrar", lamentan.

De hecho, los residuos son otro conflicto entre ambos, ya que los colectivos ecologistas aseguran que muchas veces "el ganado no quiere pastar en zonas abonadas con purines –residuos de origen orgánico– porque detecta que ese lugar está contaminado al contener muchos antibióticos".

Según los datos ofrecidos por la Plataforma Ciudadana Pisoraca y Comarcas vivas (Stop macrogranjas), la Universidad de Zaragoza realizó un estudio en el que se señalaba que las zonas donde se instalaban las macrogranjas, triplicaban la cantidad de antibióticos existentes en el agua.

"Cuando se instala una explotación ganadera, las licencias obligan a que esté en regla y cumpla toda la normativa. Los controles existen y todas cumplen con la legislación vigente", responde Donaciano Dujo, presidente regional de Asaja. 

Dujo añade, como hace su homólogo de UCCL, que "ni en Europa, ni es España, ni en Castilla y León existe la definición de macrogranja como tal". Ambos insisten en subrayar que es un "término despectivo acuñado por los ecologistas, pero que no está definido con exactitud".

"En Castilla y León hay explotaciones de todos los tamaños, pero la inmensa mayoría son familiares. No olvidemos que la rentabilidad por unidad de ganado cada vez es menor y nos obligan a tener un mayor tamaño nuestras explotaciones para que sean rentables", apunta Donaciano Dujo.

"Los costes de producción son muchos y, o tenemos tamaño, o no existen las explotaciones y nos quedamos sin alimentación. Entonces, deberíamos adquirir los productos desde fuera y ahí sí que aumentaría la contaminación al tener que abusar del transporte de la carne para traerla del extranjero", lamenta el presidente de Asaja Castilla y León.

"La calidad de la carne es la misma"

Por su parte, Emilio Ortega, ganadero de charolés de la localidad salmantina de Santa Olalla de Yeltes, también huye del conflicto entre la ganadería extensiva e intensiva: "Seguro que te ponen un chuletón de una y otra forma de ganadería y no notas la diferencia. La calidad es la misma", asegura.

"España es el país más seguro en cuanto a sanidad animal y el resultado es una carne de calidad extrema. A mí no me preocupa la polémica existente, pero sí tengo cierta inquietud de que en el extranjero se diga que la carne en España no es buena, porque eso sí nos podría afectar a los ganaderos", reconoce Ortega.

"Por supuesto, en nuestro mundo habrá mejores y peores profesionales, como en todo, pero no estoy preocupado por este tipo de granjas porque se pueden contar con los dedos de la mano. Yo me dedico a la ganadería extensiva porque trabajo la genética, y mis clientes deberían ver cómo están de bien tratados mis animales. Se iban a sorprender", puntualiza este ganadero salmantino.