SEVILLA.- Susana Díaz va a relanzar esta semana la agenda social de su Gobierno para tratar de amortiguar el serio desgaste que ha sufrido su figura política tras la crisis interna del PSOE. La presidenta de la Junta, líder de los socialistas andaluces, ha quedado muy expuesta en la trifulca que ha vivido su partido en las últimas semanas, y que se saldó con la dimisión forzada de Pedro Sánchez.

En su círculo más próximo reconocen que ahora, dentro y fuera del PSOE, identifican a Susana Díaz como la gran urdidora de la operación para descabalgar a Sánchez, a costa de zarandear los cimientos del partido y abrir una fractura entre las bases y el aparato orgánico. Y lo que es peor: ha quedado señalada como la principal valedora de la abstención a la investidura de Mariano Rajoy, a pesar de que ella nunca ha defendido esta opción en público.

Para rescatar su imagen pública, Susana Díaz se ha refugiado en su perfil más institucional, distanciándose táctica y provisionalmente de los asuntos internos del PSOE para asumir el protagonismo de dos anuncios de gran impacto social que ha hecho la Junta en menos de 48 horas.

La presidenta andaluza ha firmado esta mañana un acuerdo con la patronal y los sindicatos para que el Ejecutivo autonómico introduzca cláusulas sociales en los contratos públicos, de manera que las adjudicatarias que contraten con la Administración andaluza tendrán que cumplir una serie de requisitos que hasta ahora no existían, como primar el empleo estable sobre el temporal, favorecer la conciliación familiar más allá de lo que marca la Ley estatal de Igualdad o velar por el medioambiente. Se trata de una guía con los requisitos contractuales que exigirá en el pliego de condiciones para subcontratar o conveniar algún servicio público.

Estas cláusulas sociales, que se aprobarán directamente por vía decreto el próximo 25 de octubre, afectarán a todos los contratos de bienes y servicios de la Junta de Andalucía, que alcanza un volumen de contratación al año superior a los 6.000 millones de euros. Entre las cláusulas obligatorias destacan éstas: Las empresas que contraten con la Junta no podrán pagar a sus empleados por debajo del convenio colectivo de su sector; y el Gobierno autonómico cancelará automáticamente los contratos con empresas adjudicatarias que se retrasen dos meses en el pago de nóminas a sus trabajadores.

Esta última medida, pionera en España, se desprende de tres directivas europeas que aún no han sido desarrolladas por el Gobierno central (dado su situación en funciones), pero que Andalucía ha decidido sacar adelante por su cuenta. Las cláusulas sociales en la contratación pública se anunciaron por primera vez hace años, con otro presidente –José Antonio Griñán–, pero es ahora cuando parece estar a punto de llegar al BOJA. Con todo, la Consejería de Hacienda advierte de que la Junta tiene “un margen estrecho” para imponer cláusulas a las empresas con las que contrata determinados servicios, porque el marco legal lo establece la Ley estatal de Contratos.

Díaz ha escenificado la alianza de su Administración con los agentes sociales en una comparecencia conjunta con el presidente de los empresarios andaluces, Javier González de Lara, y los líderes sindicales de UGT, Carmen Castilla, y de CCOO, Francisco Carbonero. Todos han destacado que el paso dado este lunes por el Ejecutivo andaluz en defensa del empleo digno debe servir de ejemplo a ayuntamientos, diputaciones y al Gobierno central.

Un pulso judicial a Rajoy

Pero no es la única medida social que ha relanzado la Junta. El Consejo de Gobierno prevé aprobar este martes un decreto que permitirá a los empleados públicos de la Administración andaluza recuperar la jornada de 35 horas semanales a partir del 1 de enero, revertiendo así una ley del Ejecutivo central de 2012 que amplió la jornada laboral a 37 horas y media. Se trata, previsiblemente, de una ley andaluza con poco recorrido legal, pero con fuerte impacto político.

Con este paso, el Gobierno de Susana Díaz reta al gabinete de Mariano Rajoy a recurrir esta medida en los tribunales, como ya hizo cuando fue aprobada previamente por el Ejecutivo de Castilla La Mancha, del País Vasco o recientemente por el Ayuntamiento de Madrid. En todos estos casos la recuperación de las 35 horas semanales ha sido paralizada en los tribunales, y en el supuesto de Castilla La Mancha, ha sido el Tribunal Constitucional quien ha fallado definitivamente en contra.

Sin embargo, Díaz ha querido seguir adelante con el decreto, porque así se comprometió hace tres meses con los sindicatos de la Función Pública, y porque aunque los jueces tumben la norma andaluza, su determinación a sacarla adelante le afianza el apoyo de los sindicatos, a la par que logra culpabilizar al PP-A, principal partido de la oposición, “por alinearse con el Gobierno de Rajoy en contra de los intereses de los andaluces”. Los populares la han acusado de tacticismo político y le afean que despierte falsas expectativas entre los funcionarios andaluces, “porque sabe a ciencia cierta que la jornada de 35 horas semanales va contra la legislación actual”.

El movimiento que ha dado Susana Díaz no es baladí. En 2012, el Gobierno de Rajoy aprobó el aumento de la jornada semanal dentro de una batería de medidas de recortes con objetivo de lograr la estabilidad presupuestaria, frenar drásticamente el gasto público y reducir el déficit. Fue una ley muy contestada que tuvieron que aplicar y desarrollar las comunidades autónomas y los ayuntamientos.

En el caso de Andalucía, la Junta trató de amortiguar sus efectos para la plantilla sanitaria y así, en lugar de prescindir de personal laboral, redujo la jornada y el salario al 75% (esta medida ha estado vigente hasta hace poco, que la Consejería de Salud repuso el 100% de la jornada a médicos y enfermeros). En el ámbito educativo el aumento de la jornada laboral a 37,5 horas fue más pernicioso, porque supuso la salida del sistema escolar de más de 4.500 profesores interinos.

Los recortes que el Gobierno andaluz acometió entre 2011 y 2012 tuvieron un impacto tremendo en el sector público. En plena precampaña para las elecciones andaluzas de aquel año, los funcionarios salieron a la calle en manifestaciones masivas, escraches a los miembros del Ejecutivo socialista, y continuas huelgas. El PP estuvo entonces alineado con esas protestas, a pesar de que muchas de las medidas adoptadas por la Junta venían impuestas por la legislación estatal. Ahora Díaz juega a darle la vuelta a la tortilla, y aprobará un decreto para anular una ley del Gobierno que no tiene competencias para anular, pero que le servirá para construir un relato en contra de Rajoy, en contra del PP andaluz y a favor de los empleados públicos.