Este jueves se inaugura el nuevo año judicial a cargo, por primera vez, de un presidente del Supremo que no lo es a la vez del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Francisco Marín Castán, presidente interino del Supremo, asumirá el discurso inaugural ante el rey en el Salón de Actos del Alto Tribunal con el foco puesto previsiblemente en el colapso que sufre el Supremo, con una merma que se acerca al 30% de su plantilla. 

De los 79 magistrados que componen el Tribunal Supremo, son 23 las vacantes que no se pueden cubrir debido a la ley que impide al CGPJ en funciones hacer nombramientos en la cúpula judicial. Hay que recordar que el Consejo tiene el mandato prorrogado desde el 4 de diciembre de 2018, es decir, cuatro años y nueve meses. El próximo mes de diciembre se cumplirán cinco años, lo que implicará que el CGPJ llevará el mismo tiempo de funcionamiento con el mandato constitucional que con el mandato caducado.

La caducidad del CGPJ ha provocado que en estos momentos el Supremo esté dictando más de mil sentencias menos al año. Solo la Sala de lo Contencioso-Administrativo y la de lo Social dictan entre ambas 1.200 fallos anuales menos por la sobrecarga de trabajo que suponen las vacantes. 

La Sala de lo Contencioso, que cuenta con 12 de sus 33 plazas vacantes, es una de las más afectadas. Es el destino al que regresó Carlos Lesmes tras su renuncia a la presidencia del Supremo y del CGPJ en octubre de 2022 como protesta por la falta de acuerdo entre el PSOE y el PP para renovar el CGPJ.  

Bicefalia en el CGPJ y el Supremo

El año pasado, el curso judicial lo inauguró Lesmes, nombrado presidente del Consejo y del Supremo en 2013. Precisamente al finalizar el acto de apertura del año judicial 2022-2023, anunció a la prensa su intención de dimitir. Su renuncia ahondó más la crisis del CGPJ, provocando la bicefalia del Consejo y del Supremo, que siempre han contado con el mismo presidente, según marca la ley. 

Hubo una excepción en 2012 a raíz de la renuncia de Carlos Dívar a la presidencia del CGPJ y por ende a la del Supremo debido a los escándalos por sus gastos de representación. Entonces, la presidencia del Consejo la ocupó de manera interina durante un mes el vocal Fernando de Rosa, por entonces vicepresidente del CGPJ, figura que desapareció tras ser creada la vicepresidencia del Supremo. De hecho, Fernando de Rosa fue el último vicepresidente del CGPJ.

Carlos Lesmes anunció a su sucesor, Francisco Marín Castán, presidente de la Sala de lo Social del Supremo, que ocupa interinamente la vicepresidencia del Alto Tribunal tras el cese por jubilación, en octubre de 2019, de su titular, Ángel Juanes. 

Pero en el CGPJ no aceptaron la imposición y nombraron presidente suplente al vocal con más edad, Rafael Mozo, que tras su jubilación este verano, ha sido sustituido por el siguiente consejero con más edad, Vicente Guilarte. 

Un CGPJ bajo mínimos

Precisamente la jubilación de Rafael Mozo ha sumado una nueva baja en un Consejo constituido en 2013. En todos estos años, el CGPJ ha pasado de tener los preceptivos 20 vocales más el presidente a disponer solo de 16 consejeros, incluido el presidente suplente.

Durante los cuatro años y nueve meses que lleva el CGPJ con el mandato prorrogado se han producido las renuncias de Carlos Lesmes y de la vocal Concepción Sáez; además de la jubilación de Mozo y de Rafael Fernández Valverde y el fallecimiento de Victoria Cinto. 

La mayoría conservadora en el CGPJ es cada vez más apabullante, según se han ido sucediendo las bajas. En estos momentos, son 10 vocales conservadores, incluido el presidente Guilarte, y seis de tendencia progresista.

Euroórdenes contra Puigdemont e indultos

Entre los asuntos más trascendentales que tiene pendiente resolver el Tribunal Supremo se encuentra el asunto de las euroórdenes contra el expresidente catalán Carles Puigdemont y su exconsejero Toni Comín. 

El juez de la Audiencia Nacional Pablo Llarena decidió el pasado mes de julio que no reactivará las euroórdenes hasta que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) se pronuncie sobre el previsible recurso que Puigdemont y Comín han anunciado que presentarán sobre la pérdida de su inmunidad parlamentaria.

Por su parte, la Sala de lo Contencioso-Administrativo debe pronunciarse sobre los recursos de Vox, PP y C's contra los indultos a los líderes del 'procés'. La Sala había inadmitido los recursos al considerar que los partidos no estaban legitimados para recurrir indultos, pero meses después, en mayo de 2022, cambió de parecer. 

La Sala Tercera del Supremo decidió entonces estudiar los recursos y deliberar sobre la legitimación de los partidos en la propia sentencia.