La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha inadmitido a trámite la querella presentada por la Asamblea Republicana de Vigo contra la fiscal General del Estado, Dolores Delgado, y contra el director general de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), Jesús Gascón, por presunta prevaricación, ante una "intolerable dejación de sus obligaciones" frente a los supuestos delitos fiscales que habría cometido el rey emérito, Juan Carlos I.

El auto, del que ha sido ponente la magistrada Carmen Lamela y al que ha tenido acceso Europa Press, señala que la querella se limita a narrar unos hechos que imputa a la Fiscal General del Estado, sustentados en la información periodística aparecida en diversos medios informativos, que, desde su perspectiva, considera ocurridos, "pero sin que acompañe a su denuncia datos objetivos y accesibles de la realidad de lo sucedido en cuanto a la intervención de la persona aforada Señora Delgado", por lo que inadmite la querella y ordena el archivo de las actuaciones. 

La querella relataba la información de la que la Asamblea había tenido conocimiento a través de la prensa extranjera y nacional, relativa a determinadas comisiones cobradas por el rey emérito y pagadas por consorcios españoles, a operaciones realizadas a través de las fundaciones Lucum y Zagastka de las que el primero resultaría beneficiado, y también sobre la utilización de unas tarjetas de crédito con cargo a una cuenta en la habría sido ingresado dinero como regalo por parte de un empresario amigo de origen mexicano.

Los querellantes describían asimismo determinadas investigaciones llevadas a cabo por la Fiscalía Europea, por el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional (pieza Carol del macrosumario que investiga las actividades del comisario jubilado José Manuel Villarejo y por la Fiscalía Anticorrupción), así como actuaciones a la Fiscalía del Tribunal Supremo en las que se informa de la posible comisión de un delito fiscal y de un delito de blanqueo de capitales.

Seguidamente, los querellantes atribuían a los querellados la omisión de distintas actuaciones contra el rey emérito dentro de sus respectivas competencias que se desarrollaban en ámbitos, judicial y administrativo, totalmente diferentes e independientes y sin conexión alguna entre ellas, razona el Supremo. Y no se les atribuye además "ninguna actuación conjunta o concertada", añade la resolución dada a conocer este jueves. 

El Supremo subraya en su auto que la Asamblea Republicana de Vigo no ofrece elemento o principio de prueba que avale razonablemente la verosimilitud de la realidad de los hechos contenidos en la querella en lo que se refiere a la intervención de Dolores Delgado, "limitándose a afirmar su existencia sin ningún apoyo objetivo". A ello se suma que además el hecho de que la Fiscalía del Tribunal Supremo esté tramitando actualmente diligencias de investigación referidas a las actividades del exmonarca. 

Según explicó a Europa Press el abogado tributarista que ha redactado la querella, Antón Beiras, la nueva regularización fiscal del rey emérito, por el IRPF y por 4,4 millones de euros, "significaría que ni la AEAT ni la Fiscalía han abierto una inspección tributaria o una investigación penal formal" ante Juan Carlos I.

Recordó para que esa regularización "sirva de excusa absolutoria en el ámbito penal", debe producirse de forma "espontánea y veraz", es decir, que no haya previamente una inspección tributaria ni una investigación formal.