El Supremo desestima la suspensión cautelar de la sanción a la jueza Pilar de Lara y ella avisa que recurrirá

La Sala III del Tribunal Supremo ha acordado que no da lugar a la suspensión cautelar de la sanción de siete meses y un día de suspensión de funciones impuesta por el Consejo General del Poder Judicial a la jueza Pilar de Lara por una falta muy grave de desatención prevista en el artículo 417.9 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

El Supremo rechaza la suspensión cautelar pedida por la jueza, que ponía de manifiesto que la sanción implicaba la pérdida de destino y con ello graves perjuicios personales y familiares.

La Sala contesta que "ante los hechos declarados probados en vía administrativa y que han determinado la imposición de la sanción, la ponderación de intereses debe inclinarse en favor del interés general del buen funcionamiento de la administración de justicia, que requiere que se cumplan las sanciones impuestas por conductas gravemente contrarias al mismo, sin perjuicio de lo que se resuelva en sentencia".

Respecto a los supuestos perjuicios derivados de la pérdida de destino, destaca que nada impide que una hipotética sentencia favorable le restituya en el juzgado en el que ahora desempeña sus funciones. "No hay por tanto pérdida de finalidad del recurso ni en cuanto a la plaza que ocupa ni en cuanto a las restantes consecuencias económicas o profesionales", dice el auto.

El letrado defensor de la jueza sancionada informa que le quedan 20 días para presentar recurso ante el Supremo pero ya apunta que prolongará el caso todo lo que pueda. Sobre las medidas cautelares solicitadas para que pueda seguir en su juzgado mientras falla el Supremo asegura que no hay noticias.

 Pilar de Lara fue objeto de sanción por el Consejo General del Poder Judicial, lo que implica pérdida de destino, por dilaciones "indebidas" y "desatención" en causas que lleva, como la llamada Carioca sobre redes de prostitución, o Pokémon sobre mordidas a políticos a cambio de adjudicaciones públicas.

Presentará un recurso

La jueza Pilar de Lara presentará un recurso ante la negativa del Tribunal Supremo a suspender cautelarmente la sanción. Así lo ha confirmado a EFE el abogado Agustin Azparren, letrado que ha defendido a la jueza Pilar de Lara en el proceso disciplinario por retrasos injustificados del Consejo General del Poder Judicial.

Ha explicado que la defensa aún tiene la posibilidad de recurrir esa resolución ante el Supremo, además de confirmar que, en este momento, dispone de nueva documentación, pruebas de las que carecía cuando presentó el primer recurso, cuya resolución acaba de conocerse.

En relación con la resolución del Tribunal Supremo que hoy se ha conocido, el letrado ha dicho que "las estadísticas" ya eran "muy negativas" para los intereses de la magistrada, "porque en treinta años" solo fueron estimadas "dos" solicitudes de suspensión cautelar de sanciones impuestas por el Consejo General del Poder Judicial.

"No hay pérdida de finalidad del recurso ni en cuanto a la plaza que ocupa ni en cuanto a las restantes consecuencias económicas o profesionales", dice el auto

Ha reconocido que "había ciertas posibilidades" por las "peculiariades" y las "circunstancias excepcionales de este caso", pero también ha apuntado que lo sucedido es lo que normalmente ocurre con este tipo de recursos.

Cuestión aparte es el recurso presentado, también ante el Tribunal Supremo, sobre "el fondo" de la sanción, dado que "ese sigue su curso", ha recordado.

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) impuso a la magistrada siete meses y un día de suspensión de funciones por una falta muy grave de "desatención o retrasos injustificados en la instrucción" y por tomar decisiones que, con "manifiesto abuso procesal", causaban ficticios incrementos del volumen de trabajo.

Aunque ella culpó a los funcionarios del Juzgado, el órgano de gobierno de los jueces concluyó con dicha sanción el expediente. La jueza recurrió al Supremo cuya Sala de lo Contencioso-Administrativo ha acordado en un auto rechazar la suspensión cautelar de la sanción mientras resuelve su recurso. La magistrada alegó que la sanción implicaba la pérdida de destino y con ello graves perjuicios personales y familiares.