Superávit de los ayuntamientos La Federación de Municipios y Provincias aprueba la propuesta sobre el superávit con el único voto a favor del PSOE
La propuesta de Hacienda no ha concitado consenso como es habitual en los acuerdos de la FEMP.
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madrid, Actualizado:
La Federación de Municipios y Provincias (FEMP) ha aprobado este lunes el documento de Hacienda que permite a los ayuntamientos utilizar el superávit y lo ha conseguido con el único voto a favor del PSOE que ha suscitado un empate, roto por el voto de calidad del presidente, el socialista Abel Caballero.
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La propuesta de Hacienda no ha concitado consenso como es habitual en los acuerdos de la FEMP. La Junta de Gobierno ha logrado un empate: 12 votos socialistas a favor y 12 en contra (10 del PP, uno de Cs y otro del PdeCat); la abstención de IU-Podemos y el empate generado ha permitido recurrir al reglamento y el presidente y regidor socialista ha inclinado la balanza hacia el acuerdo.
Según fuentes de la negociación, el hecho de que el acuerdo no preste suficiente atención a los municipios sin remanentes ha llevado a votar en contra a PP, Cs y PdeCat, mientras que IU-Podemos ha optado por la abstención al entender que se habían introducido mejoras en el texto y esperaban seguir avanzando en la tramitación parlamentaria.
El acuerdo ha llegado tras semanas de negociación entre Hacienda y la cúpula de la FEMP
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En reglamento interno de la FEMP en su artículo 29 señala que en votaciones con resultado de empate decide el voto de calidad del presidente. El acuerdo ha llegado tras semanas de negociación entre Hacienda y la cúpula de la FEMP para aprobar un documento que permita a los ayuntamientos usar el superávit y salvar la legislación actual que les impide, con carácter general, usar sus remanentes de tesorería.
5.000 millones a fondo perdido
El texto aprobado ofrece a los ayuntamientos que pongan sus remanentes a disposición del Estado una aportación de los Presupuestos Generales del Estado de 5.000 millones de euros a fondo perdido e incorpora una "resolución política" de última hora que atiende a las entidades locales sin liquidez, uno de los puntos de más reivindicados por las formaciones políticos.
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Según esa resolución, se crea un grupo de trabajo en la Comisión de Hacienda de la FEMP encargado de proponer medidas y actuaciones dirigidas a los gobiernos locales sin remanentes y con problemas de financiación local, además de un "seguimiento detallado" en el ámbito local de la distribución de recursos procedentes de los fondos europeos.
El acuerdo mantiene la propuesta de transferir a los ayuntamientos 2.000 millones de sus remanentes este año
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El acuerdo mantiene la propuesta de transferir a los ayuntamientos 2.000 millones de sus remanentes este año y 3.000 millones el que viene, y se compromete a la devolución del cien por cien de lo entregado en diez años, a partir de 2022.
En este sentido, el acuerdo entiende que los ayuntamientos podrán usar este dinero en actuaciones que se desarrollen en el ámbito de la agenda urbana, movilidad sostenible, cuidados de proximidad y cultura al objeto de que las entidades locales tengan un papel destacado en la reconstrucción del país tras la emergencia sanitaria.
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Compensar el déficit de los servicios de transporte
También contempla con cargo a los presupuestos un fondo extraordinario de 275 millones para compensar el déficit de los servicios de transporte de competencia municipal durante la pandemia. Ese fondo se podrá ampliar hasta los 400 millones de euros.
Ese fondo se podrá ampliar hasta los 400 millones de euros
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En este último documento se establecen mecanismos de apoyo a los municipios con problemas de liquidez o en riesgo financiero, se acuerda no exigir a los ayuntamientos el cumplimiento de la regla de gasto en 2020 y el compromiso de estudiar su ampliación para 2021. Además, se incorpora que las entidades locales participen de forma directa como beneficiarias del fondo de recuperación aprobado por la Unión Europea y se constituya una mesa de trabajo para la futura reforma de la financiación local.
Por último, las medidas recogidas en el acuerdo se deberán regular en una norma con rango de ley, en la que se establezcan plazos o procedimientos que permitan agilizar su aplicación.