La propuesta de Susana Díaz de nombrar al excoordinador regional de IU, Diego Valderas, comisionado para la Memoria Histórica ha desencadenado el mayor choque entre PSOE y la coalición de izquierdas desde que rompieron su pacto de Gobierno en la pasada legislatura.

Los exsocios nunca habían estado tan enfrentados como ahora: el actual líder de IU, Antonio Maíllo, ha pedido a Valderas que no acepte el puesto. No le parece “coherente” que un miembro destacado de su formación ocupe un cargo en un Gobierno socialista “del que ni forma parte ni apoya ni sostiene”. Díaz, en cambio, reconoce a Valderas como “una persona de prestigio” y replica que tanto su nombramiento como su cargo no dependerán del Ejecutivo, sino del Parlamento, donde están representados todos los grupos. “Nadie mejor que él para coordinar el desarrollo de dicha ley”, afirma la presidenta, tras recordar que él fue uno de sus impulsores en el mandato anterior.

Lo cierto es que se sabe poco de las funciones y competencias del comisionado para la Memoria Histórica, porque la figura como tal no existe, no aparece en la nueva Ley andaluza de Memoria, que entró en vigor hace apenas dos meses. Ni el PSOE ni ningún otro grupo propuso la creación de esta figura durante el trámite de enmiendas parciales, sin embargo, hace cuatro meses Díaz ya había tanteado a Valderas para ocupar este puesto.

En 2010, al abrigo de la Ley estatal de Memoria de Zapatero, la Junta creó la figura del comisario de la Memoria Histórica, un nombramiento que sí dependía del Ejecutivo, y que estaba adscrito a la Consejería de Justicia (el titular era Juan Gallo, que entonces contaba con el favor del resto de fuerzas). El nuevo comisionado, ¿tendrá un sueldo de la Junta? ¿Lo nombrará también el Consejo de Gobierno o lo elegirá el Parlamento y tendrá que responder ante él? ¿Contará con un equipo de trabajo? ¿Cuál será su presupuesto y de qué partidas se detraerá el dinero? ¿Qué funciones hará, distintas a las que ya desempeña la Dirección General de Memoria, dependiente de la Consejería de Cultura?

Fuentes del Gobierno andaluz han revelado algunos detalles más de la propuesta de Díaz, que aún está muy verde. Por ejemplo, para crear la figura del comisionado de Memoria, no será estrictamente necesario modificar la reciente ley, como se anunció al principio. Podría bastar con un desarrollo reglamentario, puesto que la norma contempla la creación del Instituto andaluz de la Memoria, aún por definir. El comisionado podría ser una figura adscrita a dicho órgano.

Otro dato: en caso de ser elegido, Valderas sí cobrará un sueldo público y contará con un equipo de trabajo. La Junta aún no ha cuantificado su nómina, pero confirma que será “la que corresponde a la naturaleza de su nombramiento”. Díaz ha dicho que el puesto de comisionado de Memoria Histórica no dependerá del Ejecutivo, sino del Parlamento. Su designación será debatida y votada por todos los grupos, que tratarán de buscar un consenso. La misma fórmula que para los órganos de extracción parlamentaria, como el Defensor del Pueblo andaluz, la Cámara de Cuentas y el Consejo Audiovisual (los tres controlan y fiscalizan en cierta medida la labor del Gobierno autonómico).

El Defensor, Jesús Maeztu, cobra 63.428,46 euros brutos al año, su oficina cuenta con 67 empleados y un presupuesto anual de 4,5 millones (en 2017); el presidente de la Cámara de Cuentas, Antonio López, tiene el mismo salario y presupuesto; y la presidenta del Consejo Audiovisual, Emelina Fernández, percibió el pasado año 62.800,44 euros. Las retribuciones se adaptan a lo que cobra un consejero, y es lo que la Junta estaría sopesando pagar a Valderas, si su oficina adquiere el mismo estatus dependiente del Parlamento. “Lo normal es que tenga retribución por las competencias que va a desarrollar”, explica el portavoz Miguel Ángel Vázquez. El sueldo anual de Susana Díaz es de 64.446,36 euros.

“No es otra operación Rosa Aguilar”

El pulso PSOE-IU parte de un debate simple: ¿Quién ficha a Diego Valderas: el Gobierno socialista de Susana Díaz o el Parlamento, que representa a todos los andaluces? La Junta asegura que el fichaje de Valderas “no es otra operación Rosa Aguilar”, en referencia a otra histórica exdirigente de IU, que ahora es consejera de la Junta y afiliada al PSOE. Díaz insiste en que el nombramiento y el papel del comisionado de la Memoria estará en manos del Parlamento, igual que el Defensor.

Las personas que representan a la Oficina del Defensor del Pueblo, de la Cámara de Cuentas (ambas instituciones blindadas en el Estatuto) y del Consejo Audiovisual son elegidas por los grupos políticos: cada uno propone nombres de candidatos y luego entre los mismos seleccionados votan a su presidente. El elegido debe someterse a una especie de examen ante los diputados de la Comisión de Nombramientos de la Cámara, donde le interrogarán sobre su trayectoria, currículum, etc… La designación final debe pasar por el pleno del Parlamento y contar con el apoyo de tres quintas partes de los diputados.

El nombramiento del Defensor tiene un arranque diferente. Es la Comisión Consultiva de Nombramientos, Relaciones con el Defensor del Pueblo Andaluz y Peticiones quien propone al pleno de la Cámara “al candidato o candidatos a Defensor”. El nombre que sale adelante debe contar con mayoría simple en dicha comisión. Para designar a Valderas, bastaría con los votos de PSOE y Ciudadanos, tanto en comisión como en la votación en el pleno (tres quintas partes).

Otra opción es que el comisionado de la Memoria sea una figura similar a la del presidente del Consejo Consultivo o, más recientemente, del Consejo Andaluz de la Transparencia, que también fueron nombrados por el Parlamento (por tres quintas partes), pero a propuesta del Consejo de Gobierno. En ambos casos dependen de la Consejería de Presidencia y, por tanto, es una fórmula que implica el veto de IU al nombre de Valderas. También el Consejo Audiovisual depende presupuestariamente de Presidencia, aunque la elección de sus miembros se haga en el Parlamento.

Sobre el papel, lo poco que el Gobierno andaluz ha dicho respecto a las funciones del comisionado -“se encargará de pilotar el desarrollo de la ley”- se asemejan mucho a las responsabilidades que ahora tiene encomendadas el actual director general de Memoria, Javier Giráldez, que es quien ha conducido la ley hasta ahora y quien más en contacto ha estado con las asociaciones memorialistas y las víctimas del franquismo que aún buscan a sus familiares en fosas comunes.

Díaz no ha aclarado cómo se va a resolver esa duplicidad de funciones y cómo pretende explicárselo a su socio actual, Ciudadanos, que aunque es receptivo al nombramiento de Valderas, nunca estuvo a favor de la creación de nuevos entes instrumentales de la Junta. Al contrario, la formación naranja le ha declarado la guerra a las agencias públicas “superfluas”, usando el mismo concepto de “Administración paralela” que esgrime el PP. Este mismo argumento lo utilizaron para oponerse a la creación del futuro Instituto andaluz de la Memoria, que aparece en la ley.

La rectificación de Valderas

El pasado 15 de febrero, justo un mes antes de que el Parlamento aprobara la Ley andaluza de Memoria y cuando los grupos aún debatían las últimas enmiendas al articulado, Diego Valderas, desmintió categóricamente en una entrevista televisada su hipotético regreso a la política de manos de Susana Díaz. El veterano exdirigente de IU admitió que “emisarios políticos” de Díaz le habían sondeado, convencidos de que “su paso por el Gobierno había dejado un cierto sabor positivo en los andaluces”, pero Valderas descartó de plano la posibilidad de entrar en un Ejecutivo del PSOE. “Yo soy como el junco. Soy una persona de ideas, estoy anclado en el suelo, en mi territorio y en mi identidad política”, dijo, durante una entrevista en Onda Luz.

Ante la insistencia del periodista -“Entonces, ¿usted nunca hubiese aceptado eso?”- Valderas responde: “No, creo que no. No estoy yo para aceptar esas cuestiones. Después de tantos años de experiencia política, situarse uno en algo que sea apartarse de su fuerza política, a mí no me parece correcto. A mí lo que me parece correcto es estar a lo que mi fuerza política diga. Y el día en el que, a lo mejor, mi fuerza política no me convenza, pues será el día que yo diré, primero que nadie, que tengo una situación de libertad, y como tal libertad, puedo expresar o coger el camino que a mí más me guste”.

Las palabras de Valderas resuenan ahora como truenos en los tímpanos de la actual dirección de IU, que ha desautorizado a su exlíder por haber aceptado el cargo ad hoc que le ha ofrecido Díaz. Maíllo emitió un duro comunicado el lunes exigiendo a Valderas que no aceptase el puesto, ya que “como ex miembro de los órganos de dirección de IU Andalucía e IU Federal, no puede actuar al margen de nuestra organización”, y reclamando a Susana Díaz que no metiera “sus sucias manos” en IU. Ésta le ha pedido que no insulte.

El trasfondo de esta bronca política está en que el excoordinador regional de IU, jubilado desde enero, se ha significado ahora como parte del sector crítico de su formación contra la actual dirección de Antonio Maíllo y su apuesta por la confluencia con Podemos. Valderas ha expresado públicamente sus recelos a converger con la formación morada en una situación de debilidad, echando por tierra la trayectoria, experiencia y cultura política de IU. “Desaparecer, diluirnos, confundirnos o que nos absorban, a mí no me parece que sea el camino”, advierte, “podemos confluir, pero siempre desde la autonomía política y la soberanía”.

Esas discrepancias entre Valderas y su sucesor, Antonio Maíllo, suenan más descarnadas ahora que faltan pocas semanas para la asamblea regional de IU que deberá renovar la nueva ejecutiva y al coordinador. Detrás de Valderas hay un grupo de personas, contrarias a la confluencia con Podemos, que planea presentar una candidatura alternativa a Maíllo. El Partido Comunista de Andalucía (PCA) amenazó este martes al exlíder de IU con la apertura de un expediente en caso de que no rectifique y rechace el cargo propuesto por Susana Díaz.