La nueva directiva del PSOE gallego, dirigida por Valentín González Formoso, ha añadido leña al fuego de la división interna que padece la formación desde que el alcalde de As Pontes y presidente de la Diputación Provincial de A Coruña le ganara las primarias a la Secretaría General del partido al exportavoz del grupo Gonzalo Caballero.

La semana pasada, la dirección de Formoso filtró a los medios que abriría expediente al diputado autonómico Martín Seco, próximo a Caballero, por una intervención en el Parlamento de Galicia en la que anunciaba que su grupo votaría a favor de una ley impulsada por el PP por indicación de "la dirección política del partido".

El PSdeG había sido muy crítico durante la tramitación parlamentaria de esa norma, para la que varios diputados del grupo habían propuesto que se adoptara, como mucho, una abstención crítica, que había sido su posición en la comisión que la estudió. Pero todos, incluido Seco, se atuvieron a las instrucciones que les había transmitido la dirección de Formoso, respetaron la disciplina de partido y la norma salió adelante en el pleno con los 42 votos del PP y los 14 del PSOE.

Acto seguido, sin embargo, fuentes próximas al secretario xeral aparecieron en varios medios gallegos anunciando que Seco sería expedientado porque sus declaraciones desde la tribuna podían "menoscabar la imagen del partido". Aseguraron incluso que el diputado se había situado "más fuera que dentro" de la formación.

Lo cierto es que del visionado completo de la intervención de Seco, cuyo video acompaña a este artículo, parece difícil deducir tal extremo, más allá de su intención de explicar el por qué del sentido del voto socialista, pero sin cuestionar ni criticar en ningún momento el cambio de posición del grupo.

Fuentes del entorno de Formoso confirmaron a Público que la "decisión política" de abrir procedimiento sancionador contra Seco "está clara" y se hará efectiva la próxima semana. Añadieron que lo que expresó en su discurso había "comprometido la posición del partido" y que en el expediente se añadirán además otros elementos del "historial" del diputado, que sin embargo no quisieron especificar.

"Voy a enviar una carta a la Comisión Federal de Ética y Garantías del partido para denunciar la situación de indefensión en la que me encuentro", explica Seco a este diario, lamentando "un anuncio de expediente a través de los medios por una acusación que cualquiera puede comprobar que es falsa viendo el vídeo de mi intervención".

"Un anuncio del que no tengo información alguna y que se agrava además por las declaraciones de compañeros que me dan por expulsado del partido sin tener siquiera oportunidad de explicarme ni de defenderme". "Llevo militando en el PSOE casi desde que era niño, me siento vilipendiado y víctima de una situación injusta e injustificada", añade.

Por su parte, Formoso se negó a comentar el asunto: "La ciudadanía no está para anécdotas de lo que ocurre en el Parlamento de Galicia, y menos yo", dijo.

Fuentes del sector de Caballero aseguran que el anuncio de expediente a Seco es "un grave error", no sólo porque lo entienden como una acusación falsa e injusta "que no va a funcionar como amenaza para el resto" del sector opositor; sino porque, a su juicio, resulta "contraproducente" que la propia dirección haga públicas las diferencias internas "en el momento de mayor debilidad del PPdeG". "Esto es un balón de oxígeno para Rueda, es como decirle a los electores que defendemos lo mismo que el PP y que quienes no se suman con entusiasmo a esa postura sufrirán las consecuencias", subrayan.

Cuando Formoso accedió a la secretaría general del PSdeG -ganó las primarias con el 59% del total de votos gracias al apoyo obtenido en las provincias de A Coruña y Lugo, aunque Caballero venció con el 63% y el 56% en  Pontevedra y Ourense- prometió "coser" las heridas del partido e integrar en su proyecto a su rival y a los partidarios de éste, y a hacerles partícipes en los procesos de toma de decisiones.

Sin embargo, éstos opinan que no ha sido así, y alertan de que, al contrario, ni siquiera se les informa de esas decisiones aunque resulten relevantes para su trabajo orgánico o en el Parlamento.

Entre ellas citan la reciente denuncia de José Manuel Lage Tuñas, teniente de alcalde en el Ayuntamiento de A Coruña, que preside Ines Rey, y secretario de Organización de Formoso, que no tiene escaño en el Parlamento de Galicia pero que hace dos semanas anunció que el PSdeG solicitaría una comisión de investigación para aclarar el supuesto desvío de 159 de los 418 millones de euros de los fondos que el Estado transfirió a la Xunta durante la emergencia sanitaria, y que, según Lage, no habían sido destinados a combatir la covid.

La denuncia se basaba en un informe del Consello de Contas de Galicia publicado a finales de julio que no cuestionaba la forma en que la Administración autonómica gastó ese dinero, dado que se trataba de partidas no finalistas que las comunidades autónomas podían emplear en lo que quisieran, y no sólo en la lucha contra la epidemia.

Fuentes conocedoras del caso han asegurado a este diario que fue "una metedura de pata", porque 14 de las 17 comunidades españolas que recibieron esos fondos los gastaron en materias no vinculadas directamente a la crisis sanitaria. De hecho, algunas gobernadas por el PSOE, como Aragón, habrían destinado ese dinero a amortizar deuda pública.

Desde que Lage anunció que pediría una comisión de investigación, Público ha intentado en reiteradas ocasiones obtener más detalles sobre su denuncia, pero ni su entorno ni la dirección de Formoso en el PSdeG han ofrecido explicación alguna.

Los críticos con el secretario xeral atribuyen a Lage buena parte de la responsabilidad en algunas decisiones que, en su opinión, están contribuyendo "a identificar al PSdeG con la corrupción", después de que eldiario publicara que el sueldo del director de comunicación del partido en Galicia, más de 60.000 euros anuales, se paga con fondos de la Diputación de A Coruña, donde su presidente y líder socialista gallego ya tiene a un responsable de prensa dedicado en exclusiva a las tareas informativas de ese organismo.

"Es una ilegalidad que hasta podría constituir un delito", afirman. También lamentan los despidos de un trabajador y una trabajadora del grupo parlamentario, quienes los han recurrido ante los tribunales de lo Social y que están pendientes de juicio. "Van a ganar porque no eran cargos de confianza vinculados a un cargo político, sino trabajadores del Parlamento", concluyen.