Llega el momento de la verdad. El Govern de la Generalitat y los partidos independentistas tienen perfectamente definida, desde hace meses, su hoja de ruta hasta el referéndum sobre la independencia de Catalunya anunciado para el día 1 de octubre. Que pasa, entre otras cosas, por aprobar dos leyes fundamentales para el proceso independentista, que el Gobierno central impugnará inmediatamente ante el Tribunal Constitucional. Unas posiciones de sobra conocidas. Lo que no estaba tan claro era el momento. Y ese momento llegará esta misma semana.

Los partidos independentistas tienen ya a punto dos leyes imprescindibles en su camino hacia el referéndum y más allá. La primera, la Ley del Referéndum de Autodeterminación, establece el marco legal para que el ejecutivo catalán pueda convocar el propio referéndum, apelando ya no a la legislación española, sino al derecho a la autodeterminación y a los tratados internacionales. La segunda, la de Transitoriedad Jurídica y Fundacional de la República, pretende establecer la transición de la legalidad actual a la de una futura Catalunya independiente, y entraría en vigor solo en caso de victoria del 'sí' en el referéndum -y si las fuerzas independentistas cumplen su propósito de proclamar unilateralmente la independencia-.

Ambas leyes están ya redactadas y registradas en el Parlament, pero aun no se han empezado a tramitar. Los partidos independentistas han estado demorando el trámite hasta el último momento, conscientes de que el Gobierno del PP las impugnará ante el TC acto seguido, con el objetivo de acercarse lo máximo posible al 1-O. Pero también ha habido discrepancias dentro del independentismo. Junts pel sí, la coalición de PDeCAT y ERC -más independientes- que gobierna en Catalunya, es especialmente partidaria de agotar los plazos. No así sus necesarios aliados -JxSí no tiene mayoría absoluta- de la CUP, que prefieren arrancar ya la fase de la desobediencia al Estado, y han estado presionando para aprobar estas leyes y convocar el referéndum antes de la Diada del 11 de septiembre.

Semana "ideal"

La aprobación de ley del Referéndum, no obstante, no puede dilatarse ya más, a falta de menos de un mes para la fecha elegida para la consulta, y todo indica que la fecha elegida será este mismo miércoles, en el pleno del Parlament. Así lo dio a entender el jueves la portavoz del grupo parlamentario de JxSí y número 2 de ERC, Marta Rovira, cuando dijo que esta semana era "ideal" para aprobar el texto legal. Y así ha trascendido también en las últimas horas.

El formato elegido para tramitar y aprobar la ley también ha sido objeto de polémica en los últimos meses. Las fuerzas independentistas ya tenían preparado su método. En julio, aprobaron una reforma del reglamento del Parlament para permitir aprobar proyectos de ley en lectura única en la Cámara. Pretendían así acortar los plazos, al prescindir del debate en comisión previo al pleno, con el objetivo de que la ley pueda entrar en vigor antes de que la impugne el Gobierno central. Este es un punto fundamental para el independentismo, ya que la ley, en su artículo 3.2, establece que "prevalece sobre todas las normas que puedan entrar en conflicto" con la propia ley. Con esta vía exprés, de paso, querían evitar previsibles maniobras de los partidos contrarios al referéndum (C's, PSC y PP) para congelar la ley hasta después del 1-O, como la petición de dictamen ante el Consejo de Garantías Estatutarias. Cabe recordar que el Gobierno central puede recurrir ante el TC no solo leyes aprobadas, sino también tramitadas, y por ello ni la ley del Referéndum ni la de Transitoriedad han pasado aún más allá del registro.

Aprobación exprés

Esta vía, sin embargo, ya no es posible, después de que el TC anulara la reforma del reglamento de la cámara catalana. Quedaban otras dos vías. Aprobar la norma por decreto del Govern -con lo cual se cumplía el objetivo de que entrara en vigor antes de su impugnación ante el TC-, o tramitarla en el Parlament con otra maniobra legal -prevista en el reglamento de la Cámara desde antes de la reforma impugnada-. Se trata de que dos grupos soliciten, ya con el pleno iniciado -y con el acuerdo por mayoría absoluta de la Cámara-, una modificación del orden del día. Este sistema también permite debatir y votar una ley en la misma sesión, y todo indica que será finalmente la vía elegida por JxSí y la CUP. El método, aunque artificioso, dota de a la norma de más legitimidad moral que la aprobación por decreto, y esto habría sido también determinante en la decisión final de las fuerzas independentistas.

Si se cumplen los plazos previstos, la ley entrará a trámite y se aprobará el miércoles día 6. Se prevé que inmediatamente después, el mismo miércoles, se publique en el Diari Oficial de la Generalitat, con lo cual entrará en vigor. Y también está previsto que a continuación -siempre el miércoles-, el president Carles Puigdemont convoque el referéndum. Probablemente, con la firma de todos sus consellers, para dar más énfasis a la convocatoria -y para asumir solidariamente posibles repercusiones legales-.

El plan de las fuerzas independentistas es ir siempre un paso por delante del Gobierno central y del TC, confiando en que este necesite al menos un día más para recurrir tanto la ley como la convocatoria del referéndum -lo que, de paso, permitiría que la prensa internacional informara el jueves de la convocatoria, y no de su anulación por el Alto Tribunal-. El Ejecutivo de Mariano Rajoy, no obstante, asegura estar también preparado para actuar rápidamente. "Probablemente ese mismo día tendrán el recurso de inconstitucionalidad", declaró esta semana la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría. Es más, se da por hecho que el Ejecutivo de Mariano Rajoy tiene ya redactado el recurso. Y el TC ha convocado su pleno ordinario de septiembre para los mismos dias 6 y 7 en que se celebra el pleno del Parlament. Con lo cual, al menos técnicamente, la anulación de la ley y de la convocatoria del referéndum podría ser casi simultanea a su aprobación.

Un escenario inédito

Sea el mismo día o al siguiente, es seguro que la ley del referéndum y el propio referéndum serán anulados por el TC. Con lo cual -y de mantener su hoja de ruta el soberanismo-, se entrará en un escenario inédito hasta ahora en el proceso independentista: la desobediencia abierta a la legalidad española. En este sentido, la reforma del Tribunal Constitucional que aprobó el PP en solitario en 2015 -justamente para enfrentarse al proceso independentista- faculta al Alto Tribunal para obligar a que se cumplan sus resoluciones, incluyendo la suspensión inmediata de sus funciones a cargos electos, sin trámite parlamentario alguno. Esto abriría la puerta a una suspensión de Puigdemont, o incluso de todo su gobierno. Aunque este es una escenario con implicaciones difíciles de calcular, y que no es seguro que deseen ni el Gobierno del PP ni el TC, por sus consecuencias imprevisibles.

Si se cumplen los plazos previstos, el jueves, en la segunda jornada del pleno del Parlament, se debería aprobar la ley de Transitoriedad, que marca la sustitución paulatina de la legalidad vigentes en Catalunya por la de la república independiente, con el objetivo de evitar un vacío jurídico. Una ley que se aprobaría con el mismo método exprés de modificación del orden del día, pero sin entrar aun en vigor: solo lo haría en caso de victoria del 'sí' en el referéndum. La ley será también impugnada con la misma celeridad ante el TC, por lo que se anulará antes de entrar en vigor. Algo que, en este caso no preocupa al Govern ni a los partidos independentistas, que para entonces ya prevén haber entrado en una dinámica de ignorar cualquier otra legalidad que la que emana del Parlament. Y, en virtud del artículo 3,2 de la ley del referéndum ya citada, se ignoraría cualquier norma que pudiera entrar en conflicto con la propia ley. Incluyendo, por tanto, cualquier actuación del TC.