Semanas antes de que arrancara el juicio del Procés en el Tribunal Supremo, nos encontramos con el abogado Benet Salellas para que nos explicara cómo afrontaban la defensa del presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart.

Ahora, pocos días después de que el alto tribunal lo condenara a nueve años de prisión, volvemos a hablar con el letrado para analizar una sentencia que ha sacudido a buena parte de la sociedad catalana y ha generado unas movilizaciones de protesta que pocas personas preveían.

A pesar de admitir que la sentencia no le ha sorprendido, Salellas es muy crítico con la decisión del tribunal presidido por Manuel Marchena, al que acusa de buscar un castigo "ejemplarizante" para los dirigentes independentistas, saltándose un principio básico en el derecho penal clásico como es la proporcionalidad. Diputado de la CUP en el Parlament durante la pasada legislatura, el abogado considera que a raíz de las condenas, el movimiento independentista ha iniciado un nuevo ciclo movilizador que, tarde o temprano, puede permitir una resolución política del conflicto catalán.

Ha pasado más de una semana desde que se conoció la sentencia. Por lo dicho previamente, entiendo que a Jordi Cuixart no le sorprendió la condena impuesta, pero ¿cómo la ha encarado y cómo vive las movilizaciones de estos días? 

Jordi Cuixart tiene una visión muy directa de la realidad, está muy conectado con muchas experiencias de movimientos sociales de protesta y de mejora. De hecho, uno de los proyectos que lideró en Òmnium era el de Luchas Compartidas, que iba justamente de eso. Por lo tanto, creo que sabe leer muy bien el momento que se está produciendo, en el sentido de que la sentencia ha sido una especie de chispa que ha encendido la indignación colectiva de manera extraordinaria. Toda la injusticia que de alguna manera se ha ido acumulando durante las sesiones del juicio y en esta larga espera de meses ha estallado de una forma extraordinariamente popular y transversal, implicando a sectores que van mucho más allá del independentismo. Este era uno de los objetivos del trabajo que se ha hecho desde Òmnium Cultural. Se ve este trabajo de hormiguita que el discurso persistente de Jordi Cuixart ha ido sembrando durante estos meses.

En la sentencia cae la rebelión, y por tanto el relato de la violencia, pero la condena de los nuevos presos es por sedición, con penas muy elevadas. ¿Cómo lo interpreta?

Una de las paradojas que se dan estos días es que si a personas que participaron en protestas absolutamente pacíficas las han condenado a penas de 9 a 13 años de prisión, a personas que pueden tener algún tipo de relación con protestas donde ha habido intervención de lanzamiento de piedras o ruptura del mobiliario urbano, ¿en qué marco penológico nos deberíamos mover?

La propia realidad nos da un ejemplo de cómo la sentencia es manifiestamente desproporcionada. Pienso que el tribunal se ha guiado mucho más por un objetivo que tenía de sancionar de manera ejemplarizante a los acusados con una pena que fuera elevada, y entonces ha buscado la justificación jurídica de esta pena. Pero es evidente que en un análisis de los hechos del otoño de 2017 desde la óptica del derecho penal clásico y ordinario, basado en el principio de proporcionalidad, jamás podría acabar concluyendo con una condena de 9 a 13 años de prisión.

Estos días ha comentado que la sentencia no concreta bien porque hay sedición en unos hechos que podrían tipificarse con figuras como los desórdenes públicos o la desobediencia. Y que eso, al crear jurisprudencia, abre un abanico muy amplio de hechos que ahora podrían considerarse como sedición. 

Sí. Cogiendo al pie de la letra la literalidad de la sentencia que tenemos ahora en las manos, realmente cualquier conducta que tenga un cierto componente de desafío hacia la autoridad establecida y que sea realizada de manera colectiva, aunque lo sea desde la no violencia, puede terminar siendo castigada desde la óptica de la sedición. Pienso que el tribunal patina al criticar la capacidad de coacción y de presión que puede tener un movimiento popular hacia el gobierno. Entiende que esta coacción es ilegítima y debe ser encuadrada en el marco de la sedición. Y lo que hace es desnaturalizar el derecho de manifestación, porque por se este derecho lo que busca es presionar a los gobiernos. ¿Si no puede presionarlos, por qué nos tenemos que manifestar? Hace una lectura muy peligrosa.

Otra cosa es que la sentencia no tiene la capacidad de concretar exactamente qué está protegiendo este delito de sedición. Si lo que protege es el orden público es totalmente desproporcionado que haya una pena de 9 años de prisión, porque hay otros delitos que también lo protegen, como el de desórdenes públicos, que tienen penas mucho menores. Y aquí es donde pienso que el tribunal, de una manera subliminal o implícita, acaba comprando aquel argumento que esta es una sedición especial, que tiene como finalidad las de la rebelión. Al ser una sedición independentista, eso es lo que justifica la imposición de estas penas. Al final se acaba utilizando la idea de que se está combatiendo la fractura de la unidad de España. 

Antes del juicio siempre dijisteis que era un juicio político, entiendo que cree que la sentencia también es política. 

Sí. Este análisis es el que nos permite también asumir la sentencia con más serenidad, porque las expectativas que teníamos puestas en los resultados eran muy similares a lo que finalmente ha contenido la sentencia. El tribunal, incluso más que en otros momentos del procedimiento, ha entrado en el combate dialéctico con nosotros con relación a las cuestiones que eran centrales. Hace reflexiones sobre el derecho de autodeterminación. Era un tema que nosotros queríamos tratar durante el juicio, pero el tribunal no nos dejó, y en cambio ahora hay páginas y páginas que hablan del derecho a la autodeterminación en la perspectiva que tiene el tribunal. Y es ideología pura de un tribunal reaccionario que ni siquiera asume la visión plurinacional que hay en la Constitución de 1978. Ni siquiera analiza la cuestión de las naciones y las nacionalidades que están recogidas.

¿Cambiaría algo de la estrategia de defensa?

Las líneas generales de la estrategia serían las mismas, porque creo que es la que debía ser y con la sentencia en las manos lo tengo más claro que nunca. Pero sí es verdad que una vez terminamos el juicio hay cosas que habríamos hecho de otra manera, como ser aún más combativos para que el tribunal nos permitiera ejercer aspectos del derecho de defensa que nos fueron laminados en ese momento. Pero un análisis a posteriori siempre es más sencillo.

El siguiente paso de la defensa será presentar un recurso de amparo en el Tribunal Constitucional, imprescindible para acudir luego al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. ¿De qué plazos hablamos?

Este es un caso muy particular y quiero pensar que los tribunales que intervendrán intentarán adoptar decisiones lo más rápido posible. Es evidente que hablamos de años, pero se pueden acortar o ensanchar en función de la prisa que ponga el tribunal. Estamos hablando de tribunales que son de garantías y la garantía de un juicio justo forma parte de los derechos constitucionales. Pero la resolución de Estrasburgo no puede llegar antes de tres años.

Determinados medios y partidos políticos banalizan los beneficios penitenciarios que podrían tener los condenados, diciendo que en algunos casos, como el de Cuixart, podrían recibir permisos en pocos meses. ¿Esto es así?

No. Partiendo de la realidad que yo conozco en las prisiones catalanas tengo que decir que, en general, nadie empieza a disfrutar de los derechos penitenciarios hasta la mitad de la condena. En este caso, pienso que no vamos a ir de acuerdo con la media, sino con más dificultades, porque el tribunal sentenciador es quien tiene la última palabra en todas las decisiones que se adopten, aunque la Generalitat tenga la primera. Auguro que podemos encontrarnos con un cumplimiento casi íntegro de la condena. 

¿La expresión "lo volveremos a hacer" puede penalizar a Cuixart? 

Es posible que con algunas expresiones que hemos leído en la sentencia cuando se refiere a Cuixart, el tribunal diga que tendrá una especial prevención con relación a él, pero pienso que estamos hablando de un tema que se verá en los próximos años. Y creo que la partida política aún está muy abierta. Y como esto es un juicio político, al final las decisiones que se acaben adoptando pueden tener una naturaleza que ahora nos parece inesperada, pero qué en el futuro, fruto del trabajo del movimiento popular, pueden ser muy beneficiosas. 

Con lo que está pasando en la calle y las protestas que vivimos, ¿tiene la sensación de que alguien echa de menos la presencia de figuras con el peso de Jordi Sánchez y Jordi Cuixart? 

Creo que es evidente que sí. Tras la sentencia, el movimiento independentista ha entrado en un nuevo ciclo. También es cierto que ha habido la incorporación de una nueva generación, lo que celebro y veo muy positiva. En algunos espacios se notaba como la gente más joven no se sentía interpelada por el proceso independentista y sus movilizaciones, y ahora ha sido muy potente y muy positivo que se hayan incorporado. Pero efectivamente creo que se echa de menos gente sobre el terreno que quiera asumir determinados liderazgos, porque después de sentencias como las que hemos visto, cualquiera se pone al frente.

Hay casi 30 encarcelados por los disturbios. Ha comentado que la Fiscalía tiene instrucciones para pedir prisión preventiva para todos los detenidos. ¿Todo ello responde a la voluntad de detener las protestas? 

Sí, pero es el mundo al revés. La gente sale a protestar por lo que percibe como un recorte de derechos y una regresión democrática y el Estado español, en todas sus expresiones y poderes, responde con más represión y, por tanto, con más recortes de derechos y más regresión democrática.

La forma con la que se ha respondido a las protestas es la peor que algunos recordamos de las últimas décadas. No solo por el volumen de lesionados, sino por la forma que se está respondiendo en los atestados y los relatos, en definitiva, con una criminalización aún más profunda del derecho a la protesta.

Con lo que dice la sentencia del 1-O, ¿se puede interpretar que hay sedición en las protestas de estos días, ya que son generalizadas y hay cierta coordinación? 

Yo solo quiero poner un ejemplo. Resulta que una movilización pacífica como es sentarse a cortar la carretera de acceso del Prat, o incluso sentarse dentro del aeropuerto, que es una fórmula que en el conjunto de la jurisprudencia europea forma parte de las expresiones del derecho a la reunión pacífica, se está tachando de terrorismo en la Audiencia Nacional. Creo que España ha perdido la vergüenza jurídica. Decir que protestas pacíficas pueden ser etiquetadas como terrorismo en un país como en el nuestro, donde el terrorismo ha tenido el saldo que ha tenido, me parece una absoluta indecencia.

Entramos en una nueva fase del conflicto. ¿Cree que se va hacia una cronificación? ¿El independentismo necesita una estrategia a largo plazo?

Si me hubieras preguntado esto hace 10 días te habría dicho que estábamos entrando en un escenario de cronificación que imaginaba en términos de resistencia antirepresiva. Pero la última semana y la eclosión del movimiento popular me ha hecho recuperar muchísima esperanza en la posibilidad incluso de superar la fase de cronificación. Pienso que hay una sensación muy transversal y muy compartida que este conflicto debe resolverse y quizás el Estado no podrá aplicar sólo la solución represiva para resolverlo.

El gobierno español, sea el que sea, tendrá que sentarse para resolver la cuestión catalana. Evidentemente falta más estrategia unitaria del independentismo y una agenda común y la voluntad de juntar una fuerza que la calle nos ha demostrado que está, así como una esperanza en la resolución del conflicto que estos días también se nos ha demostrado que existe.