El próximo día 19 de febrero, los sindicatos mayoritarios en Andalucía, CCOO y UGT, han convocado manifestaciones en todas las capitales para protestar contra el deterioro de la sanidad pública en la Comunidad, que viene de lejos, de la etapa socialista, pero que se ha agudizado en estos años de pandemia.

Los profesionales están hartos, no detectan la sensibilidad necesaria en el Gobierno andaluz, formado por una coalición de PP y Ciudadanos, mientras cuaja una sensación de desamparo entre los usuarios cuando se trata de acceder a su centro de salud.

La última encuesta del centro de estudios andaluces, de diciembre pasado, revela que la sanidad y las consecuencias de la pandemia son hoy uno de los principales problemas de la Comunidad, solo por detrás del paro.

La oposición a Juanma Moreno, una vez que Juan Espadas se dedica a tiempo completo a dirigir el PSOE andaluz, ha resuelto la papeleta orgánica y ha dejado la alcaldía de Sevilla, ha elegido como tema para desgastar al Gobierno de Juanma Moreno, precisamente, el del deterioro de la sanidad pública. Todos los días empuja con este asunto y busca alianzas y encuentros con los sanitarios.

Los alcaldes andaluces, en su mayoría del PSOE y de Unidas Podemos, que sienten el aliento de sus vecinos, han comenzado a movilizarse también por centenares, lo que ha llevado al PP a acusarlos de utilizar las instituciones para favorecer a Espadas.

La no renovación de 8.000 sanitarios en plenas negociaciones presupuestarias con Espadas, hace unos meses, supuso un punto de inflexión. En ese momento, se terminó la comprensión, la empatía y las contemplaciones que desde algunos sectores se tenía hacia un gabinete, el de Moreno, al que le había tocado gestionar una pandemia devastadora.

El Gobierno andaluz dio varias explicaciones. Por un lado, que no eran necesarios; por otro, que para renovarlos necesitaban más fondos del Gobierno de España. También vienen contando que su gasto en sanidad es el mayor "de la historia" y que "nunca" ha habido más sanitarios en Andalucía. Por último, también argumenta el Gobierno que no se trataba de despidos, sino que terminaban contrato. Todo ello, mientras se implantaba un plan de atención primaria que hizo sentir a muchos usuarios que llovía sobre mojado.

"Vemos como cada vez es más difícil el acceso a los centros y al personal sanitario, cada vez se promociona más la sanidad privada y están alejando a la ciudadania de la sanidad pública para que tengan que acudir a la privada: una pena", afirma a Público una fuente sindical como resumen de la situación, que se ha convertido en un problema de primer orden para el Gobierno andaluz.

Mercantilización de la salud

El PP alentó las protestas sanitarias, que fueron duras, contra el Gobierno del PSOE cuando estaba en la oposición y es muy consciente, al igual que lo son los socialistas –quienes lo comprobaron de manea directa– del poder corrosivo que tienen los problemas de la sanidad en una Comunidad en la que, como recordó hace unos días Carmen Castilla, secretaria general de UGT, "no todos" tienen "dinero para los seguros privados". "No podemos permitir la mercantilización de la salud", dijo. "Estamos hartas y hartos de tener miedo a ponernos enfermos", añade Nuria López, secretaria general de CCOO.

A los sindicatos no les cuadran las cifras que da el gobierno –"Andalucía cuenta con la plantilla de trabajadores más alta dentro del Sistema Sanitario Público: en tres años, sólo en Atención Primaria, tenemos 5.305 sanitarios más, lo que supone un incremento del 20%. Más que nunca. Dejen de jugar con las cifras", ha reclamado esta semana el consejero de Sanidad, Jesús Aguirre (PP). Y existe entre los trabajadores la impresión de que la crisis sanitaria en este momento esconde un plan de ir privatizando poco a poco la sanidad y abrirla al negocio privado.

El presidente, por su parte, se esfuerza en mantener una agenda y unos discursos en los que se muestra implicado por relanzar el sistema que las centrales ponen en cuestión. En el PP, en público arremeten con dureza contra el PSOE y defienden a capa y espada la gestión del Gobierno. En privado, se admite que este es un tema del que la oposición ha hecho bandera –aunque le quitan toda crediblidad a los socialistas– y que hay que atender desde Salud. Esta semana, Moreno se sentó con la patronal y con UGT y CCOO y anunció un plan para la atención primaria, que ha acabado en fiasco.

Así ve las cosas una fuente sindical: "Se mantienen cerrados a ninguna negociación. Siguen con su política de mentiras sobre número de profesionales, mientras sigue el caos sanitario en atencion primaria y la falta de directrices reales que solucionen los problemas. La cortina de humo que ha sido el "nuevo" plan de atencion primaria ha durado eso, lo que dura una cortina de humo, porque es más de lo mismo: mentiras pero con más descaro. Porque realmente no hay nada nuevo, siguen los contratos por meses, se quiere vender un maltrato como es el hacer 12 horas seguidas de consulta como un avance, es mentira lo de la implantación de las enfermeras escolares y los programas de accesibilidad no se han negociado con los sindicatos".

El deterioro y la desazón van más allá de la atención primaria. Los 8.000 contratos no renovados fueron en hospitales. Semanas después, el Gobierno invitó a profesionales jubilados a regresar a sus puestos ante las necesidades. Los trabajadores lo tienen claro. "Son puestos estructurales", reclama Castilla, que conoce bien el terreno que pisa. Ella misma es sanitaria.

Un nuevo episodio

La crisis de la sanidad en Andalucía no ha terminado. Esta semana se ha vivido un nuevo episodio de desencuentro entre los profesionales y la consejería de Salud, que tiene que ver con la situación de los hospitales comarcales, estratégicos en Andalucía y que dan cobertura a la población que vive alejada de las grandes urbes. La unidad de Salud Mental del hospital de Osuna está hoy en el ojo del huracán. Después de años de dificultades y tras la pandemia, está hoy en una situación "insostenible". "Otras unidades y otros hospitales comarcales de Andalucía sufren problemas igualmente graves", afirma el Sindicato Médico Andaluz. Este es justamente el sindicato al que ha pertenecido el hoy consejero Aguirre, médico de profesión.

Así describe este sindicato la situación en Osuna: "Ante la presión social provocada por el cierre de la unidad de hospitalización, el Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha optado el 1 de febrero por volver a abrirla recurriendo a psiquiatras desplazados desde otros centros de la provincia, si es necesario de forma obligatoria. Para ello ha publicado unas instrucciones que hace solo 10 días se comprometió en la mesa sectorial a negociar con los sindicatos. Incumpliendo este compromiso, el SAS las lleva ahora a la práctica y, con ello, se dota de un instrumento legal que le permite desplazar de forma obligatoria a los médicos a un centro diferente al de su nombramiento. El hecho de que estas Instrucciones ni siquiera hayan sido negociadas reviste especial gravedad, pues viola una de las exigencias básicas que fija la Ley en defensa de los derechos de los trabajadores".