El Parlamento de Andalucía va a investigar, a iniciativa de todos los grupos de la oposición, un desfase de dos millones de euros en el capítulo de nóminas de altos cargos de la sanidad pública que ha destapado un reciente informe de la Cámara de Cuentas. El órgano que fiscaliza el uso del dinero público reprocha a la Junta que en 2013 gastase 2,2 millones de euros en primas de productividad para dos directivos de la Consejería de Salud, otros dos del Servicio Andaluz de Salud (SAS), ocho altos cargos adscritos a cinco hospitales y 93 puestos intermedios que trabajan en agencias públicas sanitarias.

El informe recuerda que en 2013 -siendo presidente José Antonio Griñán hasta septiembre y Susana Díaz en adelante-, estos salarios excedieron los límites retributivos establecidos por la Ley de Presupuestos para altos cargos y directivos, y por tanto eran irregulares. La norma autonómica establece que ningún puesto de la Administración andaluza puede cobrar un sueldo superior al de la presidenta de la Junta (en torno a 60.000 euros al año) y sus consejeros. El documento también habla de otros cinco millones que el Ejecutivo andaluz gastó en horas extraordinarias y dietas para el personal sanitario al margen del convenio del SAS.

Los excesos retributivos, según el informe, rebasan el límite reglamentario en 28.784 euros para dos miembros de la Consejería de Salud; 34.126 euros de más para otros dos directivos de los servicios centrales del SAS; 40.734 euros por encima del tope para ocho responsables de área en cinco hospitales; y algo más de dos millones de euros en primas de productividad repartidas entre cuatro directivos de agencias públicas y otros 93 cargos intermedios.

El informe concluye que el Gobierno andaluz "debería haber iniciado procedimientos de reintegro por los importes satisfechos en exceso", es decir, insta a la Junta a demandar a los profesionales sanitarios ese dinero de más, algo que no se llegó a hacer. "A la fecha de finalización de los trabajos de campo, dichas entidades aún disponían de plazo para ese trámite", añade el documento.

En 2013, cuando se pagaron esos pluses irregulares de productividad, la Junta afrontó uno de los años más duros de la crisis: prescindió de miles de trabajadores sanitarios y redujo la jornada del personal laboral al 75% para aminorar el gasto en nóminas. Entre 2011 y 2013 "se ha producido una disminución del número de efectivos netos de 7.773,44 empleados sanitarios" y "la prolongación de la jornada de 35 a 37,5 horas semanales -una norma de ámbito estatal- ha implicado la reducción en 4.643,81 efectivos".

El informe llega en un momento crítico para el Gobierno de Susana Díaz, azotada por el PP y su campaña de denuncias contra la gestión de la sanidad pública. Los populares han esperado a la reapertura del curso político para pedir al Parlamento la convocatoria de una sesión extraordinaria de la Comisión de Salud, incluida la comparecencia de la consejera Marina Álvarez, para que informe sobre las contrataciones del SAS desde 2012. La propuesta cuenta con el apoyo de Podemos y Ciudadanos, y ha salido adelante pese al rechazo del PSOE y la abstención de IU.

Recortes en sanidad

El informe de la Cámara de Cuentas -Fiscalización sobre determinadas áreas de la gestión de recursos humanos del sector sanitario público de Andalucía- vierte una serie de críticas sobre la gestión del gasto sanitario, incluida la fusión hospitalaria de Granada -origen de las masivas protestas ciudadanas lideradas por el médico Jesús Candel, alias Spiriman-; y la mala praxis del encadenamiento de contratos temporales del personal sanitario: "Tanto en los cinco hospitales seleccionados del SAS como en las agencias se produce el fenómeno del encadenamiento de contratos, de tal forma que un número significativo de efectivos han superado los 300 días contratados en el mismo centro", dice el texto.

Esta incidencia afecta a 1.149 personas en el SAS, con una media de seis contratos por año, y a 743 personas contratadas en las agencias públicas adscritas a la Consejería de Salud, con media de ocho contratos. El informe también cuestiona la falta de publicidad y concurrencia competitiva en los procesos de acceso a puestos directivos y recomienda a la Junta "definir esta figura y los sistemas de promoción y mérito".

El documento es un jarro de agua fría para el Gobierno de Susana Díaz, que se defiende de la cascada de críticas del PP acusándoles de querer orquestar una campaña de desprestigio contra la sanidad pública, con el objetivo oculto de abrir la puerta a la privatización del sector.

El reciente accidente del hospital Virgen de Valme de Sevilla, en el que una joven de 25 años ha fallecido aplastada por un ascensor tras dar a luz, también ha colocado al Ejecutivo autonómico en una situación difícil. El PP señala a la Junta como corresponsable del suceso, que ha relacionado con los recortes en el gasto sanitario de los últimos años. Díaz ha eludido cualquier responsabilidad en lo ocurrido, subrayando que el suceso fue un “desgraciado accidente” que está siendo investigado por la Policía Judicial, y acto seguido ha vuelto a cargar contra la oposición: "Ha habido una manipulación ruin de un trágico accidente para atacar a la sanidad pública. Hay un ataque brutal a la sanidad andaluza que mueve 10.000 millones de euros", dijo el pasado martes.