Sánchez cierra el curso moviendo ficha en tres de los grandes temas de estas últimas semanas: la gobernabilidad de Catalunya, la financiación autonómica y la causa abierta contra Begoña Gómez. Las dos primeras están en el preacuerdo que han firmado ERC y PSC para investir a Salvador Illa como president. La tercera ha sido la noticia del día. La Abogacía del Estado, en representación de Sánchez, ha presentado una querella contra el juez Juan Carlos Peinado, que instruye la causa contra la esposa del presidente, por prevaricación.

En la querella se acusa al juez de no haber "justificado" por qué Pedro Sánchez no podía acogerse a la posibilidad de declarar por escrito. Así, destaca que en su providencia del 19 de julio "no hay una sola línea para motivar o justificar por qué la declaración no ha de hacerse por escrito". La Abogacía, con todo, lleva a Peinado y a su sustituto, el juez Carlos Valle, ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) por eso y, también, por la providencia por la que se citó al presidente del Ejecutivo como testigo. 

Tanto el PSOE, como el Gobierno han cerrado filas en torno a su líder desde el primer día, pero el tono contra el juez Peinado ha ido escalando en las últimas horas.

En el Gobierno buscan trasladar un mensaje claro: la declaración de Sánchez ante el juez Peinado en La Moncloa pretendía ser "un montaje" televisado con el que erosionar la imagen del líder del Ejecutivo. De hecho, el Palacio Presidencial sí que adquirió este martes tintes de escenario teatral o de plató de televisión. 

Durante la no comparecencia de Sánchez, que se acogió a su derecho a no declarar, y en las primeras horas posteriores, algunas decenas de personas se desplazaron hasta los aledaños del Edificio del Portavoz de La Moncloa ataviados con disfraces y figuras de cartón piedra para proferir consignas y cánticos contra Sánchez y Begoña Gómez.

Más allá de lo figurativo, en el Ejecutivo aseguran que muchas voces se preguntaban esta mañana "cómo hemos llegado hasta aquí", dado que, aunque eran conscientes del desafío judicial que se cernía sobre el presidente, no esperaban que Peinado pudiera buscar realmente tomarle declaración grabada nada menos que en La Moncloa.

Sobre la querella, la explicación de que fuera la Abogacía del Estado la que ha intervenido se basa en que, afirman fuentes del Gobierno, Sánchez no es una parte juzgada ni investigada en la causa de Peinado y, por lo tanto, no puede "defenderse" de nada. Sin embargo, añaden estas mismas fuentes, la figura del presidente del Gobierno sí que se estaría viendo afectada por las decisiones del juez, por lo que la Abogacía del Estado ha intervenido "en defensa de la institución de Presidencia del Gobierno".

En cualquier caso, Sánchez ha pasado de la defensa al ataque con un solo movimiento. Ya hacía tiempo que algunas voces socialistas hablaban de que, más que un caso Begoña Gómez, lo que podía haber era un "caso Peinado". Hasta este martes, solo era una declaración de intenciones, pero el Gobierno ya lo ha puesto negro sobre blanco. Casi en una jugada propia del judo, deporte en el que se utiliza la fuerza del oponente para armar un mejor ataque, Sánchez ha aprovechado su citación grabada y en Moncloa como testigo para contratacar. Por el momento, es una incógnita cuál será el recorrido de la querella.

Tras su despacho con el rey de este miércoles, en el que ha sacado músculo por los últimos datos económicos, el presidente ha evitado hablar de dicha querella, pero se ha comprometido a abordarla en la comparecencia de este miércoles en La Moncloa, a las 11 horas. Sí que ha defendido, por otra parte, el acuerdo entre el PSC y ERC para hacer president de la Generalitat a Salvador Illa.

Catalunya, encarrilada a la espera de la militancia de ERC

Esa es la otra gran carpeta de la semana, que pese a ser el preludio de las vacaciones ha presentado un alto voltaje político. Se trata de la culminación de un largo proceso de negociación entre el PSC y ERC para alcanzar un "preacuerdo" que acerque a Salvador Illa a la presidencia de la Generalitat. Ambas formaciones han firmado un documento en el que se comprometen, entre otras cosas, a trabajar en pro de "un sistema de financiación singular que avance hacia la plena soberanía fiscal, basado en la relación bilateral con el Estado y la recaudación, gestión y liquidación de todos los impuestos".

Pero será la militancia de Esquerra quien tendrá la última palabra en una consulta que planteará la formación el viernes día 2 de julio. Por eso es un "preacuerdo".

La noticia de ese entendimiento no ha sentado bien en la otra gran formación independentista, Junts per Catalunya, que en un comunicado critica que en el documento que alumbraron socialistas y republicanos no aparezcan las palabras "concierto económico". Ello teniendo en cuenta que ERC sí usó esa fórmula cuando anunció que se había alcanzado el acuerdo. También afean los posconvergentes a ERC preferir pactar con Illa, al que dibujan como "[la figura] más favorable a la represión del independentismo", que con el bloque independentista —a pesar de que no suma para gobernar— y aseguran que del acuerdo no se desprende algo que la formación de Puigdemont considera imprescindible: "Que todo el dinero recaudado por los impuestos gestionados y administrados desde Catalunya se quede en Catalunya para, después, negociar cuál es la cantidad a liquidar".

Sánchez, tras su despacho con el rey, ha elogiado el acuerdo y ha defendido que preserva la "solidaridad interterritorial" y que potencia la igualdad entre todos los españoles a nivel de servicios públicos. "Lo que tenemos que hacer con un nuevo sistema de financiación autonómica es reconocer las singularidades", ha apostillado. De todas formas, se ha esmerado en remarcar su respeto hacia la militancia de Esquerra, que deberá sellar el pacto.