El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ofreció el martes una declaración institucional pocas horas después de la inédita decisión del Tribunal Constitucional (TC). En ella dejó un titular: "Se adoptarán cuantas medidas sean necesarias para poner fin al injustificable bloqueo del poder judicial y del TC". Los planes de Moncloa respecto al segundo órgano pasan por una nueva proposición de ley que será registraba lo antes posible y con el apoyo de otras fuerzas parlamentarias. Pero, ¿qué hacer con el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)?

La respuesta es que de momento este tema no está en la agenda. La prioridad es renovar el TC ante las maniobras de la derecha política, judicial y mediática. Este órgano tiene muchos recursos pendientes que han sido interpuestos por PP o Vox y que podrían resolverse en el año electoral.

La PL se registrará una vez se conozca en profundidad el auto del TC que impidió la votación en el Senado de las enmiendas que afectaban a la propia renovación del órgano. Una decisión sobre la que los magistrados progresistas tienen serias dudas sobre su legalidad al participar en ella dos personas a las que les afecta de primera mano y sobre las que tenían una solicitud de recusación: Pedro González-Trevijano y Antonio Narváez. 

La situación del actual TC de mayoría conservadora ha resucitado desde hace varios días una antigua propuesta de Unidas Podemos: rebajar las mayorías parlamentarias necesarias para desbloquear al CGPJ. En realidad, la proposición fue presentada en octubre de 2020 por el PSOE y UP de forma conjunta. El objetivo era pasar de la mayoría actual fijada en los 3/5 de la cámara para elegir a los vocales del CGPJ a una mayoría absoluta. Es decir, en la práctica pasar de tener que pactar con el PP a solo buscar los apoyos del bloque de la investidura progresista. 

Pero aquello se enterró pronto. Desde Bruselas se considera que las reformas judiciales no tienen que ir por este camino y desde entonces en el PSOE rechazan la medida. Una rebaja en las mayorías parlamentarias daría también un papel importante a partidos como ERC o EH Bildu. Por contra podría provocar también que en una hipotética victoria de la derecha, los vocales del CGPJ solo fueran elegidos por PP y Vox. 

Podemos ha puesto el tema encima de la mesa con insistencia especialmente tras el desafío del TC conocido el pasado lunes por la noche y que ha despertado una profunda preocupación en el Gobierno. Pero también otros grupos políticos aliados habituales del Gobierno. Por ejemplo, desde EH Bildu, su diputado Jon Iñarritu destacaba lo siguiente en una entrevista realizada con Público. "Hay que ir a la raíz del asunto, que hoy en día hay unos señores y unas señoras que están de ocupas en el Consejo General del Poder Judicial y, desde un punto de vista democrático, hay que ver cómo se les desocupa". En su caso, proponía algún sistema de cese inmediato de los vocales una vez caducara su mandato. 

Pese a ello, desde el PSOE ya han comunicado a sus socios de coalición que este cambio ahora no toca. Moncloa lo descarta completamente en estos momentos. Con la decisión en caliente, el martes los diferentes portavoces socialistas dejaron una rendija abierta a esta posibilidad. Ante ello, decidieron comunicar a los medios de manera rápida a las pocas horas cuál sería su propuesta: una proposición de ley para solo abordar lo que el propio TC tumbó. El CGPJ ahora no toca y no parece estar en el pensamiento de Sánchez tampoco para lo que resta de legislatura. 

Durante meses la estrategia de los socialistas ha sido intentar "retratar" al PP y su incumplimiento de la Constitución Española. Durante los primeros meses del liderazgo de Alberto Núñez Feijóo se dejó ver cierta esperanza en una actitud pactista a diferencia de lo que se habían encontrado con Pablo Casado. Las negociaciones se iniciaron y el pacto estaba hecho. Pero en el último momento el líder del PP rompió las negociaciones con la excusa, la número 20 según las cuentas de Moncloa, de la reforma del delito de la sedición. A la legislatura le queda un año y va camino de completarse con un poder judicial caducado desde el principio y de mayoría conservadora.