Este artículo se publicó hace 4 años.
Presupuestos 2021Sánchez cosecha más vetos a sus segundos Presupuestos pero tienen más posibilidades de pasar que los primeros
Las cuentas de 2019 fueron tumbadas principalmente por los votos en contra de PP, Cs, PDECat y ERC, un hecho que abocó al anterior Ejecutivo a un adelanto electoral.
Pilar Araque Conde
Madrid-Actualizado a
El proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2021, las segundas cuentas del Gobierno de Pedro Sánchez, pasará previsiblemente su primera prueba en el Congreso de los Diputados: el debate a la totalidad, que tendrá lugar la próxima semana entre el miércoles 11 y el jueves 12 de noviembre. A pesar de cosechar siete vetos -el plazo para presentar las enmiendas ha terminado este viernes-, estos Presupuestos tienen más posibilidades de pasar que los anteriores, los presentados en 2019, que fueron tumbados principalmente por los votos en contra de PP, Cs, PDECat y ERC y que abocaron al anterior Gobierno presidido por Sánchez a un adelanto electoral.
PP, Vox, Junts (que compone JxCat junto a PDeCAT), CUP, BNG, Coalición Canaria y Foro Asturias han presentado enmiendas a la totalidad a los Presupuestos, esto es, siete vetos, uno más que en el anterior proyecto de 2019. Sin embargo, los grupos enmendantes y los dos diputados de UPN, que ya han mostrado su intención de apoyar la retirada del proyecto, suman 151 votos, por lo que no alcanzan la mayoría necesaria para tumbar las cuentas del Gobierno de coalición.
No obstante, algunos de los grupos que no han presentado enmienda han advertido al Ejecutivo que la negociación de cara a los PGE no será un camino de rosas. "La propuesta de Presupuestos actuales debe mejorar y hoy estamos muy lejos de poder apoyarlos", ha aseverado este viernes ERC tras confirmar que no bloquearía el proyecto en su primer examen en la Cámara Baja, como sí hizo en los anteriores Presupuestos con una enmienda a la totalidad.
La portavoz de EH Bildu, Mertxe Aizpurua, ha sostenido que su grupo confía en que "esta actitud receptiva del Gobierno se vea plasmada en acuerdos que beneficien las vidas de todos y todas" tras confirmar que tampoco presentaría enmienda a la totalidad. El PNV, por su parte, ha dejado claro que la decisión de no vetar estos Presupuestos no presupone su voto favorable a estos, dado que dependerá de las negociaciones con el Ministerio de Hacienda.
Ciudadanos, PDeCAT, Más País y los representantes del Partido Regionalista de Cantabria (PRC), Compromís, Teruel Existe y Nueva Canarias ya han trasladado al Ejecutivo su intención de negociar los presupuestos a través de enmiendas parciales, el trámite que sucede al debate de totalidad.
El fin de los Presupuestos de Montoro
Con todo, el Gobierno de coalición prevé sacar adelante sus Presupuestos, un proyecto que pretende poner fin a la austeridad para afrontar la crisis provocada por la pandemia del coronavirus, y que contempla la mayor inversión social pública de la historia.
Además, la aprobación de estas cuentas públicas supondría el fin de las actuales, que son una prórroga de los Presupuestos de 2018. Este proyecto fue propuesto por el ministro de Hacienda del Gobierno de Mariano Rajoy, Cristóbal Montoro, y cosechó seis enmiendas a la totalidad.
Aquellos Presupuestos llegaron tarde, ya que se presentaron en abril de 2018, pero finalmente salieron adelante con el apoyo de última hora del PNV tras alcanzar un acuerdo para la subida de las pensiones. Asimismo, se aprobaron en junio de 2018, con Pedro Sánchez ya en la Moncloa después de superar la moción de censura contra Rajoy.
Los Presupuestos de 2017, que contaron con siete enmiendas, fueron aprobados en el Senado tras el rechazo de los vetos y de las miles de enmiendas parciales tramitadas en la Cámara Alta. En ese caso, las cuentas no volvieron al Congreso porque no se introdujeron nuevas enmiendas en la Cámara Alta.
Los PGE de 2016 y de 2015, presentados por el Gobierno de Rajoy, cosecharon doce enmiendas a la totalidad y, pese a ello, salieron adelante. Estos dos proyectos fueron los últimos en presentarse en tiempo y forma, es decir, tres meses antes de su entrada en vigor el 1 de enero, un hecho que no ha sido posible en los últimos años debido a la volatilidad parlamentaria.
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