Salvador Puig Antich nació en 1948 en Barcelona, en el seno de una familia trabajadora, pero sin problemas económicos. Inició su compromiso político a finales de la década de los sesenta del siglo pasado, en las Comisiones Obreras de su barrio y, más decisivamente, en el Instituto Maragall, donde hacía el curso preuniversitario y donde conoció a algunos de los que serían sus compañeros en el Movimiento Ibérico de Liberación- Grupos Autónomos de Combate (MIL-GAC). Especialmente importante en este sentido fue Ignasi Solé Sugranyes, que lo introdujo en las ideas de un marxismo anti leninista que rechazaba el papel del partido como vanguardia dirigente del movimiento obrero.

Puig Antich mantuvo los contactos y el debate político con los que serían sus compañeros en la organización, pero no se comprometió firmemente en ella hasta 1971, una vez acabado el servicio militar. El grupo, que entonces llevaba el nombre de 1.000 (en cifras), se repartía entre Toulouse y Barcelona, y fue entonces cuando empezó a practicar las acciones de "agitación armada" por las cuales sería más conocido. Se trataba, fundamentalmente, de robos (en imprentas, sobre todo) o atracos a bancos, que tenían que servir para editar material escrito y para apoyar económicamente a las movilizaciones obreras.

El historiador Sergi Rosés Cordovilla, autor del MIL: una historia política (Alikornio, 2002, con una nueva edición públicada recientemente por la editorial Virus), explica a Público que este concepto de agitación armada es completamente original respecto a otros grupos revolucionarios de la época que también recurrieron a la violencia. "La agitación armada se entendía como la necesidad de crear múltiples grupos autónomos que tenían que pasar a otras fases de violencia, puesto que interpretaban que en los años finales del franquismo se estaba produciendo un aumento acelerado de la lucha de clases y de su intensidad, pasándose de la defensiva a la ofensiva obrera", señala.

El concepto de violencia del MIL

Recalca que el MIL "aspiraba a ser solo un grupo autónomo de combate de los muchos que tenían que crearse", y que no tenía ninguna intención ni de convertirse en una "élite revolucionaria conspiradora", ni de "dirigir la insurrección que tenía que venir". Por el contrario, las acciones armadas "necesariamente limitadas" irían encaminadas "tanto a la contra represión como a la ayuda material en las luchas que surgieran" dentro del movimiento obrero, y que a la vez "mostrarían que ya era posible el paso a la realización de acciones de violencia de masas", añade.

Rosés, probablemente el historiador que ha tratado con más profundidad la trayectoria política del grupo, destaca que lo que hizo absolutamente original al MIL fue su ideología concreta, un marxismo de ultraizquierda que bebía del consellismo. Este movimiento marxista, con algunos puntos de contacto con el anarquismo, rechazaba la existencia de partidos y sindicatos obreros, y consideraba que el movimiento se tenía que auto organizar en consejos obreros autónomos. "En el aspecto organizativo, nunca había existido en España ninguna organización a la izquierda de la tradición trotskista", destaca Rosés.

El historiador también recuerda que, además de esta "agitación armada", el otro proyecto fundamental del MIL fue el que el propio grupo bautizó como "biblioteca socialista", la difusión entre los trabajadores de literatura revolucionaria", básicamente de textos marxistas heterodoxos y de ultraizquierda. El historiador lamenta que esta voluntad divulgadora "ha pasado siempre desapercibida en la mayoría de textos sobre el MIL, centrados en otros aspectos más mediáticos", a pesar de que "el proyecto de biblioteca fue uno de los elementos básicos, si no el más importante, en la vida del grupo".

El invierno de las armas

Pese a la importancia para el grupo de su proyecto de divulgación política, lo cierto es que lo que le dio relevo, y lo que le puso en la diana de la Policía política franquista, fue su actividad armada. Esta se multiplicó en el invierno de 1972-1973, y Puig Antich participó muy activamente en ella, formando parte de un grupo de cinco militantes que llevaron a cabo la mayor parte de atracos a bancos. En un primer momento, conduciendo el vehículo que usaban y, posteriormente, también entrando en las sucursales bancarias. En una de las cuales, el 2 de marzo de 1973 (justo un año antes de la ejecución de Puig Antich) resultó herido un empleado, cosa que llevó al grupo a retirarse a Toulouse para evitar el previsible incremento de la presión policial.

Y fue en este periodo de punto muerto cuando el grupo entró en una crisis, tanto personal como ideológica, que lo llevó a su autodisolución en agosto de 1973. En la discusión teórica previa, Puig Antich se había mostrado a favor de convertir el grupo en una auténtica organización político-militar y de aumentar la intensidad de las acciones armadas.

Pese a la disolución, parte de los militantes continuaron con las acciones. En una de ellas, en un banco en la Cerdanya, el 15 de septiembre, dos miembros del grupo fueron detenidos. Salvador Puig Antich había rechazado participar porque la consideraba demasiado peligrosa. Solo diez días después, sería detenido en la calle Girona de Barcelona, al acudir a una cita que resultó ser una trampa policial y en la cual murió un policía. El 26 de noviembre, el fiscal pidió dos penas de muerte contra Puig Antich, que fue sentenciado el 9 de enero de 1974 y ejecutado el 2 de marzo, a pesar de la esperanza de la familia (y de la opinión pública) en un indulto que no llegó nunca.

El papel del atentado a Carrero Blanco

Se suele considerar que fue el atentado contra Carrero Blanco, en diciembre de 1973, lo que acabó de decidir al régimen dictatorial a ejecutar a Puig Antich. El historiador Gutmaro Gómez Bravo, autor de Puig Antich. La transición inacabada (Taurus, 2014), en cambio, explica a Público que hubo otros factores, que la decisión ya estaba prácticamente tomada antes del atentado, y que este solo "aceleró" la tramitación del caso. Y razona que "Puig Antich fue una víctima propiciatoria en un momento clave, en el que la extrema derecha y el búnker franquista pedían más mano dura" para contrarrestar los tanteos reformistas del tardofranquismo.

Para Gómez, fue la voluntad del régimen de no irritar a sus sectores más duros la que hizo imposible el indulto. Por un lado, porque había muerto "un policía de la brigada político-social", un cuerpo militar. Por el otro, por el precedente reciente de los indultos a los miembros de ETA condenados a muerte en el proceso de Burgos, en 1970. Gómez explica que la extrema derecha, los aparatos de seguridad y el Ejército consideraban justamente que estos indultos fueron un error que "multiplicó el terrorismo" en el Estado. Estos sectores, precisa, estaban "no tanto a favor de la ejecución como en contra del indulto".

El historiador también recuerda que "no hubo una movilización suficientemente importante" para reclamar el indulto, "como sí que la hubo en el caso del proceso de Burgos". Y añade que hubo motivos de táctica política para que no hubiera suficiente contestación. "Al PSUC, al PCE, al PSOE y a todos los que están negociando la salida de la clandestinidad no les conviene nada en aquel momento aparecer vinculados a la estrategia insurreccional, violenta" que habían practicado Puig Antich y el MIL, afirma. "Apoyar el indulto a Puig Antich les enturbiaba en su estrategia, y este cálculo tuvo mucho peso", añade Gómez.

Transición inacabada

Gómez, que ha publicado varios trabajos sobre aspectos judiciales, penitenciarios y represivos de la historia española, considera también que si la Justicia se ha negado siempre a revisar el proceso contra Puig Antich se debe en parte a una cuestión "ambiental", a una intención de "no remover el pasado" por parte de determinados sectores políticos españoles. Pero también a una cuestión puramente corporativa: el hecho de que los integrantes de la magistratura que tenían que revisar la sentencia "ya estaban durante el franquismo". "En este sentido, la transición está inacabada", concluye.

La ejecución de Puig Antich lo elevó a la categoría de símbolo. Y, en este sentido, Sergi Rosés denuncia que su figura se la ha apropiado indebidamente el antifranquismo democrático: "El mensaje básico es que [el MIL] era un grupo de la oposición antifranquista; es decir, uno más del conglomerado democrático: más radicales, sí, pero antifranquistas, como el resto".

"Y esto es la continuación de la gran mentira del antifascismo: no eran antifranquistas ni antifascistas, eran revolucionarios comunistas que no querían acabar solo con la dictadura de Franco, sino con el sistema capitalista del cual Franco era solo la pieza clave en España. Igual que los revolucionarios de los años 30 no participaron en el antifascismo del Frente Popular durante la guerra civil española para salvar la democracia y la república, sino que lucharon por el triunfo de la revolución proletaria y social. Tan sencillo como esto", añade.