El juez Pablo Ruz, que investiga la supuesta contabilidad B del Partido Popular, ha llamado a declarar como testigos a la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, y a los exsecretarios, Javier Arenas, y Francisco Álvarez Cascos (Consultar el auto en PDF). La comparecencia de los dos últimos tendrá lugar el próximo 13 de agosto, mientras que Cospedal está citada para el día 14. A ella y a Arenas el magistrado les ha dado la opción de tomarles declaración en Toledo y en el Senado respectivamente.

Estas son algunas de las diligencias que ha acordado el juez en respuesta a las solicitadas por la acusación popular el pasado 20 de junio y sobre las que ya informó la Fiscalia el día 11 de este mes. Ruz entiende que estas tres testificales resultan 'pertinentes, útiles y necesarias en atención a la responsabilidad que cada uno de los testigos propuestos habría ostentado al frente de la Secretaría General' del partido 'durante los distintos periodos a los que se extiende la presunta contabilidad B y la realidad de los apuntes en ella contenidos'.

'A fin de no incurrir en incongruencia', Ruz considera que no sólo debe declarar Cospedal ( tal y como había informado el fiscal) sino también Arenas y Álvarez Cascos por haber ostentado 'la misma responsabilidad orgánica dentro del partido'. Aunque sus cargos se correspondan con periodos anteriores al que delimita el objeto de la instrucción, pueden aportar datos relevantes para la investigación en curso, explicó Ruz. En el auto, el juez acuerda también citar como testigos a un empleado de la caja del PP y al gerente que sucedió a Bárcenas. Además, el magistrado requiere documentación a varias de las empresas que aparecen en los llamados papeles de Bárcenas y al propio PP.

La decisión de Ruz llega el mismo día que los querellantes por los papeles de Bárcenas han presentado un amplio escrito al juez en el que en una relación de más de cuarenta diligencias (Consultar en PDF) solicitan que se llame a declarar entre otras personas al propio Arenas, al exministro Federico Trillo; a Ignacio López del Hierro, marido de la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal; al extesorero Rosendo Naseiro y al actual, José Manuel Romay Beccaria; y a la mujer de Luis Bárcenas, Rosalía Iglesias. Estas nuevas peticiones deberá resolverlas el juez en las próximas fechas.

La acusación, formada por Izquierda Unida, Ecologistas en Acción, la Asociación Libre de Abogados, Los Verdes y Justicia y Sociedad, pide asimismo el registro de la vivienda de Luis Bárcenas,  informes económicos de todas las empresas implicadas en los supuestos donativos a cambio de adjudicaciones de obras públicas, y una serie de careos entre Bárcenas y los empresarios Luis del Rivero, Juan Miguel Villar Mir, que habían negado haber realizado los donativos, y José María Mayor Oreja, hermano del exministro de Interior, Jaime Mayor Oreja.

Las diligencias prestan especial atención a la empresa Sufi, adjudicataria de los servicios de limpieza de Toledo en 2007. Según Bárcenas, el PP de Castilla-La Mancha, dirigido por Cospedal, se cobró una comisión de 200.000 euros por la operación. Los querellantes piden al juez que solicite 'la relación de contratos que durante los periodos 1992 a día de hoy, hayan firmado como consecuencia de adjudicaciones con las Administraciones Públicas' los responsables legales de Sufi; las cuentas de la empresa 'con expresión particular de las donaciones efectuadas, así como las cuentas contables de tesorería donde se reflejen la salida de las cantidades donadas'; y el organigrama desde 1996 para que quede constancia de quiénes eran los representantes. También pide a Ruz que solicite al Ayuntamiento de Toledo una 'copia completa del expediente administrativo' que dio origen a la concesión de la adjudicación a Sufi.

En lo que se refiere a la financiación electoral del PP, los querellantes han solicitado asimismo que el Tribunal de Cuentas presente toda la relación de gastos de campaña del partido empezando por las Elecciones al Parlamento de Galicia de 2001; y que el juez pida al Ministerio de Interior una 'certificación de la relación de subvenciones otorgadas al Partido Popular desde el año 2002 y para los diferentes procesos electorales habidos desde entonces'.La acusación quiere que Iglesias explique el contenido de la reunión entre Rajoy, Arenas y Bárcenas en marzo de 2010 Resulta interesante también la reclamación de los archivos contables del medio ultraconservador Libertad Digital, que según la declaración de Bárcenas fue financiado con dinero del PP.

Así, los querellantes solicitan 'cuanta información registral conste desde el año 2003 hasta la fecha referida a operaciones mercantiles de ampliaciones de capital y/o compraventa de acciones, en las que hubieran intervenido Alberto Recarte, Francisco Yañez, Alberto Dorrego, Álvaro Lapuerta y Rosalía Iglesias'. Esta última, la mujer de Bárcenas, es una de las personas a las que la acusación pide que se tome declaración. Por un lado, porque aparece como perceptora de 650 euros en 2005 en la contabilidad B del partido. Bárcenas aseguró a Ruz que el dinero se le pagó por 'los gastos generados por la intervención del Partido Popular en una operación mercantil de la empresa Libertad Digital S.A.'. Por otro, porque Bárcenas contó al juez que Iglesias estaba presente en una reunión que mantuvo en marzo de 2010 con el hoy presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y Arenas en la sede del PP de Madrid.

'La testigo deberá declarar sobre el contenido  y temas abordados en dicha reunión que tuvieran que ver con el presente procedimiento penal, con el fin de determinar la posible comisión, entre otros, de un delito de encubrimiento por los presentes en dicha reunión, delito investigado en estas actuaciones según auto de admisión de querella de 11 de marzo de 2013', exigen los querellantes.

El opositor guineano, Severo Moto, que según los papeles de Bárcenas recibió financiación en dinero negro para sus campañas electorales y estuvo a sueldo del PP cuatro años, es otra de las personas que los querellantes quieren que se cite a declarar. Junto a él destaca el dueño de Mercadona, Juan Roig, que aparece como donante en los manuscritos de Bárcenas. El extesorero explicó al juez que Roig entregó en eprsona dos aportaciones de 90.000 y 150.000 euros en 2004 y 2008 tras reunirse con los secretarios generales, el presidente y el tesorero del PP ─ que en aquel momento era Álvaro Lapuerta ─ .

También se requiere la citación de Miguel Blesa, expresidente de Caja Madrid, y sobre el que Bárcenas explicó a Ruz que asesoró al PP en la liquidación de tres sociedades que constan en los papeles.

En lo que se refiere al actual presidente del Consejo de Estado, José Manuel Romay Becaria, los querellantes piden que se le cite como testigo porque Bárcenas aseguró que tanto él como Lapuerta le explicaron el mecanismo de la contabilidad B del partido cuando fue nombrado por Rajoy nuevo tesorero del partido ─ de 2010 a 2012─ después de que estallara la trama Gürtel.

En las nuevas diligencias, los querellantes no piden que se cite a Rajoy, pero sí sugieren a Ruz que solicite al PP que identifique 'a la persona o personas que se hayan desempeñado como Presidentes, Secretarios Generales o Secretarios Generales Adjuntos durante el periodo 1990 a 2008' ya que según Bárcenas todos ellos conocían el funcionamiento de la contabilidad en negro.

Hay una serie de información que también solicitan los querellantes. Por ejemplo, piden a Ruz que solicite a las compañías telefónicas el tráfico de llamadas entre Bárcenas y Lapuerta, que según la declaración del primero eran los encargados de recibir a los empresarios que estaban interesados en reunirse con altos cargos del PP y que a la postre se convertían en donantes. Asimismo, requieren la localización de las llamadas de Bárcenas en los dos últimos años.

Solicitan en otra diligencia un informe pericial caligráfico de los papeles y otro de Hacienda 'sobre posibles facturas falsas emitidas' por las empresas.