Un "reto colosal": los deberes que los sanitarios andaluces le ponen a la nueva consejera de Salud

El nivel de deterioro de la sanidad pública en Andalucía, el mayor problema de la Comunidad para el 11,9% de la ciudadanía, unida a la vocación de imposición y la falta de mano izquierda y ausencia de diálogo con los sanitarios, que han venido denunciando los sindicatos, huelga general en el Servicio Andaluz de Salud de tres horas incluida, de la consejera Catalina García, llevaron finalmente este lunes a Juan Manuel Moreno Bonilla (PP) a tomar la decisión de cesarla.

El presidente de la Junta no la echó del Gobierno, sino que optó por darle otras responsabilidades en la consejería de Sostenibilidad. Ahora, Rocío Hernández, pediatra y desde 2019 jefa del distrito sanitario Aljarafe, en Sevilla, tiene por delante un "reto colosal", como lo ha definido el Sindicato Médico Andaluz, el más cercano a las tesis del Ejecutivo del PP, y que también había pedido el cese de García.

El cambio, por una parte, ha permitido al Gobierno andaluz destensar de un plumazo unas relaciones con los representantes de los sanitarios, que estaban muy deterioradas y, en algún caso, rotas: el sindicato UGT ha decidido, tras el cese de García, volver este martes a las mesas con el Gobierno, que había abandonado.

Por otra parte, en los sindicatos de clase y en las mareas blancas son muy escépticos al respecto del cambio, porque, consideran, los conciertos están en el corazón del proyecto de Moreno Bonilla: "Las políticas privatizadoras forman parte de la estrategia del PP"

"No tiene buenos precedentes en el distrito Aljarafe, pero hay que esperar. Es difícil saber cómo va a actuar, su labor no ha sido buena, pero tenemos que darle un voto de confianza. Hacen falta cambios profundos y gente valiente. Si es así nos tendrá como aliados. Para seguir con la misma política no hace falta cambiar a nadie", resumen la situación fuentes de los sindicatos sanitarios.

Crisis en el sistema

La nueva consejera, que en efecto ha participado de la gestión de García, como gerente del distrito, se pone al frente de un sistema público en crisis. La sensación entre los sindicatos sanitarios es que se ha perdido en estos años de Gobierno de Moreno Bonilla, con una cantidad ingente de fondos públicos destinados a la sanidad, pandemia mediante, una oportunidad de recuperarse a fondo —es cierto que las plantillas han aumentado, pero el sistema funciona peor, si se atiende a las cifras de espera y de demora— de los recortes en el sistema público acometidos tras la caída de Lehmann, en 2008.

Entre los deberes que tiene Hernández por delante, destacan tres, según los sindicatos sanitarios: la reducción de las listas de espera, que esta se haga a través del sistema público y no de conciertos con la sanidad privada; la mejora de la Atención Primaria, que ha llevado a que pedir una cita sea una tarea hercúlea en algunos casos, y a resolver —o al menos a poner las bases— un problema que ha provocado el colapso del sistema en algunas comarcas, como en el área sanitaria de Osuna: la falta de médicos.

Este es el diagnóstico de situación que hace el Sindicato Médico Andaluz en una nota de prensa titulada inequívocamente Un cambio necesario: "Los problemas que está atravesando la sanidad pública andaluza tienen una dimensión sin precedentes, en especial en lo que se refiere a la dramática y creciente reducción de las plantillas médicas. Este es un problema que ya no solo afecta a la Atención Primaria, sino que se está extendiendo rápidamente a los hospitales, hasta el punto de poner en riesgo el funcionamiento de numerosos servicios médicos. Por desgracia, toda la población conoce y sufre las consecuencias de este hecho".

En Andalucía había en el mes de junio 215.275 personas —64.000 más que hace cinco años, cuando Moreno Bonilla llevaba apenas seis meses en el Gobierno— a la espera de una operación quirúrgica, según los datos de la Junta . De ellas, 59.232 superaban o bien el año de espera o los plazos de garantía de atención previstos en la normativa (90, 120 o 180 días en función de la intervención).

Hay además 848.787 personas —150.000 más que hace cinco años— que esperan ser atendidas en consultas externas en alguno de los 38 hospitales de la Comunidad. De ellas, 438.589 llevan una demora de más de dos meses. La demora media en este apartado es de 135 días.

La espera en la Atención Primaria ha generado grandes polémicas entre la Junta y las centrales sindicales. Un reciente informe de UGT basado en consultas en más de 200 centros de salud de la Comunidad —en Andalucía hay 1.514— les dio como resultado, según aseguraron a los medios, que el 60% de las peticiones de cita reciben por respuesta: "En estos momentos no hay profesionales disponibles". Es decir, que el 60% se quedaban sin atender.

Políticas sanitarias "nefastas"

"Los problemas que nos llevaron a convocar la huelga siguen exactamente igual, aún así y como muestra de buena voluntad y ante el cambio de responsable en la consejería de Salud, UGT vuelve a las mesas. […] Si no vemos un cambio sustancial, volveremos a abandonarlas como medida de protesta hasta que consigamos los objetivos de la huelga", afirma UGT en un comunicado de prensa. Entre esos objetivos, enumera el sindicato la reactivación del Acuerdo de Atención Primaria, el desbloqueo de las bolsas y mejorar las plantillas.

"El cambio difícilmente irá a peor", considera José Pelayo Galindo, de CCOO. "Esperamos que la nueva consejera aprenda de los errores cometido y queden atrás políticas sanitarias nefastas que han llevado al sistema sanitario público de Andalucía al abismo y que queden atrás negociaciones paralelas fuera de mesa sectorial, filtraciones e incumplimientos de los pactos adoptados".

Para el sindicato CSIF, el "cambio era más que necesario". En un comunicado de prensa, la central aseguraba que esperaba de la nueva consejera que recondujera "la deriva del sistema sanitario" y que aplicase "el necesario talante de escucha y diálogo". "Esperamos ─agregan─ que ponga encima de la mesa medidas certeras para la fidelización de los profesionales, alejándose de la privatización de servicios y recursos de nuestra sanidad".

El sindicato SATSE reclamó también "a la nueva consejera de Salud que mantenga un compromiso claro con los ciudadanos, con los profesionales y con sus representantes de que mantendrá un modelo de sanidad público, gratuito y universal".