VoxLa responsable jurídica de Vox declara este viernes como imputada por la supuesta falsificación de un despido

Marta Castro, vicesecretaria jurídica de Vox, y Nicolás Gutiérrez, excoordinador del grupo parlamentario ultraderechista en Andalucía, declararán en calidad investigados este viernes ante la titular del Juzgado de Instrucción número 19 de Sevilla, informa El Español. Ambos han sido imputados por un presunto delito de falsificación de documento público tras una denuncia interpuesta por Francisco Javier Martínez, exasesor legal del grupo parlamentario andaluz.

Martínez los demandó en febrero por el supuesto impago de 5.450 euros por haber prestado sus servicios (cuando el juez Francisco Serrano presidía el grupo parlamentario andaluz). Exigía esos honorarios por una defensa contra otro exasesor de Serrano que reclamaba un impago, "caso que ganó", añade El Español. "Un asunto, según aclara, que no entraba dentro de sus competencias como asesor legal del grupo parlamentario, motivo por el que cobró sus servicios a la formación".

Vox alegó que no procedía pagarle porque ya había sido despedido y que la fecha del cese citada por Franciso Javier Martínez (según él, de baja médica) no se ajusta a la realidad. El partido ultra señala que se le comunicó la rescisión de su contrato "por bajo rendimiento e indisciplina". La carta que contenía esa información, según el denunciante fue "fabricada ex profeso" para aportarla al juzgado, porque según él nunca llegó a recibirla.

Según la denuncia, Vox le mandó "un burofax el día 4 de marzo, que dicen que le fue entregado el 15 de febrero, es decir 19 días antes de haberlo enviado". Martínez asegura que se trataría de dos envíos diferentes que el partido ultra presentaba como uno solo. "Uno era la convocatoria a una reunión y el otro nunca llegó a su destino debido al confinamiento impuesto por la pandemia", informa El Español.

Por ello, la jueza ha incoado diligencias previas por un presunto delito de falsificación de documento público, según El País. Por su parte, Marta Castro ha alegado que no puede prestar declaración por videoconferencia porque le coincide con otra causa, si bien la jueza todavía no ha resuelto su petición.