El Plan España 2050 es un ambicioso documento de 600 páginas que quiere poner el estado español en el liderazgo de la transición ecológica, sustituir el uso de combustibles fósiles y proteger los recursos marinos, entre otros muchos objetivos. Pero para el 2050 faltan 29 años y parece que esto no es incompatible con la ampliación del Puerto de València, una infraestructura estratégica que pretende duplicar el tráfico de mercancías, chocando con muchos de los criterios, no solo de España 2050, sino también de las directivas europeas sobre adaptación al cambio climático. Un conflicto que, a medida que se acerca el momento de iniciar las obras, está aumentando su tensión política y podría desestabilizar los gobiernos de coalición de izquierdas, tanto en la Generalitat como el Ayuntamiento de València.

Hasta hace pocos meses, la ampliación del Puerto parecía un proyecto consumado, solo a la espera que Puertos del Estado decidiera si la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), aprobada en 2007 para un proyecto con notables diferencias, había caducado o seguía vigente. Entonces, la única oposición provenía de una plataforma ciudadana, la Comisión Ciutat-Port, formada por asociaciones vecinales y ecologistas. Esta entidad, pero, en este tiempo y a base de trabajo de hormiguita, ha conseguido convencer buena parte de la sociedad valenciana que esta obra, no solo es innecesaria, sino también muy peligrosa y puede poner en grave riesgo, tanto las playas del sur de la ciudad, como el parque natural de la Albufera o el ecosistema marino adyacente, ambos incluidos en la Red Natura 2000 de la Unión Europea. Las voces pidiendo contención o directamente parar del proyecto han ido en aumento, no solo en el tejido asociativo, sino también en la academia y otros entornos, algunos tan sorprendentes como el eurodiputado popular Esteban González Pons.

El partido que más claramente ha levantado la voz en contra la ampliación ha sido Compromís. El alcalde de València, Joan Ribó, ha ido modulando su postura, desde una aceptación crítica a una oposición matizada con demandas de más garantías. De forma más contundente, se ha posicionado la consellera de Agricultura y Transición Ecológica, Mireia Mollà –también de Compromís-, quien en una entrevista reciente en el digital Vilaweb denunciaba que la ampliación "responde a los intereses de las grandes navieras y no al interés general".

Este posicionamiento cada vez más explícito no ha tenido una respuesta parecida por parte de los socios de los valencianistas. La gran mayoría de cargos del PSPV mantienen un perfil muy bajo y más bien prudente en el debate. Otros excargos socialistas, como la excandidata a la alcaldía de València, Ana Noguera, o el exsecretario general del PSPV, Joan Romero, se han posicionado abiertamente en contra de la ampliación. "Hay cierta vergüenza a dar la cara por este proyecto", reconoce una voz próxima a los socialistas. "La bola está creciendo y estamos consiguiendo crear un estado de opinión contrario a la ampliación. Un escenario imprescindible para conseguir que el PSOE, finalmente, se posicione y acabe con este dejar hacer a la Autoridad Portuaria", explica Josep Gavaldà, de la Comisión Ciutat-Port.

Por ahora, pero, parece que continúa dominando la estrategia de no pararlo pero sin mojarse. La misma entidad de Puertos del Estado parecía optar por esta "no posición". El 31 de marzo anunciaba que dejaba la decisión sobre la validez de la DIA del 2007 en manos de la Autoridad Portuaria de València. Un aval de facto –obviamente el Puerto de València defendía que esta no había caducado- pero sin decirlo claramente. Según fuentes conocedoras del proceso, quizás para evitar que una posterior revocación europea o judicial les salpicara demasiado directamente. Por su parte, el ministerio de Transición Ecológica de Teresa Ribera abría, a mediados de abril, la puerta a exigir una nueva evaluación ambiental. También la Comisión Europea ha aceptado a trámite una petición porque se pronuncie sobre el mismo tema.

"La DIA del 2007 no tiene en cuenta la perspectiva climática, ni la ley de costas ni toda la normativa europea que es posterior a su aprobación, y por tanto habría que ver si ahora mismo continuamos pensando en hipótesis antiguas de crecimiento continuo que ya sabemos que no son correctos. Los documentos de la UE sobre infraestructuras son muy claros a exigir su sostenibilidad y habla claramente de puertos. No tiene ningún sentido impulsar una obra de esta envergadura sin tener en cuenta los condicionantes de la última década", explica en Público Celsa Monrós, directora general de Cambio Climático.

La oposición presiona

Ahora mismo, los principales apoyos a la ampliación provienen, además de entidades claramente interesadas, como la Cámara de Contratistas, de la oposición. De hecho, la dirigente del PP al Ayuntamiento de València, Maria José Catalá, promovió una moción defendiendo esta obra, con la clara intención de explotar las diferencias entre socios. Finalmente, un texto consensuado entre Compromís y PSPV sobre una "ampliación descarbonizada", que "respete la DIA" y "evite el desgaste de las playas", salvaría los muebles de la coalición.

Con todo, es evidente que este no ha estado sino un primer intento, y a medida que el momento de decidir definitivamente si se para la ampliación o se ejecuta, las tensiones pueden ir además. "Este es un tema de aquellos que pueden romper un gobierno", asegura contundente Gavaldà.