Podemos, a través de la representación legal de tres de los imputados en el llamado 'caso Niñera', ha pedido al juez Juan José Escalonilla, titular del Juzgado de Instrucción 42 de Madrid, el sobreseimiento libre de la causa para Esther Val, gerente del partido; Daniel de Frutos, responsable de finanzas; y Gara Santana, exjefa de prensa del grupo parlamentario, por "la absoluta intrascendencia de la investigación", "más propia de periodistas del papel couché que de un juzgado de instrucción", consta en el escrito relativo a Esther Val, al que ha podido acceder este diario.

Las tres peticiones llegan después de que declarara este jueves la periodista Gara Santana, acusada de haber cuidado de los hijos de la ministra Irene Montero y Pablo Iglesias siendo empleada de Prensa de Podemos en el Congreso de los Diputados en 2018. Santana ha negado este extremo, aduciendo que acudió al domicilio de la pareja alguna vez, estando Irene Montero de baja de maternidad, para tratar asuntos de trabajo. 

Fue el Juzgado de Instrucción Número 46 de Madrid el que abrió diligencias tras la denuncia de Mónica Carmona, abogada despedida de Podemos como responsable de Cumplimiento Normativo, sobre el presunto papel de cuidadora de Teresa Arévalo, miembro de Podemos y asesora del Ministerio de Igualdad. Después, la causa regresó al juzgado del juez Escalonilla, que continuó con la instrucción por presunto delito de malversación, a la vez que mantiene abierta la causa 'Neurona' contra Podemos.

Respecto a Esther Val, su defensa solicita el archivo, entre otras razones, por ser ella "completamente ajena" y carecer de responsabilidad en las decisiones del grupo parlamentario de Podemos. "Además en las fechas en que se producen los supuestos hechos, mi representada ni siquiera ejercía sus labores como gerente del partido, labores que inició en marzo de 2019".

En su escrito, pone en evidencia que la exempleada de Logística del partido que acusó a Gara Santana de haber cuidado de los hijos de la pareja dijo ante el juez que existía un grupo de Telegram, así como mensajes directos a su persona, donde se le emplazaba a recoger a la periodista y llevarla a casa de Irene Montero con frecuencia en la época que presuntamente ejercía de cuidadora. 

Pues bien, al aportar dichos mensajes al juzgado se ha descubierto que sólo figura un encargo concreto: el 13 de octubre de 2018. 

"Más allá de la lectura que se pueda hacer respecto de la finalidad de
dicho encargo, lo cierto es que el carácter puntual del mismo, que contrasta
sobremanera con las afirmaciones de la testigo sobre la habitualidad de dicho
servicio, nos permite confirmar la absoluta intrascendencia de la investigación llevada a cabo por Su Señoría", consta en el escrito.

Pena de banquillo

En relación a Daniel de Frutos, responsable de finanzas de Podemos, fue imputado, junto con Esther Val el 7 de julio de 2021. Su defensa pide el archivo para él por la "pena de banquillo de más de un año pese a no aparecer elemento indiciario alguno que relacione al mismo con hecho alguno ni indiciariamente delictivo".

Destaca su letrado que el "Tribunal de Cuentas no realizó ninguna observación
respecto de los gastos de desplazamiento objeto de la presente instrucción, en su informe de fiscalización de las contabilidades de las elecciones a Cortes Generales de 10 de noviembre de 2019".

Una testigo sin credibilidad

Respecto a Gara Santana, su defensa resalta "las graves contradicciones" y la "falta a la verdad objetiva" del testimonio de la exempleada del partido que la señaló como la cuidadora de los bebés de Pablo Iglesias e Irene Montero. 

"La testigo manifestó sin ambages que mi representada ejerció las
funciones de cuidadora de los menores y que ella la trasladó del domicilio
particular de manera continuada, al menos un par de veces a la semana
durante aproximadamente cuatro o cinco meses". Sin embargo, Santana estuvo de baja desde el 16 de noviembre de 2018 y a los bebés se les dio de alta hospitalaria a mediados de octubre de ese año, por lo que "resulta materialmente imposible" que acudiera diariamente a casa de Irene Montero. 

La fiscal atribuyó animadversión hacia la ministra Montero por parte de la testigo, que negó haber visto a Teresa Arévalo ejercer como cuidadora y señaló a Santana. La fiscal indicó en una resolución en mayo pasado que "no es ilógico" que estando de baja Irene Montero por el nacimiento de sus hijos hubiera reuniones políticas en su domicilio "dada la posición que ocupaban tanto ella como Pablo Iglesias en el partido" en 2019.

"Mantener la imputación de la Sra. Santana no sólo convierte en
perverso el procedimiento judicial, invirtiendo la carga probatoria a quien
defiende y no a quien acusa, sino que vulnera en toda su extensión los
derechos constitucionales que asisten a mi representada", dice el letrado de la periodista, que fue jefa de prensa de Irene Montero. 

"Resultaría alejado de lo que esta parte entiende debe ser una
instrucción que por parte de este Juzgado se mantuviera su decisión de
continuar el procedimiento respecto de Gara Santana, pues no existe
siquiera mínimamente indicio alguno de la acusación tan grave que se le
realiza, que no solo no se acredita sino que se evidencia falsa, con
hechos incontrovertidos y constatables puestos de manifiesto incluso por
quien la acusó", concluye el letrado.