Ocho juristas, entre ellos, el presidente suplente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), se han reunido este martes en el Ateneo de Madrid para exponer sus propuestas de cara a la renovación del órgano del gobierno de los jueces, que lleva cinco años y cuatros meses con el mandato caducado debido al bloqueo que mantiene el Partido Popular.

Rebajar las mayorías en una segunda vuelta, un sorteo entre los candidatos y la progresiva eliminación de los candidatos menos votados en las Cortes son algunas de las proposiciones escuchadas en el acto, organizado por el colectivo Más Democracia y presentado por la politóloga y socióloga Cristina Monge. 

Público emitirá este miércoles el acto íntegro a través de su canal de 'Youtube'.

Los intervinientes se han posicionado entre mantener el modelo actual de participación de las Cortes Generales en la designación de los vocales del CGPJ, tanto los 12 de origen judicial como los ocho juristas de reconocido prestigio --un modelo instaurado en 1985--, o, por el contrario, cambiar el modelo para que la elección de los vocales judiciales la realice exclusivamente la carrera judicial. 

El presidente suplente del CGPJ, Vicente Guilarte, ha sido el primero en intervenir, exponiendo su propuesta para que el Consejo deje de nombrar a los miembros del Tribunal Supremo y hacer, así, menos atractivo el control del CGPJ por parte de los grupos parlamentarios.  De esos nombramientos se encargaría una comisión experta. 
Guilarte ha culpado a los dos grandes partidos del bloqueo del Consejo, por su imposibilidad de ponerse de acuerdo.

Victoria Muñoz, portavoz de Foro Judicial Independiente, y Sergio Oliva, de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), proponen conjuntamente que los doce vocales judiciales del CGPJ  sean elegidos por los propios jueces de "manera directa, proporcional y con voto cualificado". 

Estas dos asociaciones judiciales prevén que con la eliminación de la participación del Parlamento en el nombramiento del CGPJ se evite la politización del órgano. "Garantiza la representatividad y pluralidad del sistema y que tanto asociados como no asociados sean escuchados y puedan participar en ese sistema", ha explicado Sergio Oliva. 

El planteamiento de estas dos asociaciones consiste, a grandes rasgos, en permitir listas abiertas y que cada miembro de la carrera judicial pudiera votar a seis candidatos. De esta manera, según estas entidades, se evitaría el control por parte de las asociaciones judiciales.  

Hay que recordar que el 45% de los jueces no está asociado y que en las más recientes elecciones para las Salas de gobierno de los tribunales superiores de justicia solo 13 de ellos obtuvieron una plaza; el resto de puestos los ocuparon los candidatos de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), en primer lugar, seguidos por los de AJFV. 

Rebajar la mayoría en segunda vuelta

Especial atención ha merecido la intervención de Concha Sáez, exvocal del Consejo General del Poder Judicial, la única que presentó su dimisión como una forma de protesta por la crisis del Consejo. Para ella, el sistema, pese a estar muy deteriorado, "sigue siendo recuperable". 

Para Concha Sáez, la soberanía popular tiene que seguir imponiéndose en la elección del CGPJ. Por ello, defiende el mantenimiento del sistema actual de mayorías de tres quintos tanto del Congreso de los Diputados como del Senado, y en caso de que se produzca un bloqueo, en una segunda vuelta, pasado un tiempo de dos o tres meses, la mayoría se podría rebajar de cualificada de tres quintos a mayoría absoluta, es decir, de 210 votos a 176. 

Una propuesta, la de la mayoría absoluta, que no le merece a Sáez el apelativo de "dictatorial", en relación a las recientes palabras de Vicente Guilarte respecto a que rebajar esas mayorías para la elección del CGPJ le parecía propio de una dictadura. "La mayoría absoluta es con la que se gobierna en España", ha indicado Sáez. 

La exvocal del CGPJ ha discrepado respecto a lo manifestado por Guilarte y ha dicho que si hay un partido político que tiene la culpa de que el Consejo lleve cinco años con el mandato prorrogado es el Partido Popular. 

Un sorteo entre los candidatos

Elisa de la Nuez, secretaria general de la Fundación Hay Derecho, ha propuesto, en la misma línea de lo  que propugna la Unión Europea para España, que se renueve inmediatamente el CGPJ con el sistema actual y después se cambie la manera de elección de los vocales. 

En este sentido, su entidad propone un sistema de sorteo entre los candidatos a vocal judicial. "Es un sistema que ya existe para la elección de los vocales judiciales de la Junta Electoral Central, con muy buenos resultados", ha dicho Elisa de la Nuez, que ha matizado que el sistema de sorteo podría instaurarse como definitivo si así se considerara. "Hay que estudiar de manera sosegada el proceso de reforma", añade.

Original ha resultado ser la propuesta del jurista Francisco Jurado, miembro de Más Democracia y profesor de la Universidad Autónoma de Barcelona. Su sugerencia consiste en implementar un mecanismo de voto posicional, de manera que cada parlamentario otorgue una numeración en base a sus preferencias en una lista de candidatos y los que ocupen los últimos puestos serán eliminados. De esta manera, se garantiza la elección en primera o segunda vuelta de los candidatos que más apoyos conciten. 

Por parte de la única asociación judicial progresista, Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD), su portavoz, Ignacio González Vega, ha abogado por mantener el sistema actual de elección de los vocales del CGPJ y ha  recordado que el Partido Popular incumple el mandato de la Constitución, que obliga a renovar el Consejo cada cinco años. "Los bloques [ideológicos] han existido siempre desde que existe el CGPJ", ha recordado este juez, que ha dicho que su asociación pide la dimisión de todos los vocales del CGPJ para facilitar así la renovación. 

Por último, el catedrático de Ciencias Políticas Manuel Villoria ha presentado la propuesta de la organización Más Democracia, a la que representa: convertir el CGPJ en una comisión formada por tres miembros del Tribunal Supremo, elegidos por sorteo, y otras dos personas expertas en gestión, a través de un concurso público.