"El registro a Oleguer Pujol es una grieta contra la impunidad del clan y la oligarquía caciquil del régimen"

Las formaciones políticas Guanyem Barcelona y Podemos han difundido un comunicado en el que se felicitan por el registro ordenado por el juez Santiago Pedraz contra siete inmuebles de Oleguer Pujol y su socio, al tiempo que su abogado, Jaume Asens, lo califica de "una grieta contra la impunidad del clan Pujol y la oligarquía caciquil del régimen'

Podemos y Guanyem Barcelona solicitaron al juzgado que se practicaran estos registros, pero optaron por no hacer pública esta petición que realizaron al juzgado "para garantizar su secreto y eficacia".

Además, tienen previsto presentarse en todas las causas abiertas contra el clan de los Pujol, tanto en Barcelona como en la Audiencia Nacional.

Podemos y Guanyem Barcelona están personadas como acusación popular contra Oleguer Pujol en el juzgado central de instrucción 1 de la Audiencia Nacional. Ejercen la acusación junto a la Confederació d'Associacions de Veïns de Catalunya (CONFAVC), la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona (FAVB) y el Observatorio de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC), así como ICV-EUiA, Procés Constituent y la Red Ciudadana-Partido X.

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) ha registrado este jueves siete inmuebles vinculados a Oleguer Pujol y su socio Luis Iglesias, yerno del ex ministro Eduardo Zaplana.

El hijo pequeño del expresidente de la Generalitat Jordi Pujol i Soley ha sido imputado, tal y como también pedía la querella de Podemos y Guanyem Barcelona, por un delito de blanqueo de capitales y fraude a la Hacienda Pública. Dicha imputación se produce de facto tras la personación del propio Oleguer Pujol en la causa.

En la querella, presentada el pasado 2 de septiembre, los abogados de Guanyem Barcelona y Podemos pidieron que se realizaran los registros hoy practicados. En concreto, se solicitó que se ordenara la entrada y registro de los domicilios particulares de los querellados y de todas las sociedades en las que figuraran como socios o fundadores, para intervenir todos aquellos ordenadores, documentos u otros indicios incriminatorios relacionados con los hechos objeto de la querella.

Podemos y Guanyem destacan que los registros de inmuebles "son una muestra de cómo la acción ciudadana está resquebrajando la impunidad del clan Pujol. La familia Pujol Ferrusola ha conformado desde la transición un entramado empresarial con indicios suficientes de actividad criminal, que ha contado con la complicidad de PP y PSOE mientras CiU dio apoyo a sus gobiernos de turno".

En su comunicado, Podemos y Guanyem Barcelona consideran que este entramado "no se entiende sin el apoyo implícito de Convergencia i Unió. No nos creemos que nadie supiera nada y sospechamos que las actuaciones de los Pujol eran sabidas y consentidas, cuando no directamente promovidas por el partido. No estamos ante la enésima manzana podrida, sino ante un caso que amenaza a los pilares del régimen del 78, donde los intereses privados han tomado las riendas de la gestión pública".

"Pero la ciudadanía ha dicho basta -añaden- y, al igual que en la #QuerellaPujol, otras iniciativas como #15MpaRato o las acusaciones populares en el caso Bárcenas están llevando a las élites políticas y económicas del Estado a responder ante los tribunales".

"Guanyem Barcelona y Podemos estamos a la espera que el juez Pedraz cite a declarar a Oleguer Pujol en calidad de imputado. Así mismo, solicitamos que se practiquen el resto de diligencias y estudiaremos presentarnos en el resto de causas abiertas contra la familia Pujol-Ferrusola en los juzgados de la Audiencia Nacional y Barcelona".

"Vamos a hacer lo posible para llegar al final del proceso y hacer que todos los querellados asuman sus responsabilidades penales hasta las últimas consecuencias. Contra la cultura del saqueo y la impunidad, hoy la ciudadanía exige transparencia y justicia", termina la nota difundida por Podemos y Guanyem Barcelona.

Existen cinco causas judiciales abiertas contra los Pujol, en concreto contra el expresident Jordi Pujol y su esposa, Marta Ferrusola, así como contra sus hijos Oriol, Jordi, Oleguer y las esposas de los dos primeros, Anna Vidal y Mercè Gironés.

La primera denuncia que existe contra el clan de Jordi Pujol es la abierta contra Oriol Pujol por la adjudicación irregular de concesiones de Inspección Técnica de Vehículos en Catalunya. Exportavoz de CiU, Oriol Pujol renunció a su condición de diputado autonómico -y a su aforamiento-, por lo que la causa se instruye en el juzgado de instrucción número 9 de Barcelona. Su titular, Silvia López Mejía, investiga supuestos delitos de cohecho y tráfico de influencias en la mediación para estas adjudicaciones.

La segunda denuncia fue presentada en la Audiencia Nacional por María Victoria Álvarez, exnovia de Jordi Pujol Ferrusola. La instruye Pablo Ruz del juzgado central número 5. En esta querella se ha admitido este jueves la personación de UPyD como acusación popular.

Una tercera causa está abierta en el juzgado 31 de Barcelona.  Está dirigida contra Jordi Pujol  padre y su esposa Marta Ferrusola y fue presentada a principios de octubre por Manos Limpias, que ejerce la acusación popular. La jueza Zita Hernández investiga una supuesta herencia de Pujol que mantuvo oculta durante 34 años en paraísos fiscales. Delitos investigados: contra la hacienda pública, cohecho, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, prevaricación, falsedad en documento público y malversación de caudales públicos.

La cuarta es la abierta a raíz de la querella de Podemos y Guanyem contra todo el clan Pujol. Santiago Pedraz -juez central de instrucción 1- sólo la admitió en lo referente a Oleguer Pujol, al entender que había otros sumarios abiertos. Es en esta causa donde se han practicado la entrada y registro contra los domicilios y empresas del hijo pequeño del expresident catalán.

Por último, un juez de Liechtenstein -Michael Jhle-  ha girado una comisión rogatoria a España a través de Interpol para conocer los "antecedentes y condenas" de Jordi Pujol, así como toda la información disponible. La Policía ha remitido la solicitud al Juzgado número 31 de Barcelona. El juez investiga un presunto delito de blanqueo de capitales.