El Parlamento va a reactivar este jueves el debate sobre la reforma de la Ley Electoral andaluza con la presentación de un documento síntesis que aglutina las propuestas de las cinco formaciones políticas. El PSOE, que preside este grupo de trabajo, se aviene finalmente a iniciar la tramitación parlamentaria después de que sus socios de Ciudadanos dieran un golpe en la mesa tras el último aplazamiento del debate: la formación naranja, muy envalentonada por su auge en los sondeos de intención de voto, dio un ultimátum al Gobierno de Susana Díaz: o la negociación sobre la reforma electoral andaluza arrancaba este mes de marzo, o le retiraban su apoyo parlamentario dejando a los socialistas en minoría.

La reforma electoral está incluida en el pacto de investidura entre PSOE y Cs. En las últimas semanas los socios naranjas han usado este debate para presionar a Díaz, un gesto en el que muchos creen adivinar la “excusa” para un adelanto electoral. Para demostrar que van en serio, el propio Albert Rivera hizo explícito el ultimátum desde Madrid, y su grupo parlamentario en Andalucía registró una proposición de ley en la Cámara -la primera en tres años de legislatura- con su propia propuesta de reforma electoral. Los naranjas estaban avisados por parte de los servicios jurídicos del Parlamento de que el texto legal debía entrar en registro en el mes de marzo para que hubiera tiempo material de aprobar la reforma antes de las próximas elecciones andaluzas, previstas para la primavera de 2019. El PSOE se dio por enterado y la semana pasada convocó al resto de grupos a una reunión, este jueves en el Parlamento, para poner encima de la mesa un documento sobre el que empezar a trabajar.

Con este paso, los socialistas han logrado que Cs retire su órdago, pero también enfrían las expectativas de que una reforma integral de la Ley Electoral andaluza esté lista para los comicios del año que viene. La dirección regional del PSOE advierte ya de que la parte mollar de la legislación actual -que se rige por el sistema d’Hont- no se tocará sin un consenso amplio de todas las fuerzas del Parlamento, similar al acuerdo sobre financiación autonómica que pactado por PSOE, Podemos e IU, al que finalmente también se adhirió el PP.

La principal demanda de Ciudadanos -y de la formación morada, que también amagó con presentar su propuesta de reforma- consiste en mejorar la representatividad en las circunscripciones menores (principalmente Jaén y Huelva), donde a los grupos pequeños les cuesta el doble de votos que a los grandes obtener escaño. Los más de 70 expertos que participaron en el grupo de trabajo para la reforma electoral abordaron esta cuestión de muchas maneras. Por ejemplo, ampliando el número de diputados de la Cámara (que actualmente tiene 109 escaños); creando una bolsa de restos (para que no se pierdan miles de votos cuando no llegan al porcentaje mínimo para obtener representación en una provincia); redibujando el mapa electoral para que Andalucía sea una circunscripción única, en lugar de ocho (y por tanto no haya un número de escaños distribuido por cada provincia, como ahora).

El sistema actual distribuye los 109 escaños entre las ocho provincias, con un mínimo fijo por cada una, y habiendo más en aquellas que tienen más población (Sevilla y Málaga). La mayor dificultad que tienen los partidos pequeños es lograr representación donde menos diputados hay en juego (Jaén y Huelva), de ahí que algunos propongan quitar escaños de estas provincias y llevarlos a otras más grandes, donde no se necesitan tantos votos para lograr un diputado. Esta propuesta no sólo entraña dificultades jurídicas, también y sobre todo un alto riesgo político de enfurecer al electorado de las provincias perdedoras. “Si es eso lo que proponen, que vayan a Huelva y a Jaén a explicarlo, porque yo no pienso ir”, bromea el número dos del PSOE-A, Juan Cornejo. La formación naranja, que coordina Juan Marín, ha hecho una simulación cruzando su propuesta de ley con los resultados de las últimas elecciones autonómicas (2015): el PSOE perdería cinco diputados, el PP perdería dos, IU ganaría tres y Podemos y Cs sumarían dos respectivamente.

En todo caso, cualquiera de estas propuestas supone cambiar las reglas del juego y el Gobierno andaluz no está dispuesto a hacerlo sin la connivencia del principal partido de la oposición (PP). Además algunas de estas fórmulas requieren la modificación del Estatuto de Autonomía que, al tener rango de Ley Orgánica, debe ser ratificado primero por la mayoría del Parlamento andaluz, y luego por el Congreso de los Diputados. De modo que difícilmente estarían listas para las elecciones del año que viene.

Pese a todo, el PSOE no ha tenido más remedio que poner en marcha el reloj de la reforma electoral. La presentación del documento síntesis servirá “para ver realmente cuáles son las áreas, competencias y materias en las que Andalucía puede tomar decisiones a la hora de plantear una reforma de la Ley Electoral que no invada las competencias del Gobierno de España”. La propuesta inicial permitirá ver el grado de coincidencia de los partidos y, a partir de ahí, o bien el Gobierno andaluz llevará al Parlamento un proyecto de ley, o bien los partidos de la oposición registrarán una proposición de ley.

El sistema electoral actual -basado en la ley d’Hont- ha beneficiado históricamente a los dos grandes partidos, PSOE y PP, y perpetuado el bipartidismo en Andalucía durante casi 40 años. Pero en Andalucía ha habido gobiernos con mayoría absoluta, gobiernos en minoría parlamentaria, gobiernos de coalición de PSOE y Partido Andalucista, gobiernos de colación de PSOE con IU o, actualmente, un pacto de investidura/legislatura de los socialistas con Cs. Esta diversidad de fórmulas es un argumento más de la Junta para negar que la ley electoral sea lo que explique el comportamiento en las urnas de los andaluces, aunque invariablemente Andalucía ha sido y es la única comunidad autónoma donde siempre ha gobernado el mismo partido en democracia: PSOE.

La predisposición de los socialistas a reformar la Ley Electoral andaluza anticipa un “acuerdo de mínimos” en cuestiones que no requieren cambios estructurales. En las cinco propuestas hay bastante coincidencias: por ejemplo, la doble lista cremallera, para que haya mujeres como cabeza de cartel en al menos cuatro de las ocho provincias; el ahorro en publicidad electoral (que se envíe la propaganda de todos los partidos en un mismo sobre); la obligatoriedad de los debates entre candidatos en la radio televisión pública andaluza (RTVA); acortar la campaña electoral, que ahora dura dos semanas; o eliminar la jornada de reflexión y la prohibición de publicar encuestas de intención de voto ese mismo día…