La 'Operación Diálogo' está rota. Así lo constató este lunes la propia encargada del Gobierno para llevarla a cabo. La ministra para las Administraciones Territoriales ha puesto una oficina permanente en Catalunya, ha viajado en numerosas ocasiones a la Comunidad para mostrar la preocupación del Ejecutivo central por los ciudadanos catalanes y ha liderado negociaciones presupuestarias que terminaron con grandes inversiones en el territorio. Pero nada ha funcionado.

"La posición de [el presidente de la Generalitat, Carles] Puigdemont es referéndum sí o sí y para hablar de eso no puede haber vías abiertas porque ese referéndum no puede celebrarse", sentenció Soraya Sáenz de Santamaría en una rueda de prensa en La Moncloa. Una postura que no ha variado ni un ápice desde sus propias reuniones bilaterales con el vicepresidente del Govern, Oriol Junqueras, en las que ambos permanecieron en la defensa de sus posturas sin llegar a acuerdo alguno.

La promesa de infraestructuras como el Corredor Mediterráneo o la mejora de los Rodalíes [Cercanías], las visitas al aeropuerto del Prat tras el caos de las largas colas, o su presencia en la festividad de Sant Jordi no han servido para nada. La situación hoy es muy similar a la del 9-N del 2014, cuando, tras innumerables amenazas del Gobierno de Mariano Rajoy, la consulta soberanista terminó celebrándose igualmente. 

La única diferencia entre ambas fechas es, según fuentes del Gobierno, que ahora ya existe un precedente judicial. El Ejecutivo confía en que la inhabilitación del expresident, Artur Mas, sirva para amedrentar a políticos, funcionarios y empresarios que pretendan colaborar con el referéndum que prepara el Govern catalán, aún sin fecha. "Ahora existe una sentencia que delimita claramente que se está cometiendo un delito si se participa en él", argumentan las citadas fuentes, que confían en que nadie que se haya preparado durante años para aprobar una oposición, ponga en riesgo su empleo público por la consulta independentista.

Sin embargo, pocos éxitos le reconocen a Sáenz de Santamaría. "La 'Operación Diálogo' sigue abierta", mantienen para defender que ahora, al menos, parte de los empresarios catalanes hayan instado a Puigdemont a aceptar la invitación del Ejecutivo central y acudir al Congreso a defender su propuesta. Aun así, no tienen respuesta cuando se les pregunta qué ha cambiado con la que ellos llaman 'Operación Catalunya'. 

Es más, otras fuentes del PP analizan la nueva situación en clave interna. Y la número dos de Rajoy en el Gobierno no sale bien parada. Quien siempre ha sonado en las quinielas como sucesora natural del presidente parece estar perdiendo fuelle en la carrera sucesoria por no haber resuelto antes uno de los "principales retos" para el Ejecutivo central.

La vicepresidenta, que fue premiada por su jefe con su nueva misión al frente del desafío catalán para equiparar sus funciones con el doblete de María Dolores de Cospedal -su enemiga en el partido- en el Ministerio de Defensa y la Secretaría General del PP, no está cumpliendo las expectativas de algunos de sus compañeros. Por ello, hay quien ya le resta puntos en esa batalla y la ve cada vez más lejos de poder alcanzar sus aspiraciones, informa Ana Pardo de Vera. 

Por otro lado, todo apunta a que la guerra interna entre Sáenz de Santamaría y Cospedal sigue abierta en el partido. Mientras la segunda utilizó el tono más amenazante del Gobierno para amenazar a la Generalitat con aplicar el 155 de la Constitución o sacar el Ejército a las calles, la primera rebajó esa política del miedo y se negó a adelantar posibles medidas para combatir el referéndum. 

"Puigdemont está buscando la reacción de todos los demás para alimentar un victimismo que ya no cuela", espetó la vicepresidenta lanzando una pulla no sólo al president sino también a su compañera de filas por entrar en su juego.  Ambas ya sólo están de acuerdo en una cosa: "El referéndum no se va a celebrar", parafrasean a Rajoy. Aunque nadie en el PP ni en el Gobierno se atreva a explicar cómo lo van a evitar.