El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha dejado en suspenso la vigencia de la comisión denominada "sobre violación de derechos fundamentales" que fue creada por la Generalitat el pasado 2 de octubre para investigar las cargas policiales en la jornada del referéndum de independencia del 1-O.

La resolución del tribunal de garantías es consecuencia de la admisión a trámite del recurso presentado por el Ejecutivo de Mariano Rajoy, que considera que la comisión creada por la Generalitat vulnera competencias exclusivas del Estado en materia de justicia y de legislación procesal así como otros principios como la presunción de inocencia y el derecho al honor.

En su acuerdo, la Generalitat indicaba que el objetivo de esta comisión era investigar actuaciones y omisiones "imputables a las instituciones y órganos del Estado y, de forma particular, de las actuaciones del Gobierno del Estado, de la Fiscalía, del poder judicial y de las fuerzas y cuerpos de seguridad" tras los "hechos gravísimos fruto de la violencia y la represión policiales".

En la providencia que ha notificado este martes, el Constitucional acuerda dar traslado de la demanda y documentos presentados a la Generalitat, que dispone de un plazo de veinte días para aportar cuantos documentos y alegaciones estime conveniente.

257 denuncias

No obstante, el tribunal deja en suspenso el plazo de personación y formulación de alegaciones para la Generalitat "con el fin de evitar un conflicto en la defensa de los intereses del Estado y de la Comunidad Autónoma de Catalunya".

El citado plazo quedará suspendido durante el tiempo en que, en virtud de las medidas aprobadas con la aplicación del artículo 155 de la Constitución, el Consejo de Ministros ejerza las funciones y competencias que corresponden al Govern.

La admisión a trámite y la suspensión cautelar no suponen pronunciamiento alguno sobre el fondo del citado asunto, que el Tribunal resolverá una vez que esté concluso el proceso, según ha advertido en una nota el tribunal de garantías.

El acuerdo cuya constitucionalidad no estudiará ahora el TC atribuye al Govern funciones reservadas al Poder Judicial para determinar si se ha producido una violación de los derechos humanos en la actuación de los poderes públicos, según aduce el Gobierno en su impugnación.

En concreto, se recurren la vulneración de las competencias exclusivas del Estado previstas en los artículos 149.1.5ª (Administración de Justicia) y 149.1.6ª (legislación procesal), en paralelo a las vulneraciones de los artículos 18, 24 y 117 de la Constitución y por las mismas razones.

Igualmente, el Gobierno cree que resultan vulnerados los artículos 149.1.18ª (bases del régimen jurídico de las Administraciones Públicas y procedimiento administrativo común) y 149.1.29ª (seguridad pública) de la Constitución Española, al atribuirse la Generalidad la revisión de la actuación de la Administración General del Estado, sus autoridades y empleados público.

También entiende que resultan incumplidos los artículos 1.1, 9.1 y 103.1 de la Constitución, así como se vulneran los derechos relacionados con la presunción de inocencia, la prohibición de la indefensión en el artículo 24 de la Constitución y la garantía del derecho al honor recogido en el artículo 18 de la Constitución Española.

El acuerdo de la Generalitat tampoco prevé trasladar la investigación a los órganos judiciales, lo que resulta inconstitucional y contrario a la legislación procesal (artículo 259 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal).

No obstante, mientras la comisión de investigación queda paralizada por el TC, al menos 257 heridos ya han presentado denuncias ante la Justicia por lesiones derivadas del 1-O. Así lo ha asegurado el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en un comunicado emitido este lunes en el que informa sobre las diligencias previas que se han realizado y que están relacionadas con la convocatoria del 1-O.