Recusación de Marchena El Supremo dice que la promesa del PP de que controlarían el Tribunal con Marchena no daña su "apariencia de imparcialidad"

El Tribunal Supremo rechaza apartar al juez Manuel Marchena de la presidencia de la Sala que juzgará el procés, y niega tajantemente que se le pueda atribuir siquiera "apariencia" de parcialidad, tras las filtraciones de los mensajes en los que el PP prometía que seguirían "controlando" esta Sala con el ascenso del magistrado a lo más alto de la cúpula judicial. "No hay apariencia de nada".

Así lo afirma la Sala del 61 del Alto Tribunal, pese a los mensajes del Partido Popular celebrando su frustrado nombramiento como presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), gracias a un pacto con el PSOE que finalmente quedó en agua de borrajas. Marchena, presidente de la Sala de lo Penal del Supremo, renunció públicamente a ponerse al frente del órgano de gobierno de los jueces, tras una semana de críticas de todas las asociaciones de la judicatura al pacto PP-PSOE para renovar el CGPJ. Lo hizo, además, horas después de que se conocieran los mensajes de whatsapp del portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó.

Cosidó prometió que el PP seguiría "controlando desde detrás" la Sala Segunda del Supremo con la designación de Marchena

Cosidó celebraba ante los senadores conservadores el "esperanzador" reparto de asientos en el órgano de gobierno de los jueces para el PP, alababa a Marchena y prometía que su formación seguiría "controlando la Sala Segunda [hoy en manos del magistrado] desde detrás".

Estos mensajes llevaron a las defensas de ocho dirigentes independentistas procesados en la causa del procés catalán a exigir su recusación y la de otros seis magistrados del tribunal que les enjuiciará a partir del 18 de diciembre -cuando se celebra la vista previa-.El rechazo del Alto Tribunal a apartar a Marchena se dio a conocer hace diez días, pero no así el auto en el que los magistrados razonan esta decisión.

Así, la Sala del 61 sostiene que no se puede "sospechar de la imparcialidad" del juez por sus "actos u opiniones", si "ni siquiera los ha realizado o las ha emitido". Según el Tribunal, el contenido del whatsapp de Cosidó, se ve "matizado" en algunos aspectos y "frontalmente contradicho por la misma realidad de las cosas", como a su entender refleja la supuesta "coincidencia de intereses" entre Marchena y el PP que alegan las defensas, que no casaría con que el PSOE aceptara su nombramiento. Por otro lado, el hecho de que el magistrado se haya "autodescartado" para el nombramiento poco después de que se filtraran los mensajes de Cosidó "mal se puede cohonestar con la alegada 'coincidencia de intereses' con una fuerza política", siempre según la Sala del 61.

"El whatsapp atribuido al Sr. Cosidó le retrata a él (si fuera suyo, cuestión en la que no entramos)"

"Si la hipótesis de la que parten los recusantes es que el magistrado recusado tiene una “inequívoca coincidencia de intereses" con un determinado partido político, los mismos argumentos y alegaciones de la recusación refutan esa posibilidad de modo palmario", reza el auto redactado por el magistrado Jacobo Barja de Quiroga López.

"La recusación se tiene que basar en una actuación propia del magistrado no en aquella que un tercero le atribuya", apunta el escrito. También reconoce que "en la imparcialidad subjetiva las apariencias son importantes (también en la objetiva)", si bien sostiene que "en este caso, no hay apariencia de nada: el magistrado Sr. Marchena no ha dicho ni hecho nada por lo que pueda resultar afectada su apariencia de imparcialidad; por ello, no existe dato alguno que revele que dicho magistrado tenga interés directo o indirecto en el pleito o causa", zanja el texto.

"El mensaje retrata a Cosidó"

"El whatsapp atribuido al Sr. Cosidó le retrata a él (si fuera suyo, cuestión en la que no entramos), pero eso no es extensible a nadie más". El Alto Tribunal critica en su auto la "inaceptable" opinión de Cosidó, que se aferra a su cargo a pesar de las críticas.

Según el Supremo, lo que transmite el portavoz del PP en la Cámara Alta es únicamente "un argumentario" para "justificar un pacto". También sostiene que hace afirmaciones "sobre lo que desconoce por completo (el funcionamiento de la Administración de Justicia)". Demuestra, según la Sala, "una inaptitud de raíz para conocerla (por falta de los elementos más básicos de la separación de poderes), en su propia defensa para justificar un pacto que estaba siendo criticado por su grupo parlamentario porque consideraban que era un mal acuerdo".