Recurrir las multas de la 'ley mordaza' costará hasta 2.750 euros en tasas

Recurrir ante los tribunales las multas que el Gobierno prevé aprobar por participar en un escrache o manifestarse frente al Congreso de los Diputados costará entre 360 y 2.750 euros sólo en tasas, es decir, gastos de abogado y procurador aparte. A la dureza de las sanciones  anunciadas por el Ejecutivo para infracciones a la futura Ley de Seguridad Ciudadana (con multas de hasta 600.000 euros), se suma el impedimento que las tasas suponen para el derecho de acceso a la justicia según coinciden en denunciar desde hace un año la mayoría de los operadores jurídicos.

En el peor de los casos, es decir, que un ciudadano sea multado con 600.000 euros por infringir la conocida como "Ley Mordaza", la tasa correspondiente al recurso contencioso-administrativo que puede formular se elevaría, en primera instancia, a 950 euros (350 de la parte fija de la tasa, y 600 euros más del 0,1% de la cuantía del pleito, que es la parte variable). En caso de apelar la sentencia de primera instancia, habría que pagar otra tasa de 1.400 euros, o si se acude en casación al Supremo, una de 1.800 euros.

La Ley de Tasas, en vigor desde noviembre de 2012 pero que el Gobierno se vió obligado a corregir sólo tres meses después ante la avalancha de críticas, está recurrida ante el Tribunal Constitucional no sólo por el PSOE  sino también por la propia Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional, que duda de su constitucionalidad.

La plataforma Justicia para Todos, que agrupa al Consejo General de la Abogacía y asociaciones de jueces, fiscales, secretarios judiciales, sindicatos y consumidores, ha hecho público un comunicado con motivo del primer año del 'tasazo' de Gallardón en el que denuncia precisamente que "se ha favorecido el abuso e impunidad de las Administraciones Públicas, exentas del pago de las tasas".

Añaden que "el efecto disuasorio para los ciudadanos ha sido reconocido por jueces, magistrados, abogados, secretarios judiciales, personal al servicio de la Administración de Justicia, obligando al Ministerio de Justicia, al menos, a reconocer en su comparecencia en el Congreso porcentajes muy significativos de reducción de asuntos".

En esa cita en la Cámara Baja, el pasado 7 de octubre, el subsecretario de Justicia, Juan Bravo Rivera, reconoció que la litigiosidad en los tribunales de lo contencioso-administrativo se había reducido en un 23% en el primer trimestre de 2013 --primeros meses con tasas-- respecto al mismo periodo de 2012 --cuando no las había--. Sin embargo, defendió que la bajada de asuntos no estaba relacionada con las tasas sino con una de las últimas leyes del Gobierno de Rodríguez Zapatero, que se llama de Medidas de Agilización Procesal.

Esa bajada de los recursos también ha dejado en evidencia uno de los principales argumentos de Ruiz-Gallardón para defender a capa y espada las tasas, que era que supondría un aumento de los ingresos que permitirían mantener el sistema de justicia gratuita para las personas de menos recursos.

Según destaca la Plataforma, la recaudación hasta septiembre ha sido de 103 millones de euros, muy lejos de los 306 millones previstos por el Ministerio para todo el año.

En el borrador de Anteproyecto de Ley de Seguridad Ciudadana elaborado por el Ministerio del Interior, que será aprobado próximamente por el Gobierno, figura como infracción muy grave (multada con entre 30.001 a 600.000 euros), la grabación y difusión de imágenes de agentes de las fuerzas de seguridad en el ejercicio de su trabajo que atenten contra el derecho a su honor o su imagen y que puedan poner en peligro su seguridad o la de la intervención policial correspondiente.

Asimismo, la perturbación grave del orden en actos públicos, religiosos, deportivos o espectáculos de otro tipo, y las concentraciones no comunicadas ante instituciones del Estado como el Congreso, el Senado, los parlamentos autonómicos o los altos tribunales, aunque en ese momento no tengan actividad.

También tendrán esa especial gravedad las protestas no comunicadas o prohibidas ante infraestructuras críticas, como centrales nucleares o pistas de aeropuerto.

Asimismo, multará la participación en escraches o actos de acoso a cargos públicos. La ley contemplará que la Policía pueda establecer un perímetro de seguridad que no deben sobrepasar los concentrados.