¿Recorte o fin de la compensación a las cotizaciones?: Claves de la última pugna entre el Gobierno y Podemos

"Un recorte y un retroceso para las mayorías sociales"; "la mejor reforma y más ambiciosa en el nivel asistencial del desempleo de la democracia española". Estas dos descripciones se refieren a una misma reforma, la del subsidio por desempleo que el Gobierno aprobó hace un mes y que este miércoles afronta su convalidación en el Congreso de los Diputados con, de momento, un mal pronóstico.

La primera acepción es de Podemos, que se muestra contrario a una parte de esta reforma y que ha anunciado su voto en contra si no se introduce un cambio. La segunda es Joaquín Pérez Rey, secretario de Estado de Empleo del Ministerio de Trabajo, el impulsor de la norma tras ganar la partida a los postulados del Ministerio de Economía (entonces liderado por Nadia Calviño).

¿Es esta una disputa de marcos y relatos políticos, una diferencia técnica o una discrepancia en materia económica? El tema ha suscitado una importante polémica, sobre todo después de que el decreto que contiene la reforma del subsidio por desempleo pueda encallar este miércoles en la Cámara Baja si no obtiene los apoyos necesarios.

¿En qué consiste la reforma?

La reforma del subsidio por desempleo se gestó durante los meses de noviembre y diciembre después de una intensa batalla entre Economía y Trabajo. Economía planteaba reducir de manera progresiva el subsidio (la prestación que cobran las personas en paro cuando agotan la prestación contributiva) para "controlar" su grado de activación en el mercado laboral y su búsqueda de empleo.

Trabajo, al contrario, pedía reforzar la prestación, incrementar su cuantía y ampliar la cobertura para que llegara a más personas que el subsidio actual. Finalmente se impusieron los postulados de Yolanda Díaz y se reforzaron y ampliaron la cuantía y las coberturas de la prestación.

El subsidio pasó de los 480 euros anteriores en todo su ciclo a 570 euros en los seis primeros meses de la prestación, a 540 euros en los siguientes seis meses, y se mantiene en los 480 euros durante el resto de duración de la prestación, excepto para los mayores de 52 años, para los que la prestación se mantiene igual, en 480 durante todo el ciclo de la ayuda.

Respecto a la cobertura, se incorporaron a la prestación las personas desempleadas menores de 45 años sin cargas familiares, los eventuales agrarios y las personas trabajadoras transfronterizas de Ceuta y Melilla. También se eliminaron algunas barreras y se adoptaron medidas para agilizar y facilitar el acceso al subsidio por desempleo.

Se suprimió el denominado mes de espera para poder cobrarlo tras agotar el paro (una reforma que se introdujo hace una década en la Ley de Seguridad Social y que establecía que debían pasar 30 días entre el cobro de dos prestaciones, una normativa que ponía en una situación difícil a muchas personas que no podían hacer frente a esa mensualidad en la que dejaban de percibir ingresos).

Se reguló la compatibilidad entre percibir el subsidio y el empleo hasta 180 días como fórmula para facilitar la transición al mercado de trabajo de las personas desempleadas; y se reforzaron las medidas que permitirán la reinserción laboral y mejorar la empleabilidad garantizando el servicio de tutorización individual, el asesoramiento continuado y atención personalizada (medidas ya recogidas en las políticas activas de empleo y en la Ley del Empleo aprobada por Trabajo en la pasada legislatura).

Las cotizaciones de los prestatarios mayores de 52 años

Más allá de las ampliaciones en la cobertura y la cuantía del subsidio, así como la eliminación de algunas trabas burocráticas, el decreto introdujo otra reforma: la reducción desde el 125% al 100% de manera progresiva y hasta el 2028 de la base mínima de cotización para mayores de 52 años, la modificación que precisamente rechaza Podemos por considerarla un recorte. En concreto se rebaja al 120% en 2024; al 115% en 2025; al 110% en 2026 y al 105% en 2027.

La base mínima de la cotización de esta prestación viene dada por el salario mínimo interprofesional. Durante el Gobierno de Zapatero se introdujo una reforma para incrementarla desde el 100% hasta el 125% para compensar el bajo salario mínimo interprofesional que existía en ese momento.

Las personas prestatarias del subsidio que tuvieran más de 52 años no sólo se veían en una situación complicada desde el punto de vista económico en su presente, sino que su pensión futura también quedaba profundamente afectada debido a la etapa en la que recibían el subsidio, porque la cotización era muy reducida, ya que estaba ligada a un SMI que era muy bajo. Para más inri, se trata de un colectivo que está precisamente en los años más importantes para el cómputo de su jubilación.

Zapatero introdujo esta reforma para compensar ese periodo de cotización baja, Mariano Rajoy lo eliminó y volvió al 100%, y Pedro Sánchez recuperó el 125% cuando alcanzó el Ejecutivo por vez primera. Ahora, el decreto aprobado por el Gobierno plantea un regreso progresivo al 100%, pero en un contexto muy diferente.

Desde el Ejecutivo se defiende esta modificación por el incremento en casi un 50% del salario mínimo interprofesional en los últimos años (más de un 50% al final de enero, si se lleva a cabo la nueva actualización del SMI comprometida por Trabajo). Tras las últimas actualizaciones, los mayores de 52 que percibían el subsidio por desempleo pasaron de cotizar por algo más de 700 euros a hacerlo por más de 1.500 euros (el 125% de un salario mínimo que en la actualidad está en 1.260 euros en 12 pagas).

Menor cotización en un contexto de subida del SMI

Para el Gobierno, no es necesario mantener una "sobrecotización" que se diseñó, explican, precisamente para compensar el perjuicio para las pensiones de los mayores de 52 que cobraban el subsidio en un contexto de un SMI muy bajo. Hace una década, el colectivo que estaba por debajo de los 700 euros del salario mínimo era muy reducido, pero con los sucesivos incrementos de la cuantía en los últimos cinco años, las organizaciones sindicales estiman que en la actualidad perciben el SMI alrededor de 2,5 millones de personas.

Estos serían trabajadores en activo cuya cotización es menor a la de los perceptores del subsidio por desempleo mayores de 52 años (los primeros cotizan el 100% de la base mínima, y los segundos cotizan el 125%, aunque tras la reforma volverán de manera progresiva al 100% en 2028).

Para Podemos, más allá de que la subida del SMI haya mejorado la cotización de este colectivo, el recorte es "innegable" y el impacto, notable. Desde la formación morada explican que, en términos nominales y matemáticos, bajar del 125% al 100% es una minoración, independientemente del contexto y de la senda de crecimiento del salario mínimo.

Pero también defienden que el refuerzo del 25% que introdujo por vez primera Zapatero no sólo estaba centrado en sortear un contexto de SMI bajo, sino que pretendía proteger las pensiones de un colectivo cuya jubilación está en riesgo por la situación de desempleo y de expulsión del mercado laboral que sufre. Retirar esa "sobrecotización" y, además, no elevar la cuantía de su prestación (los mayores de 52 se quedan fuera del incremento y siguen cobrando 480 euros) es, a juicio de los de Ione Belarra, poner en serio riesgo la cuantía de la pensión de estas personas.

Los sindicatos también han mostrado sus reticencias con el decreto porque, más allá de su contenido, lamentan que el Gobierno no lo negociara con ellos en el diálogo social. Para Comisiones Obreras, la minoración progresiva desde el 125% hasta el 100% en la cotización de los mayores de 52 años es una reducción de su cobertura, aunque reconocen que existe un desfase con aquellos trabajadores en activo que cobran el SMI y que cotizan menos que los beneficiarios del subsidio por desempleo. "Lo hubiéramos resuelto en la concertación social, pero no hubo negociación", se traslada desde las organizaciones sindicales.

Un decreto en el aire

Para Comisiones, no sólo se debería poner el foco en el asunto de la cotización, sino en otras medidas del decreto, como la transferencia de varios colectivos (las personas desempleadas de la Renta Activa de Inserción, las que salen de prisión o los emigrantes retornados) desde el subsidio por desempleo al ingreso mínimo vital sin especificar en qué condiciones (alrededor de 120.000, según el sindicato).

En todo caso, las organizaciones sindicales apuestan por la aprobación del decreto en el Pleno de este miércoles (por las medidas positivas que recoge a su juicio) y su tramitación como proyecto de ley, para poder introducir enmiendas. "En ese caso, nosotros hablaremos con los grupos parlamentarios y trasladaremos nuestras propuestas", explican.

La reforma del subsidio por desempleo y el decreto que la contiene (que incluye medidas de conciliación como la universalización del permiso de lactancia hasta 28 días), está en el aire a pocas horas de su votación en el Congreso de los Diputados.