El rechazo a la regulación del alquiler de temporada constata el apoyo de Junts al sector inmobiliario

Por segunda vez en seis meses, Junts se ha opuesto a una iniciativa que pretendía regular los alquileres de temporada y por habitaciones, dos de los principales agujeros que tiene la ley estatal por la vivienda, según las entidades que defienden garantizar el acceso a este derecho básico. Si en mayo su voto fue clave para impedir que tirara adelante la normativa catalana, este martes su negativa en el Congreso lo situó junto al PP y Vox para torpedear la tramitación de una proposición de ley estatal. Dos hechos que constatan que la supuesta amalgama ideológica de la formación –aglutinando a personas de varias tendencias– se ha ido desvaneciendo en favor de los sectores más liberales en el ámbito económico.

Más allá de la previsible avalancha de críticas provenientes de los partidos de izquierdas y de las entidades por el derecho a la vivienda, la decisión vuelve a mostrar las reticencias de Junts a alinearse con las demandas de los movimientos ciudadanos en una problemática de primer orden, como es el acceso a la vivienda. A pesar de admitir que esta es una cuestión a resolver, las recetas que defiende la formación en este tema se sitúan casi siempre al lado de los intereses del sector inmobiliario y, especialmente, de los propietarios, en detrimento de los inquilinos.

Pocos días después de las elecciones al Parlament del 12 de mayo, la abstención del PSC y el no de Junts tumbaron el decreto del Govern de Pere Aragonès que justamente pretendía regular el alquiler de temporada y de habitaciones. La medida, que sí que recibió el voto favorable de la CUP y los Comuns –además del de ERC–, había sido aprobada por el Ejecutivo en abril y pretendía evitar el uso fraudulento de estas figuras para mejorar el acceso a la vivienda. Entonces Junts justificó su decisión alegando la falta de consenso del decreto y que se hubiera sacado adelante en plena precampaña electoral del 12M.

En esta ocasión, su portavoz en el Congreso, Míriam Nogueras, ha manifestado que el partido no apoyará propuestas "que no solucionan el problema, sino que lo agravan". A pesar de admitir que hay que regular el alquiler de temporada, ha añadido -en una entrevista a Rac 1, que "lo que no pueden es imponer políticas que no funcionan. Dejemos de hacer demagogia".

Paralelamente, a través de las redes sociales la formación ha añadido que su "no" responde a "no querer criminalizar la propiedad", a la voluntad de "no ayudar a crear una nueva mafia de alquiler de habitaciones" y a que "no votamos leyes que son una clara invasión competencial en la Generalitat de Catalunya". Un argumento, este último, que ya utilizó el abril del año pasado, cuando también optó por el "no" en la votación final de la ley estatal de la vivienda.

Rechazo programático al control de precios

Más allá de cuestiones como la denuncia de la invasión competencial, la realidad es que el sentido de las votaciones de Junts en un tema estructural como la vivienda responde a su posición ideológica. En el programa electoral para las elecciones en el Parlament del 12M, se podía leer que "necesitamos políticas públicas que garanticen el derecho a una vivienda digna", pero se atacaba el control de los precios del alquiler, asegurando que es una "medida que ha sido rechazada por multitud de estudios llevados a cabo en periodos y países diferentes".

La realidad, pero, es que durante el tiempo de la aplicación del control de precios previsto en la normativa catalana estos disminuyeron y que no existe, ni mucho menos, un consenso académico alrededor de este tipo de medida. Ahora bien, el programa de los junteros se atreve a afirmar que "la conclusión es casi siempre la misma: el control de precios no solo perjudica a los propietarios, sino que también tiene efectos contraproducentes sobre la población de inquilinos vulnerables que se pretende proteger, dado que reduce la oferta de alquiler, desincentiva la rehabilitación y renovación de los inmuebles alquilados, empuja inquilinos al mercado negro y a medio plazo acaba haciendo subir los alquileres en términos reales".

Siguiendo la doctrina clásica del liberalismo económico –y de gran parte del sector inmobiliario–, para Junts "los debates en torno al control del precio del alquiler no atacan la raíz del problema, que es el desajuste importante entre la oferta y la demanda de vivienda" y, por lo tanto, la solución pasa por "ampliar y modernizar el parque de vivienda". Y en el caso del alquiler asequible la receta que propone es "impulsar la colaboración público-privada" porque los promotores privados se impliquen en su construcción.

A pesar de su rechazo programático al control de los precios, en septiembre de 2020 Junts votó a favor de la ley catalana que permitía regularlos, que duraría un año y medio hasta que el Tribunal Constitucional (TC) tumbó sus aspectos fundamentales. Eso sí, cuatro años atrás Junts no acabó decantándose por el "sí" a la ley hasta última hora, después de forzar algunas rebajas en el contenido y recibir la presión de entidades como el Sindicat de Llogateres.

En abril del año pasado, en cambio, Junts ya votó en contra de la ley estatal de la vivienda, que incorporaba el control de las rentas a través del índice de precios en las zonas tensionadas, una fórmula menos ambiciosa que la prevista a la ley catalana, según las entidades por la vivienda. Además de denunciar la invasión competencial del Estado a la Generalitat –el partido presentó un recurso de inconstitucionalidad en el TC–, Junts ya argumentaba que el control de precios no era el camino para bajar unos alquileres disparados, en la línea de lo que hace el sector inmobiliario.

Apoyo a la normativa antidesahucios

Si vamos más atrás, Junts sí que ha votado a favor de otras normativas destinadas a, como mínimo, impedir los desahucios y que contaban con un enorme apoyo social, como la catalana 24/2015 -impulsada por la PAH, la Aliança contra la Pobresa Energètica y el Observatori DESC-, o la ley que la sustituyó después de que esta fuera tumbada parcialmente por el Tribunal Constitucional.

Sea como fuere, mientras no se aborda algún tipo de regulación del alquiler de temporada y el alquiler de habitaciones, acceder a una vivienda se hace cada vez más complicado para una parte muy significativa de la población. El precio de los arrendamientos rompe récords trimestre tras trimestre tanto en Barcelona como en el conjunto de Catalunya -en la capital los contratos firmados durante el segundo trimestre de este año se acercaban de media a los 1.200 euros mensuales-. Y si solo se puede optar por una habitación, desde 2015 el coste se ha doblado y ya llega hasta los 600 euros.