Una "estafa" a los agricultores y a la ciudadanía, que "premia la corrupción" y a quien se ha estado llevando agua "ilegalmente durante años", y que "no mejora" Doñana. Así de contundente se muestra Juanjo Carmona, de WWF, cuando se le pregunta por la proposición de Ley que ha presentado otra vez –tras haberla aparcado durante unos meses– a las puertas de las municipales el PP de Juan Manuel Moreno Bonilla junto con Vox que amplía los regadíos en el entorno del Parque Nacional.

"El lobby del regadío industrial es insaciable. El acuífero de Doñana está sobreexplotado, ya se lo han cargado y siguen. Es una medida electoralista de PP y de Vox, que les salió bien en las pasadas autonómicas, y ahora pretende quitarle las alcaldías [al PSOE] y ganar la Diputación [en manos del PSOE]. La esperanza es Bruselas, la conservación no les importa", asegura, también con dureza, Juan Romero, de Ecologistas en Acción.

La intención de Moreno de ampliar las zonas regables –mediante la modificación del Plan Especial de la Corona Forestal, también llamado plan de la fresa– en el entorno de Doñana ya causó la legislatura pasada gran preocupación en Europa, que avisó a España de posibles sanciones si esta regulación avanzaba. Hay ya una sentencia de la justicia europea que obliga a proteger el agua de Doñana. Esta nueva regulación, de aprobarse en el Parlamento de Andalucía, tal y como está planteada, contará con el rechazo del Gobierno de España, que la llevará al Tribunal Constitucional.

Los ecologistas creen que Moreno y Vox saben que la ley, que beneficiará a "más de 1.500 agricultores" quienes, de aprobarse, verían de un plumazo revalorizado el valor de sus suelos, está destinada al fracaso, pero que les da exactamente igual, porque priman las elecciones y los compromisos y promesas efectuadas por el PP durante años en la comarca. "El PP vuelve a poner en riesgo el futuro de Doñana, su biodiversidad y la imagen de las fresas y del sector agrícola del Condado y de Huelva para beneficiar a unos pocos ilegales", afirma WWF.

La ONG conservacionista cree además que Moreno plantea el aumento de los regadíos, en la forma, sin "justificación" legal. "No existen motivos excepcionales ni necesidad que justifiquen la modificación del plan de la fresa mediante una ley singular en el Parlamento de Andalucía y no se conocen antecedentes de ello. Así, por ejemplo, existen 17 planes subregionales de Ordenación del Territorio y ninguno fue aprobado mediante una Ley en el Parlamento de Andalucía, pese a que estos tienen más relevancia e impacto territorial que un Plan Especial".

El procedimiento elegido

A juicio de WWF, según Carmona, "el procedimiento elegido por el Gobierno de Moreno Bonilla, solo pretende evitar la participación pública, la normativa de evaluación de impacto ambiental y los informes preceptivos para la aprobación y modificación de los mismos como el de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, que ya se ha expresado en contra".

"Va contra todo –añade Carmona– lo que han sentenciado los tribunales sobre el plan de la fresa. Probablemente estemos en uno de los momentos más bajos de la calidad de las normas que llegan al parlamento. En la exposición de motivos de la ley se dicen cosas que son falsas. De acuerdo con las sentencias, no puedes decir que existen unos derechos históricos, cuando no existe eso. Es poner el parlamento al servicio de unos intereses".

"Supone –remacha Carmona– un hito negativo y un momento muy oscuro en lo que es el desarrollo de las leyes: es un intento de legalizar regadíos que son objetivamente ilegales. Esto se lleva al Parlamento porque si se hace a través del procedimiento reglado, se le cae. Los informes de su administración iban a salir negativos. No iba a haber un técnico que firmara esto. Saben también que los informes del Estado van a salir negativos. Y que en el Consejo de Participación iban a contar con el voto en contra de gente que les iba a decir que esto es una barbaridad".

WWF recuerda que el Plan Especial, el de la fresa, se elaboró junto a su Estudio de Impacto Ambiental y se redactó un Informe Previo de Valoración Ambiental. Las medidas correctoras establecidas en el Estudio de Impacto Ambiental fueron incorporadas y también los requerimientos de los informes sectoriales, entre ellos el de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.

Inexistentes derechos

"Estos trámites e informes –remacha la ONG– no existirán en esta tramitación parlamentaria de la modificación del Plan de la Fresa, lo que demuestra que el PP y la Junta de Andalucía persiguen un único interés, el amnistiar a un reducido grupo de explotaciones ilegales, que reivindican unos derechos que son inexistentes, sin posibilidad de oposición ciudadana o de informes negativos que pongan en riesgo la modificación por su evidente ilegalidad".

"Como los tribunales han sentenciado –asegura Carmona–, no existe ningún derecho histórico a ser considerado como un terreno de regadío -sea con aguas superficiales o subterráneas-, para los que riegan de forma ilegal tierras de secano o para aquellos que han convertido de facto terrenos forestales en agrícolas en el entorno de Doñana".

WWF agrega en un comunicado que "a pesar de haberse presentado más de un centenar de recursos contra el Plan de la Fresa, ninguna sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía o el Tribunal Supremo ha anulado ningún artículo o disposición de los mismos, lo que demuestra que sus normas las normas son legales y justas y los derechos históricos aludidos son inexistentes. Por ello, estos regantes ilegales han acudido a la vía de la presión para que sean los políticos, justo antes de las elecciones municipales de mayo, los que cambien las normas para su exclusivo lucro e interés empresarial".

Para WWF, se lee en el comunicado, "es inadmisible que el Gobierno de la Junta de Andalucía mire hacia otro lado y en lugar de desmantelar de inmediato, en coordinación con otras administraciones, todos los regadíos ilegales en terrenos de secano y forestales en Doñana, pretenda recompensar a los ilegales otorgándoles la calificación de suelos regables. Pese a que incumplen flagrantemente las normas de ordenación del territorio de la administración andaluza y están poniendo en claro riesgo el futuro del Parque Nacional y la imagen de la fresa de esta zona en los mercados europeos".

Más obras

Aunque en la exposición de motivos –que desprende un tremendo tufo a documento político, más que técnico– de la proposición, PP y Vox afirman que la norma se formula "con el objetivo de proteger, respetar y mantener en el mejor estado posible todo el Espacio Natural de Doñana" y que se legisla "para que pueda llegar el agua superficial" –es decir, agua de otras zonas, lo que implica obras–, lo cierto es que no es así. La modificación que consta en la proposición de Ley se refiere a las aguas superficiales, pero permite que accedan a cualquier tipo de agua, si así lo decide la "administración hidráulica de la Demarcación correspondiente".

Para el PP, analiza Ecologistas, "el agua tiene que ser explotada más allá de los límites actuales de cada Demarcación Hidrográfica, derivando todo el recurso hacia un modelo agroindustrial y turístico depredador que nos conduce al colapso hídrico en Andalucía". La agricultura en la provincia de Huelva tiene un peso del 8,33% del PIB, por encima de la media andaluza, que está en el 7,2%, según PP y Vox. La fresa –y sus cultivos asociados– exportan más de mil millones de euros cada año. Los regantes son un verdadero poder fáctico en Huelva.

"El Patronato del parque nacional de Doñana en 1991 ya recomendó no superar las 10.000 hectáreas totales de regadío en el entorno y no gastar más de 53 hectómetros del acuífero. Hoy hay más de 40.000 hectáreas [en todo el entorno de Doñana, si se incluyen las hectáreas del arroz de la provincia de Sevilla: 11.000 en la zona de Huelva] y se están sacando 105 hectómetros de agua, el doble. Ha habido multas que siempre se están dejando en el cajón de los justos", afirma Juan Romero.

PP y Vox usan la exposición de motivos también para reclamar más obras hidráulicas al Gobierno de España, porque "sin el concurso del Estado y de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir no será posible que el agua superficial llegue".

Para Ecologistas en Acción "antes de proponer cualquier actuación con gran impacto", es imprescindible que las medidas que se planteen vayan "encaminadas hacia la reducción progresiva de la superficie de regadío (con justicia social y territorial) y a eliminar de la planificación cualquier referencia a la construcción de presas y embalses". En definitiva, a "replantear el modelo agrícola bajo un debate y acuerdo social entre todos los agentes implicados".

El análisis que hacen las organizaciones ecologistas es que "la situación que padece Andalucía no es tanto una sequía meteorológica (llover menos de la media histórica), sino que es de escasez (insuficientes recursos para atender a todas las demandas) producida por la expansión descontrolada de la demanda de agua, principalmente para el regadío". Además, añaden, "este fenómeno natural, consustancial al clima mediterráneo, se ha visto agravado por las consecuencias del cambio climático, mayores días con altas temperaturas, lo que conlleva mayor evapotranspiración del agua embalsada".

"La escasez de agua no se palia con obras para incrementar el consumo sino con un uso razonable de los recursos existentes. No necesitamos más inversiones en infraestructuras porque construir embalses y presas no es sinónimo de disponibilidad de agua inmediata. El PP gobernó durante dos legislaturas sin que las obras que ahora reclaman como urgentes se hicieran", agregan.

Así, para Ecologistas, "frente a la evidencia científica, el PP lanza el mensaje hidroilógico de que hay que mantener o incluso aumentar los regadíos y las actividades económicas ligadas al agua".