Ya cuenta con el visto bueno de la Eurocámara y, antes de verano, el polémico acuerdo CETA podría tener el respaldo del Congreso de los Diputados y del Senado. El Gobierno de Mariano Rajoy trabaja para que el tratado de libre comercio entre la UE y Canadá llegue a las Cortes Generales en un corto periodo de tiempo; el texto, hoy en manos del Ministerio de Exteriores, previsiblemente llegará al Consejo de Ministros en un mes, aproximadamente, tal y como explican desde Exteriores a Público. 

Las mismas fuentes afirman que, como ocurre con todos los tratados de este tipo, el proceso actual está siendo coordinado por la Secretaría General Técnica del Ministerio, encargada de la "preparación, tramitación, seguimiento y depósito de los tratados internacionales de los que España sea parte", como recoge la web de Exteriores.

Esta secretaría recopila informes de distintas unidades, y posteriormente desde la subsecretaría de Asuntos Exteriores y Cooperación se eleva el expediente completo -con los informes- a la Comisión de Subsecretarios, y de ahí pasa al Consejo de Ministros. Desde Exteriores no concretan qué unidades se ven involucradas en este proceso, ni qué tipo de informes se redactan o quiénes los rubrican, sino que se limitan a señalar que es un procedimiento "estándar", totalmente burocrático e interno. 

Tras el Consejo de Ministros, el tratado pasará a la Mesa del Congreso de los Diputados -el órgano de gobierno de la cámara-, donde la mayoría de PP y Ciudadanos, ambos favorables al acuerdo, garantiza que sea tramitado de forma conveniente para los intereses del Ejecutivo de Rajoy.

Por su parte, fuentes de la Comisión Europea afirman que la intención del Gobierno es que el acuerdo haya sido ratificado antes de verano. Teniendo en cuenta que ante el CETA no caben enmiendas -que habitualmente permiten estirar más los tiempos parlamentarios- , y la más que favorable correlación de fuerzas existentes en la Cámara Baja, parece que es bastante probable que el Ejecutivo de Rajoy logre ver cumplidas sus intenciones. De hecho, si el Gobierno del PP ya hacía presión para acelerar los tiempos en Bruselas cuando estaba en funciones, y sin pedir siquiera opinión al Congreso, con este equilibrio de fuerzas no parece probable que vaya a desperdiciar un solo minuto para lograr que el CETA sea una realidad aún más sólida. 

El PSOE votará a favor del CETA, como en Estrasburgo

La división existente en el grupo de los Socialistas y Demócratas (S&D) durante la votación del CETA en la Eurocámara no afectó a la delegación española: de los 188 eurodiputados del grupo, 97 votaron a favor del acuerdo (algo más de la mitad), entre ellos los 14 parlamentarios del PSOE.

Fuentes del partido reconocen que hasta la fecha no ha habido ninguna reunión del grupo parlamentario para definir la posición sobre el polémico Comprehensive Economic and Trade Agreement (CECTA, en inglés), pero aseguran que su postura es la misma que manifestaron sus eurodiputados en Estrasburgo hace algo más de dos semanas: "A favor", inciden, y "en contra de lo que votará Marine Le Pen", apostillan, en referencia a la eurodiputada del ultraderechista Frente Nacional francés y candidata a la presidencia gala. 

De hecho, durante el debate, socialdemócratas y PP europeo acusaron a grupos como la Izquierda Unitaria (GUE/NGL) -(Podemos, IU)- o Los Verdes -ICV-EUiA, Equo, de votar igual que la xenófoba Le Pen, aunque los motivos para definir su posición fueran distintos. 

Por su parte, Podemos, IU, Equo, ERC, las confluencias encuadradas dentro de Unidos Podemos y otras fuerzas con representación parlamentaria sí se han posicionado en contra del acuerdo, y en muchos casos han cargado contra la posición del PSOE, que se escuda en que este acuerdo comercial es positivo en su conjunto, a diferencia de su "gemelo" estadounidense, el TTIP. 

El hecho de que incorpore mecanismos que permiten a empresas canadienses -y filiales de otras estadounidenses- demandar a estados europeos en los que realicen inversiones cuando sus respectivos gobiernos apliquen cambios normativos que perjudiquen a las "expectativas legítimas" de beneficio de estas empresas, es probablemente uno de los puntos más espinosos del acuerdo, que sigue contando con el beneplácito del Ejecutivo Comunitario, y que avanza a toda máquina a diferencia de su "gemelo" estadounidense.

Por otro lado, la Campaña estatal no al TTIP, que aglutina a más de 350 organizaciones sociales, sindicales o medioambientales críticas con el acuerdo, pidió por carta a la Comisión Gestora que controla el PSOE que se posicionara en contra del CETA, días antes de la llegada del acuerdo al Pleno de Estrasburgo. Denuncian que el PSOE ha adoptado la misma posición que el PP, que sigue vigente la Gran Coalición de socialdemócratas y conservadores que ya ha permitido dar varios pasos a TTIP y CETA en la cámara europea. 

"El CETA debe considerarse de interés general"

"El Congreso de Diputadas/os y el Senado deberían dedicar el suficiente tiempo para asegurar que las preocupaciones sobre el CETA sean consideradas bajo la lupa de interés general, por ejemplo, relacionadas con servicios públicos", asegura Tom Kucharz, miembro de Ecologistas en Acción y de la Plataforma contra el TTIP. 

Kucharz insiste en que se trata de asuntos "de gran peso" para ser debatidos con el máximo rigor y que todas las partes interesadas tengan la posibilidad de presentar sus análisis ante los representantes parlamentarios, para que la ciudadanía tenga la oportunidad de ser escuchada.

"Una pronta ratificación del CETA en el Congreso de Diputadas/os con los votos del PP, Ciudadanos y PSOE confirmaría -una vez más- que los tres partidos trabajan para las élites económicas y financieras, los dueños del IBEX35, secuestrando a la democracia y concentrando la riqueza", explica el miembro de Ecologistas en Acción, que asegura que "todo ello aumentaría el paro, las desigualdades, las tensiones sociales y el miedo. Un caldo de cultivo perfecto para oportunistas, racistas y misóginos como Trump y Le Pen".