Rajoy coloca al frente de la organización del PP a un imputado por el caso de Caja España
Fernando Martínez Maíllo era consejero de la entidad, que fue denunciada por IU y Ecologistas en Acción por préstamos a empresas constructoras que acabaron causando pérdidas millonarias. 'Público' ha confirmado que sigue imputado, aunque la jueza retrasó su citación por motivos formales.
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MADRID.- El presidente del Gobierno y del PP, Mariano Rajoy, ha anunciado este jueves los esperados cambios en el partido, en el que se han ampliado cargos y renovado algunos nombres. En su discurso, Rajoy ha culpado a la crisis y a la corrupción de la pérdida de votos de los conservadores en las pasadas elecciones municipales y autonómicas. Y, aunque prometió luchar contra la corrupción en sus filas, uno de sus nuevos vicesecretarios está imputado por el caso de Caja España.
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"Las decisiones se tomaban como órgano colegiado y siempre con los informes de los que sabían del tema", se excusó Martínez Maíllo
Su nombramiento no ha estado exento de polémica desde que Rajoy dio su nombre. Distintas fuentes avanzaron su imputación en el caso y minutos después corrigieron el título de 'imputado'. Sin embargo, fuentes judiciales han asegurado a este diario que, finalmente, Martínez Maíllo continúa imputado a día de hoy.
Maíllo y el resto de imputados están acusados de permitir el saqueo de las cajas castellano-leonesas Caja España, Caja Duero y Ceiss
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Maíllo, al igual que los otros imputados, están acusados de permitir el saqueo de las cajas leonesas Caja España, Caja Duero y Ceiss. El juzgado investiga las razones por las cuales desoyeron dos recomendaciones del Banco de España que advertían del riesgo de concentración de créditos de dudoso cobro. Y la razón por la cual, a pesar de estas alertas, continuaron autorizando la refinanciación y líneas de créditos de las empresas constructoras de Santos Llamas.
Tanto Maíllo como el PP niegan que esté imputado, pero fuentes judiciales aseguran que sí y que será llamado a declarar próximamente
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Un mes después, la jueza Rocío González Boñar levantó -en teoría- la imputación a todos los consejeros implicados. El motivo, según informó la agencia castellano-leonesa Ical, se debió a que el abogado que representaba a Caja España en realidad no tenía los poderes para ello y no se encargaba de defender a la entidad desde 2003. Se anularon entonces todas sus actuaciones y, además, una de las grabaciones que se presentaron como prueba tenía "deficiencias técnicas" que la invalidaron. Por todo ello, los consejeros no podían empezar a prestar declaración, aunque
-según la citada agencia- el caso no se ha dado todavía por cerrado.