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Rajoy se apunta al clamor del cambio constitucional con un informe de hace una década

La presión tanto del resto de partidos como de dirigentes del PP obliga al presidente del Gobierno a improvisar una propuesta de reforma que se incluya en los programas electorales para las elecciones catalanas y generales.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en el Senado.- EFE

MADRID.- "Mientras no exista un objetivo común denominador hay que ser prudentes si no se sabe qué se va a cambiar". Estas declaraciones de hace un mes exacto son de la vicepresidenta del Gobierno y responden a la petición del PSOE de emprender una reforma de la Constitución Española.

Durante un acto del PP (La España que queremos: reformas de nueva generación) el pasado 10 de julio, Soraya Sáenz de Santamaría repetía el mensaje del Gobierno y del PP mantenido durante toda la legislatura para cualquier cuestión o propuesta que tuviese que ver con el cambio de la Carta Magna (y dejando siempre al margen y en el olvido la reforma exprés de agosto de 2011 para limitar el déficit público y contentar a Bruselas, ejecutada mano a mano por Mariano Rajoy, entonces líder de la oposición, y José Luis Rodríguez Zapatero, presidente del Gobierno)

Rajoy no cree necesario trabajar en una 'hoja de ruta' propia  para la reforma constitucional teniendo el "buen informe" que Zapatero presentó en 2006 al Consejo de Estado

El martes 11 de agosto, hace unas horas y durante una rueda de prensa en el Balneario de Mondariz (Pontevedra), el presidente del Gobierno ha echado por tierra el argumentario conservador repetido durante cuatro años y ha dicho "sí" a plantear la reforma constitucional: “En la próxima legislatura se puede y se deben hacer otras cosas; habrá que abordar el tema de la financiación autonómica, después de una etapa en la que no había recursos ni ingresos. Y puede ser un buen momento para hablar, si hay acuerdo y consenso, sobre si es bueno hacer una reforma de la Constitución”, ha asegurado Rajoy en su tierra.

El presidente del Gobierno, además, no considera necesario trabajar en una hoja de ruta propia teniendo la del Ejecutivo socialista de Zapatero, que en 2006 presentó al Consejo de Estado una propuesta sobre la reforma de cuatro aspectos de la Carta Magna. El "buen informe" que hizo el Consejo de Estado en 2006 en respuesta a Zapatero puede ser la base sobre la que iniciar los trabajos de forma "serena" y "tranquila", ha argumentado el presidente del Gobierno en Galicia.

La voz del presidente Herrera

La insistente presión del resto de partidos (todos abogan por un cambio constitucional) y de dirigentes del PP tan autorizados como el presidente del Castilla y León, Juan Vicente Herrera, apostando desde hace tiempo por la reforma constitucional, han dado a Rajoy el impulso necesario para vencer su innata resistencia a los cambios y claudicar, eso sí, adaptando el discurso de cambios a la ideología conservadora del Partido Popular (revisión centralizadora de competencias autonómicas), a mes y medio de las elecciones catalanas planteadas como plebiscito independentista y a cinco meses, como máximo, de unas generales. Lo que se dice en el último momento.

Juan Carlos, Felipe y Leonor EFE

El informe del Consejo de Estado de 2006, que Rajoy toma como referencia, propone la eliminación de la discriminación de la mujer en el capítulo referido a la sucesión de la Corona. En la foto, la princesa Leonor, heredera del reinado de su padre en primera línea según la Constitución,  salvo que los reyes tuvieran un varón. EFE

Pero, ¿qué propone el informe del Consejo de Estado de 2006 respondiendo al análisis de Zapatero sobre la reforma de la Carta Magna? Nada que no fuera más arriesgado que la precipitada reforma de agosto de 2011 sobre el tope del déficit: eliminación de la discriminación de la mujer en el capítulo referido a la sucesión de la Corona; inclusión de las 17 comunidades autónomas y de las dos ciudades ídem; adopción de fórmulas para una reforma del Senado que dote a esta Cámara de mayor representación territorial (Rajoy propone, asimismo, menos parlamentarios en la institución), y abordaje de los cambios necesarios para plasmar la voluntad de España de participar en la construcción europea.

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