El Consejo de Ministros aprueba este martes la denominada ley de familias, una norma impulsada por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 y una de las principales apuestas legislativas de Unidas Podemos y de la ministra del ramo, Ione Belarra.

La ley verá la luz con casi un mes de retraso respecto al compromiso adquirido entre el PSOE y el espacio confederal. La propuesta se trabajó durante muchos meses en Derechos Sociales, pero los de Pedro Sánchez no se comprometieron de manera firme con su aprobación hasta la negociación de los Presupuestos Generales de 2023 que se dio en el seno del Ejecutivo entre septiembre y octubre.

En este último mes, ambos socios cerraron un pacto sobre las cuentas en el que entraba, entre otros elementos, la aprobación de la ley de familias antes de que finalizara octubre; sin embargo, ministerios como el de Inclusión y Seguridad Social o el de Hacienda pidieron realizar una serie de modificaciones en el texto que ya habían pactado Unidas Podemos y el PSOE.

Esto terminó por retrasar la norma hasta la pasada semana, cuando Belarra cerró un acuerdo definitivo con el ala socialista del Gobierno para llevarla al Consejo de Ministros de este martes. Finalmente, los cambios introducidos en la norma no afectaron a sus ejes fundamentales, y entre sus contenidos más relevantes están los siguientes.

Despliegue de una renta por crianza de 100 euros al mes para las madres (y los padres en familias monoparentales) con hijos o hijas menores de tres años que estén o hayan estado en la Seguridad Social o mutualidad durante 30 días o hayan recibido una prestación (contributiva o asistencial) del sistema de protección del desempleo (es decir, si han cotizado o si han cobrado el paro en los 30 días anteriores al nacimiento del hijo o hija). La cuantía se abonará por descendiente menor de tres años hasta que alcance dicha edad.

Extensión de la condición de familia numerosa a las familias monomarentales con dos hijos; las familias con dos hijos donde un ascendiente o descendiente tenga discapacidad; y las familias con dos hijos encabezadas por una víctima de violencia de género o por un cónyuge que haya obtenido la guardia y custodia exclusiva sin derecho a pensión de alimentos.

Dos nuevos permisos

Puesta en marcha de dos permisos por cuidados además de los permisos de maternidad o paternidad, que se quedan como están a pesar de la intención de Unidas Podemos de aumentarlos durante la negociación presupuestaria. El primero se trata de un permiso de cinco días al año remunerados para el cuidado de familiares (hasta segundo grado) o convivientes. Servirá, por ejemplo, para quedarse en casa para cuidar de hijos, de personas mayores o acompañar al médico a un familiar.

En el texto pactado por el PSOE y Unidas Podemos en octubre, este permiso era de siete días, pero los socialistas pidieron una rebaja y, finalmente, se queda en cinco. El otro permiso es de ocho semanas al año hasta que el niño cumpla los ocho años, en este caso, no remunerado. Durante ese plazo, este permiso podrá disfrutarse de forma continua o discontinua.

Además de la rebaja de siete a cinco días al año del permiso remunerado para el cuidado de familiares, la ley finalmente tampoco recogerá una de las propuestas de Unidas Podemos: la ampliación del permiso de paternidad o maternidad a ocho semanas en el caso de las familias monoparentales. En la actualidad, el permiso es de cuatro semanas para cada progenitor, y el objetivo de Derechos Sociales era el de aumentarlo a ocho semanas en el caso de las madres de familias con un solo progenitor.

El PSOE rechazó esta propuesta porque, a su juicio, estas mujeres podían verse perjudicadas y marginadas en el mercado laboral por disfrutar de permisos más largos. Los de Belarra pusieron sobre la mesa la posibilidad de que estas madres pudieran ceder parte de sus permisos a familiares hasta de segundo grado (para poder reincorporarse al trabajo mientras garantizaban el cuidado de sus hijos), pero finalmente la ampliación de este permiso se ha descolgado de la ley.

Otra de las medidas recogidas en el texto final es la prohibición de que padres o tutores impidan el acceso a contenidos sobre diversidad familiar a través del conocido como PIN parental en los centros educativos.